I. Disposiciones generales. COMUNITAT VALENCIANA. Cambio climático. (BOE-A-2023-4378)
Ley 6/2022, de 5 de diciembre, del Cambio Climático y la Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 20 de febrero de 2023
Sec. I. Pág. 25150
adaptación a los impactos del cambio climático que actualmente ya se están apreciando.
La acción en materia de cambio climático es una política necesariamente transversal que
requiere de la acción concertada de todas las administraciones, agentes sociales y
económicos, así como de la propia ciudadanía, y desde todas las esferas: local, regional
y global.
El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC en sus siglas
en inglés) en su informe especial de 2018, relativo a los impactos del calentamiento
global de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias de GEI para
limitar este calentamiento, observa con preocupación la evolución del cambio climático y
alerta sobre la necesidad de intensificar el ritmo actual de descarbonización de nuestra
economía. Así mismo, en su informe examinado en la 50.ª reunión del IPCC celebrada
en agosto de 2019 destacan que las reducciones rápidas de las emisiones antrópicas de
GEI en todos los sectores, siguiendo trayectorias de mitigación ambiciosas, reducen los
impactos negativos del cambio climático en los ecosistemas terrestres y los sistemas
alimentarios.
La dimensión global del problema no puede llevarnos a aceptarlo como una
consecuencia inevitable de la naturaleza humana o del progreso tecnológico: es posible
concebir modelos económicos de sociedad alternativos que, a través de las reformas
políticas y de la debida reorientación de las actividades económicas, los usos de la
tecnología y del desarrollo científico, reduzcan la huella ecológica y las emisiones de GEI
a niveles asimilables para evitar un desequilibrio climático, de forma que se consiga una
resiliencia que nos permita afrontar los efectos del cambio climático ya en curso y al
mismo tiempo se puedan aumentar los niveles de prosperidad y justicia social de nuestra
sociedad.
La puesta en marcha de políticas efectivas de lucha contra el cambio climático, más
allá de una dimensión puramente ambiental, es además una cuestión de justicia social,
puesto que, en ausencia de medidas adecuadas y estratégicamente orientadas, el
cambio climático conducirá a un agravamiento de las desigualdades sociales y un mayor
perjuicio a los sectores más vulnerables. En este sentido, es evidente que existen
diferencias sustanciales entre los colectivos sociales más responsables del cambio
climático –ya sea por su mayor consumo o por recibir un beneficio directo de aquellas
actividades económicas que más emisiones producen– y aquellos que sufren o sufrirán
las peores consecuencias de este. De igual manera, los efectos del cambio climático que
han empezado a manifestarse en nuestro entorno inmediato, como por ejemplo
inundaciones, sequías u olas de calor, afectan a menudo y con mayor crudeza a los
sectores sociales más desfavorecidos, que además disponen de menores recursos para
asegurarse contra acontecimientos extremos, recuperarse de las pérdidas económicas
sufridas o emprender por su cuenta medidas de adaptación.
Tampoco puede obviarse que el cambio climático tiene un impacto de género directo:
las mujeres, en todo el mundo, hacen frente a mayores riesgos y sufren sus efectos con
mayor fuerza. Por un lado, la pobreza general y la vulnerabilidad asociada afectan en
mayor grado a las mujeres y, por otro, son ellas las que mayoritariamente se encargan
de las labores de cuidado y subsistencia. En nuestras sociedades, el género es un
elemento fundamental a la hora de analizar el acceso a la energía. Según un informe
de 2017 del Parlamento Europeo [«Gender perspective on access to energy in the EU»,
European Parliament, 2017], las mujeres son más vulnerables a la pobreza energética
que los hombres.
Así mismo, el cambio climático tiene un impacto específico en la juventud. El
colectivo de personas jóvenes es considerado más vulnerable a la pobreza (también
energética) que otros grupos de edad. Así lo avala el informe AROPE 2018 (At Risk Of
Poverty and Exclusion), elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, que acredita que un 38,8% de la juventud valenciana se encuentra en
riesgo de exclusión social o pobreza.
