I. Disposiciones generales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. Medio ambiente. (BOE-A-2023-2941)
Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 4 de febrero de 2023
Sec. I. Pág. 16185
alteran la biodiversidad marina y terrestre de Canarias, afectando a sectores primarios
como la agricultura, la pesca e incluso la salud de las personas.
La agricultura se está viendo especialmente afectada por el aumento e intensidad de
las sequías, así como por episodios de temperaturas extremas, la escasez de agua de
riego de calidad o la aparición de nuevas plagas propias de zonas tropicales. Es posible
que la tropicalización de nuestro clima perjudique a cultivos tradicionales canarios en
favor de otros de corte tropical.
En este contexto, Canarias protagoniza un escenario especialmente relevante sobre
el que es urgente intervenir por dos motivos esenciales: a) los impactos del
calentamiento global, que afectan y afectarán gravemente a los territorios insulares y
costeros de todo el planeta y, b), el elevado nivel de emisiones de gases de efecto
invernadero (en adelante GEI) registradas en el archipiélago.
El conocimiento científico nos proporciona hechos probados y modelos explicativos y
gracias a ellos sabemos con claridad hacia dónde debemos orientar nuestras acciones y
qué cambios debemos introducir en las políticas públicas y en los comportamientos
privados.
El cambio climático, concebido como el proceso en el que se produce un cambio de
clima debido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de
la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante
períodos de tiempo siempre comparables, se pretende mitigar por medio de la acción
climática, entendida como cualquier política, plan, programa o medida cuya intención sea
reducir los gases de efecto invernadero, construir y generar resiliencia y adaptación al
cambio climático, y financiados esos objetivos mediante un sistema de gobernanza
climática.
Para tratar de reducir un calentamiento global descontrolado y limitar sus efectos, es
imperativo promover cuantos esfuerzos sean necesarios para disminuir las emisiones
de CO2 y GEI. Sin embargo, las acciones impulsadas por la comunidad internacional
para rebajar efectivamente las causas antropogénicas de esta amenaza no son
suficientes. Los compromisos de reducción de emisiones de GEI adquiridos por los
países que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático no son vinculantes y, de continuar en este estadio de emisiones, la mayoría de
los países del mundo no podrán cumplir los protocolos del Acuerdo de París 2015
(«Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático», COP21) para evitar que la temperatura del planeta no supere
los 2 °C en 2100.
El IPCC, en su informe publicado en otoño del 2018, señala que aún es posible
alcanzar el objetivo marcado si administraciones públicas, sectores productivos,
comunidades científicas y población civil emprenden acciones coordinadas y efectivas.
Las emisiones de GEI en la Unión Europea se redujeron un 21,9 % en veintisiete
años, entre 1990 y 2017, mientras las de España, en ese mismo periodo, aumentaron
un 17,9 %. Esta ratio se incrementó un 10 % de 2016 a 2017.
Creemos que todos los gobiernos, nacionales, regionales y locales, tienen el deber
de reconocer la gravedad de esta amenaza y adoptar compromisos vinculantes y
efectivos para reducir sus causas e impactos. Este no es un problema meramente
tecnológico o ambiental, sino de orden político que afecta de manera transversal a todos
los sectores de la sociedad y a las generaciones futuras, conforme reconoce la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras (La
Laguna, 25 y 26 de febrero de 1994).
En este sentido, Canarias está convencida de la realidad de la crisis climática y
asume la gravedad de la situación. Por eso considera que admitir las evidencias
científicas, así como el camino de la reducción de las emisiones propuesto es la única
forma de proteger la existencia de un futuro para nuestras islas. La ciudadanía debe
entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y las administraciones públicas
canarias tienen que desempeñar un papel clave en la formación, educación e
información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una vital adaptación a las
cve: BOE-A-2023-2941
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Núm. 30
Sábado 4 de febrero de 2023
Sec. I. Pág. 16185
alteran la biodiversidad marina y terrestre de Canarias, afectando a sectores primarios
como la agricultura, la pesca e incluso la salud de las personas.
La agricultura se está viendo especialmente afectada por el aumento e intensidad de
las sequías, así como por episodios de temperaturas extremas, la escasez de agua de
riego de calidad o la aparición de nuevas plagas propias de zonas tropicales. Es posible
que la tropicalización de nuestro clima perjudique a cultivos tradicionales canarios en
favor de otros de corte tropical.
En este contexto, Canarias protagoniza un escenario especialmente relevante sobre
el que es urgente intervenir por dos motivos esenciales: a) los impactos del
calentamiento global, que afectan y afectarán gravemente a los territorios insulares y
costeros de todo el planeta y, b), el elevado nivel de emisiones de gases de efecto
invernadero (en adelante GEI) registradas en el archipiélago.
El conocimiento científico nos proporciona hechos probados y modelos explicativos y
gracias a ellos sabemos con claridad hacia dónde debemos orientar nuestras acciones y
qué cambios debemos introducir en las políticas públicas y en los comportamientos
privados.
El cambio climático, concebido como el proceso en el que se produce un cambio de
clima debido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de
la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante
períodos de tiempo siempre comparables, se pretende mitigar por medio de la acción
climática, entendida como cualquier política, plan, programa o medida cuya intención sea
reducir los gases de efecto invernadero, construir y generar resiliencia y adaptación al
cambio climático, y financiados esos objetivos mediante un sistema de gobernanza
climática.
Para tratar de reducir un calentamiento global descontrolado y limitar sus efectos, es
imperativo promover cuantos esfuerzos sean necesarios para disminuir las emisiones
de CO2 y GEI. Sin embargo, las acciones impulsadas por la comunidad internacional
para rebajar efectivamente las causas antropogénicas de esta amenaza no son
suficientes. Los compromisos de reducción de emisiones de GEI adquiridos por los
países que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático no son vinculantes y, de continuar en este estadio de emisiones, la mayoría de
los países del mundo no podrán cumplir los protocolos del Acuerdo de París 2015
(«Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático», COP21) para evitar que la temperatura del planeta no supere
los 2 °C en 2100.
El IPCC, en su informe publicado en otoño del 2018, señala que aún es posible
alcanzar el objetivo marcado si administraciones públicas, sectores productivos,
comunidades científicas y población civil emprenden acciones coordinadas y efectivas.
Las emisiones de GEI en la Unión Europea se redujeron un 21,9 % en veintisiete
años, entre 1990 y 2017, mientras las de España, en ese mismo periodo, aumentaron
un 17,9 %. Esta ratio se incrementó un 10 % de 2016 a 2017.
Creemos que todos los gobiernos, nacionales, regionales y locales, tienen el deber
de reconocer la gravedad de esta amenaza y adoptar compromisos vinculantes y
efectivos para reducir sus causas e impactos. Este no es un problema meramente
tecnológico o ambiental, sino de orden político que afecta de manera transversal a todos
los sectores de la sociedad y a las generaciones futuras, conforme reconoce la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras (La
Laguna, 25 y 26 de febrero de 1994).
En este sentido, Canarias está convencida de la realidad de la crisis climática y
asume la gravedad de la situación. Por eso considera que admitir las evidencias
científicas, así como el camino de la reducción de las emisiones propuesto es la única
forma de proteger la existencia de un futuro para nuestras islas. La ciudadanía debe
entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y las administraciones públicas
canarias tienen que desempeñar un papel clave en la formación, educación e
información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una vital adaptación a las
cve: BOE-A-2023-2941
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Núm. 30