I. Disposiciones generales. COMUNITAT VALENCIANA. Residuos. (BOE-A-2023-3348)
Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 9 de febrero de 2023
Sec. I. Pág. 18719
Así mismo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2018, sobre
política de cohesión y economía circular, y la Resolución del Parlamento Europeo, de 31
de mayo de 2018, sobre la aplicación de la directiva sobre diseño ecológico, son claras
directrices sobre objetivos de economía circular que la Unión Europea marca a los
estados miembro como medidas urgentes y necesarias para la recuperación
medioambiental y para garantizar un futuro sostenible de la sociedad europea en el
contexto de la lucha contra el cambio climático, el cual requiere políticas globales y
transversales urgentes.
Posteriormente, y en la misma línea, las instituciones de la Unión Europea aprobaron
la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,
relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio
ambiente.
Desde la entrada en vigor de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos y
suelos contaminados de la Comunitat Valenciana, también se han sucedido novedades
normativas en el ordenamiento jurídico español. Destacan, por su relevancia, la
Ley 20/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, mediante la cual se
traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/98/CE y se establece la
legislación estatal básica en estas materias, y más recientemente, el Real
decreto 646/2020, de 7 de julio, sobre la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero, que traspone la Directiva 2018/850. Así mismo, en 2016 el gobierno español
aprobó el Plan estatal marco de residuos 2016-2022, mediante el cual se establecen los
objetivos operativos de cumplimiento de la Ley 20/2011 y se establece la estructura de
los planes autonómicos en materia de residuos y la contribución de las comunidades
autónomas al logro de los objetivos estatales en materia de residuos. Más
recientemente, en junio de 2020, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Estrategia
española sobre economía circular, España Circular 2030. Finalmente, la aprobación de la
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, completa el marco normativo básico en cuanto a la materia que es objeto de
esta ley.
También hay que mencionar los recientes desarrollos legislativos autonómicos en
esta materia realizados en las Islas Baleares, con la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de
residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares, y en la Comunidad Foral de
Navarra, con la Ley 14/2018, de residuos y su fiscalidad, de Navarra.
En este sentido, esta legislación autonómica proporciona un referente de seguridad
jurídica a los preceptos regulados en esta ley, dado que la Ley 14/2018, de residuos y su
fiscalidad, de Navarra, fue recurrida, en parte, por el Gobierno de España ante el
Tribunal Constitucional. Actualmente se dispone de la Sentencia 100/2020, de 22 de julio
de 2020, del Tribunal Constitucional, que da la razón al Gobierno de Navarra en relación
con la norma aprobada. A este respecto, hay que indicar que no se recurrieron por
inconstitucionales, por el Gobierno de España, los mecanismos previstos en la ley
navarra de implantación de medidas complementarias en materia de gestión de envases
ligeros.
Aun así, no consta recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2019, de 19 de
febrero, de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares, por parte del Gobierno
de España, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional 100/2020, de 22 de julio,
en relación con la mencionada ley de residuos de Navarra. Sobre todo en todo lo relativo
a los objetivos de reutilización de envases y sobre la posible implantación de sistemas
adicionales y complementarios de recogidas selectivas de envases desechables
respecto de los actuales sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor
de envases ligeros (SCRAP).
Constan varias sentencias recientes del Tribunal Supremo en relación con la
competencia estatal en materia de regulación de la responsabilidad ampliada del
productor. Por lo tanto, a este respecto, se regula solo la necesaria reducción de
rechazos de residuos a vertedero de residuos domésticos, competencia claramente local
y autonómica en la Comunitat Valenciana, que hay que lograr con un nivel de eficiencia
cve: BOE-A-2023-3348
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 34
Jueves 9 de febrero de 2023
Sec. I. Pág. 18719
Así mismo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2018, sobre
política de cohesión y economía circular, y la Resolución del Parlamento Europeo, de 31
de mayo de 2018, sobre la aplicación de la directiva sobre diseño ecológico, son claras
directrices sobre objetivos de economía circular que la Unión Europea marca a los
estados miembro como medidas urgentes y necesarias para la recuperación
medioambiental y para garantizar un futuro sostenible de la sociedad europea en el
contexto de la lucha contra el cambio climático, el cual requiere políticas globales y
transversales urgentes.
Posteriormente, y en la misma línea, las instituciones de la Unión Europea aprobaron
la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,
relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio
ambiente.
Desde la entrada en vigor de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos y
suelos contaminados de la Comunitat Valenciana, también se han sucedido novedades
normativas en el ordenamiento jurídico español. Destacan, por su relevancia, la
Ley 20/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, mediante la cual se
traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/98/CE y se establece la
legislación estatal básica en estas materias, y más recientemente, el Real
decreto 646/2020, de 7 de julio, sobre la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero, que traspone la Directiva 2018/850. Así mismo, en 2016 el gobierno español
aprobó el Plan estatal marco de residuos 2016-2022, mediante el cual se establecen los
objetivos operativos de cumplimiento de la Ley 20/2011 y se establece la estructura de
los planes autonómicos en materia de residuos y la contribución de las comunidades
autónomas al logro de los objetivos estatales en materia de residuos. Más
recientemente, en junio de 2020, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Estrategia
española sobre economía circular, España Circular 2030. Finalmente, la aprobación de la
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, completa el marco normativo básico en cuanto a la materia que es objeto de
esta ley.
También hay que mencionar los recientes desarrollos legislativos autonómicos en
esta materia realizados en las Islas Baleares, con la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de
residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares, y en la Comunidad Foral de
Navarra, con la Ley 14/2018, de residuos y su fiscalidad, de Navarra.
En este sentido, esta legislación autonómica proporciona un referente de seguridad
jurídica a los preceptos regulados en esta ley, dado que la Ley 14/2018, de residuos y su
fiscalidad, de Navarra, fue recurrida, en parte, por el Gobierno de España ante el
Tribunal Constitucional. Actualmente se dispone de la Sentencia 100/2020, de 22 de julio
de 2020, del Tribunal Constitucional, que da la razón al Gobierno de Navarra en relación
con la norma aprobada. A este respecto, hay que indicar que no se recurrieron por
inconstitucionales, por el Gobierno de España, los mecanismos previstos en la ley
navarra de implantación de medidas complementarias en materia de gestión de envases
ligeros.
Aun así, no consta recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2019, de 19 de
febrero, de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares, por parte del Gobierno
de España, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional 100/2020, de 22 de julio,
en relación con la mencionada ley de residuos de Navarra. Sobre todo en todo lo relativo
a los objetivos de reutilización de envases y sobre la posible implantación de sistemas
adicionales y complementarios de recogidas selectivas de envases desechables
respecto de los actuales sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor
de envases ligeros (SCRAP).
Constan varias sentencias recientes del Tribunal Supremo en relación con la
competencia estatal en materia de regulación de la responsabilidad ampliada del
productor. Por lo tanto, a este respecto, se regula solo la necesaria reducción de
rechazos de residuos a vertedero de residuos domésticos, competencia claramente local
y autonómica en la Comunitat Valenciana, que hay que lograr con un nivel de eficiencia
cve: BOE-A-2023-3348
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Núm. 34
