BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 2 de marzo de 2023

Sec. I. Pág. 31267

reparación moral y recuperación de la memoria personal y colectiva de las
víctimas que facilite el derecho a la verdad recogido en esta ley.
El responsable del tratamiento será el órgano competente en materia de
memoria, que garantizará la aplicación de las medidas de seguridad preceptivas,
teniendo en cuenta que estos tratamientos serán realizados por administraciones
públicas obligadas al cumplimiento del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
administración electrónica.
Los datos del censo serán de acceso público respecto de aquellas víctimas
que expresen su consentimiento. En caso de defunción, declaración de defunción
o desaparición se ponderará la existencia de oposición por cualquier de sus
descendientes directos hasta el tercer grado.
La base jurídica del tratamiento es el interés público con fines de archivo, de
investigación científica o histórica y con fines estadísticos, así como de gestión de
las políticas públicas de memoria democrática para el reconocimiento de las
víctimas y la garantía de la efectividad de los principios de verdad, justicia,
reparación y no repetición.
En el caso de las investigaciones científicas e históricas y de los datos
personales de autoridades y funcionarios públicos relacionados con el ejercicio de
sus funciones que revisten un claro interés público, la publicación de estos datos
no será contraria a la normativa de protección de datos de carácter personal.
Minimización de datos: Los datos recogidos se limitarán a los propiamente
identificativos, a la represión sufrida, de la defunción o desaparición de acuerdo
con el artículo 5.2 de esta ley y las normas reglamentarias de desarrollo, así como,
de ser posible, el lugar y la fecha en que ocurrieron los hechos, ponderándose que
no se imposibilite u obstaculice gravemente el logro de los finos científicos.
Los datos de las personas y entidades que, en su caso, suministren datos se
limitarán a su nombre o denominación y contacto.
Fuentes y exactitud de los datos: Los datos personales serán incorporados al
censo de oficio o a instancia de las víctimas, sus familiares o las entidades
memorialistas, y se recaudarán de archivos, de bases de datos documentales y
obras de referencia especializadas suministrados por las diferentes
administraciones públicas y por los organismos y entidades del sector público
institucional, víctimas, asociaciones memorialistas, grupos de investigación
universitarios y cualquier otra fuente, nacional o internacional, que cuente con
información relevante para este.
El responsable del tratamiento garantizará la exactitud de los datos tanto por la
fuente de procedencia, en virtud de lo que se establece en la normativa de
aplicación al patrimonio documental, como por aplicación, para los facilitados por
otras fuentes, de un proceso de verificación historiográfica.
Transparencia: En virtud de la referida procedencia de los datos obtenidos, las
obligaciones de información a los interesados al efecto de lo dispuesto en el
artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, se ajustarán a que la misma sea conocida por el
interesado cuando hubiera sido facilitada por este.
Cuando la información no se hubiera obtenido de los interesados se informará
en los términos del artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que la
comunicación de esta información resulte imposible o suponga un esfuerzo
desproporcionado, para referirse a tratamientos con fines de investigación
histórica o estadísticos, y en este caso se adoptarán las medidas adecuadas para
hacerla pública, y específicamente en la página web del órgano competente se
realizará la publicación o las maneras de acceder a esa información.
Conservación y seguridad de los datos: En virtud de la finalidad del
tratamiento, la conservación de los datos será indefinida, conforme a la Ley de

cve: BOE-A-2023-5482
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