BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 21 de febrero de 2023

Sec. I. Pág. 26101

España, con su política de cooperación, tiene el objetivo de asegurar a las mujeres,
adolescentes y niñas el acceso libre e igualitario a los servicios sociales básicos, tales
como la educación y la salud, de favorecer su inserción profesional, el acceso a medios
de vida y empleos decentes. La cooperación española velará por su protección frente a
todas las formas de violencia, en particular la mutilación genital femenina. En los
contextos humanitarios, España velará por la protección a las mujeres, adolescentes y
niñas frente a la violencia sexual y la violencia por razón de género. Asimismo, esta ley
promueve la participación efectiva de las mujeres, adolescentes y niñas en los espacios
de decisión económicos, políticos y sociales, así como su participación en las
operaciones de mantenimiento de la paz y de los procesos de paz.
Sumado a lo anterior, esta ley sitúa como objetivo ineludible afianzar los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, las niñas y las adolescentes como parte
fundamental de los derechos humanos, tanto desde la perspectiva de la salud pública
universal, como principio per se en defensa de la igualdad de género y el respeto a la
diversidad.
El respeto a la diversidad sexual es otra prioridad indispensable de la cooperación
española. Esta ley promueve la protección y defensa de los derechos de las personas
LGTBI, un colectivo expuesto a discriminación, pobreza, exclusión y criminalización en
muchos países. La cooperación española trabajará para eliminar la criminalización de la
homosexualidad en todo el mundo.
En el balance de la cooperación para el desarrollo española hay activos que deben
ser preservados y potenciados en cuanto a capacidades, experiencia, conocimiento,
presencia y alianzas, y aspectos que mejorar, incluido un mayor apoyo político y
financiero, una apuesta por un mayor sentido de «sistema» que propicie la concertación
y colaboración de actores, instituciones e instrumentos y mejoras en el marco regulatorio
en línea con una mayor desburocratización y dotación de recursos técnicos y humanos.
De ahí la necesidad de su reforma y fortalecimiento y, en particular, la adopción de una
nueva ley que actualice sus principios, objetivos, objeto, instrumentos y marco
institucional, y le permita responder mejor a los cambios en la agenda del desarrollo
sostenible global.
En primer lugar, la cooperación para el desarrollo sostenible y la erradicación de la
pobreza global son ya una política pública asentada y elemento transversal del conjunto
de la acción exterior y de la política exterior española. Cuenta con sus propios objetivos,
alineados con la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea,
iberoamericana y de los principales organismos multilaterales, a cuyo diseño e
implementación España también contribuye activamente, como expresión de los valores,
identidad y responsabilidad de España en el plano internacional. En buena medida, ese
hecho expresa el éxito de la Ley 23/1998, de 7 de julio, y del consenso social y político
que la ha acompañado.
En segundo lugar, España ha ido desplegando un sistema institucional amplio y
diversificado, con distintos actores e instrumentos adaptados a una agenda de desarrollo
compleja y diversa, y es partícipe activa de alianzas e iniciativas multilaterales
innovadoras. Con ello, también se ha promovido la acción de las Administraciones
públicas en la cooperación internacional para el desarrollo. Ese sistema expresa también
el modelo territorial y de gobernanza de España, y el importante papel de las
comunidades autónomas y los entes locales en el ámbito de la cooperación. El papel
relevante de las comunidades autónomas y los entes locales radica en su trayectoria y
su capacidad de generar alianzas, de movilizar a los actores, de promover la
participación social en sus respectivos territorios, en las capacidades económicas y
sociales, en el conocimiento experto presente en sus respectivos territorios, así como en
el de las propias administraciones en las áreas de política pública en las que gozan de
competencias y capacidades. Ello representa un activo del sistema en tanto que le
otorga un carácter más plural, descentralizado y abierto a la participación de los
diferentes territorios y la sociedad. A ello se suma la activa participación de
universidades, sindicatos y otras entidades. Esa pluralidad de actores y visiones es sin

cve: BOE-A-2023-4512
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Núm. 44