Por todo ello, los gobiernos tienen que tomar medidas para proteger a toda la
población de los efectos del cambio climático, y hacerlo bajo el principio fundamental de
cve: BOE-A-2023-4378
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 43
Lunes 20 de febrero de 2023
Sec. I. Pág. 25150
adaptación a los impactos del cambio climático que actualmente ya se están apreciando.
La acción en materia de cambio climático es una política necesariamente transversal que
requiere de la acción concertada de todas las administraciones, agentes sociales y
económicos, así como de la propia ciudadanía, y desde todas las esferas: local, regional
y global.
El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC en sus siglas
en inglés) en su informe especial de 2018, relativo a los impactos del calentamiento
global de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias de GEI para
limitar este calentamiento, observa con preocupación la evolución del cambio climático y
alerta sobre la necesidad de intensificar el ritmo actual de descarbonización de nuestra
economía. Así mismo, en su informe examinado en la 50.ª reunión del IPCC celebrada
en agosto de 2019 destacan que las reducciones rápidas de las emisiones antrópicas de
GEI en todos los sectores, siguiendo trayectorias de mitigación ambiciosas, reducen los
impactos negativos del cambio climático en los ecosistemas terrestres y los sistemas
alimentarios.
La dimensión global del problema no puede llevarnos a aceptarlo como una
consecuencia inevitable de la naturaleza humana o del progreso tecnológico: es posible
concebir modelos económicos de sociedad alternativos que, a través de las reformas
políticas y de la debida reorientación de las actividades económicas, los usos de la
tecnología y del desarrollo científico, reduzcan la huella ecológica y las emisiones de GEI
a niveles asimilables para evitar un desequilibrio climático, de forma que se consiga una
resiliencia que nos permita afrontar los efectos del cambio climático ya en curso y al
mismo tiempo se puedan aumentar los niveles de prosperidad y justicia social de nuestra
sociedad.
La puesta en marcha de políticas efectivas de lucha contra el cambio climático, más
allá de una dimensión puramente ambiental, es además una cuestión de justicia social,
puesto que, en ausencia de medidas adecuadas y estratégicamente orientadas, el
cambio climático conducirá a un agravamiento de las desigualdades sociales y un mayor
perjuicio a los sectores más vulnerables. En este sentido, es evidente que existen
diferencias sustanciales entre los colectivos sociales más responsables del cambio
climático –ya sea por su mayor consumo o por recibir un beneficio directo de aquellas
actividades económicas que más emisiones producen– y aquellos que sufren o sufrirán
las peores consecuencias de este. De igual manera, los efectos del cambio climático que
han empezado a manifestarse en nuestro entorno inmediato, como por ejemplo
inundaciones, sequías u olas de calor, afectan a menudo y con mayor crudeza a los
sectores sociales más desfavorecidos, que además disponen de menores recursos para
asegurarse contra acontecimientos extremos, recuperarse de las pérdidas económicas
sufridas o emprender por su cuenta medidas de adaptación.
Tampoco puede obviarse que el cambio climático tiene un impacto de género directo:
las mujeres, en todo el mundo, hacen frente a mayores riesgos y sufren sus efectos con
mayor fuerza. Por un lado, la pobreza general y la vulnerabilidad asociada afectan en
mayor grado a las mujeres y, por otro, son ellas las que mayoritariamente se encargan
de las labores de cuidado y subsistencia. En nuestras sociedades, el género es un
elemento fundamental a la hora de analizar el acceso a la energía. Según un informe
de 2017 del Parlamento Europeo [«Gender perspective on access to energy in the EU»,
European Parliament, 2017], las mujeres son más vulnerables a la pobreza energética
que los hombres.
Así mismo, el cambio climático tiene un impacto específico en la juventud. El
colectivo de personas jóvenes es considerado más vulnerable a la pobreza (también
energética) que otros grupos de edad. Así lo avala el informe AROPE 2018 (At Risk Of
Poverty and Exclusion), elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, que acredita que un 38,8% de la juventud valenciana se encuentra en
riesgo de exclusión social o pobreza.
Por todo ello, los gobiernos tienen que tomar medidas para proteger a toda la
población de los efectos del cambio climático, y hacerlo bajo el principio fundamental de
cve: BOE-A-2023-4378
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 43
