I. Disposiciones generales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. Medio ambiente. (BOE-A-2023-2941)
Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 4 de febrero de 2023
Sec. I. Pág. 16188
Autonomía del archipiélago, aprobado en virtud de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de
noviembre, refleja la preocupación por el cambio climático incluyendo entre los principios
rectores que deben dirigir la actuación de los poderes públicos, la protección efectiva de los
recursos naturales estratégicos básicos de Canarias, especialmente el agua y los recursos
energéticos, asegurando su control público por las administraciones canarias; la
preservación y mejora de la calidad medioambiental y la biodiversidad del archipiélago
como patrimonio común para mitigar los efectos del cambio climático; y el ahorro energético
y la promoción de las energías renovables, en especial en lo que se refiere a la política de
transportes y comunicaciones, como expresamente establecen los apartados 14, 15 y 16
del artículo 37. Además, desde la perspectiva de las competencias autonómicas en materia
de medio ambiente, el artículo 153.1 ñ) del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC)
señala que corresponde a la comunidad autónoma la competencia de desarrollo legislativo
y de ejecución de la legislación estatal en materia de medio ambiente, que comprende, en
todo caso, las medidas que, en el ámbito de sus competencias, puedan adoptarse para la
lucha contra el cambio climático. Además incide, para preceptos concretos, en otros títulos
competenciales, como pueden ser los de transportes (artículo 160 EAC), turismo
(artículo 129 EAC), agricultura y ganadería (artículo 130 EAC), industria (artículo 124 EAC),
comercio (artículo 126 EAC), recursos hídricos (artículo 152 EAC), ordenación del litoral
(artículo 157 EAC), urbanismo y vivienda (artículo 158 EAC), montes y gestión forestal
(artículo 130 EAC), salud (artículo 141 EAC), servicios sociales (artículo 142 EAC),
emergencias y protección civil (artículo 149 EAC), educación (artículo 133 EAC),
investigación (artículo 135 EAC), energía (artículo 163 EAC) y economía (artículo 165 y ss.),
que Canarias ha de ejercer con respecto a la competencia estatal para establecer las bases
y llevar a cabo la coordinación de la planificación general de la actividad económica
(artículo 149.1.13.ª CE), así como para determinar las bases del régimen energético
(artículo 149.1.25.ª CE) y por último la competencia exclusiva para establecer la
organización y el régimen de funcionamiento de su Administración, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 149.1.18.ª CE (artículo 104 EAC).
Esta ley recoge y se inspira en la doctrina emanada de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el Protocolo de Kioto de 1997, el
Acuerdo de París de 2015 ratificado por la Unión Europea en octubre de 2016 y por
España, publicado en el BOE n.º 28, de 2 de febrero de 2017, todo el acervo de normas y
declaraciones de la Unión Europea sobre acción por el clima y transición justa, entre las
que han de destacarse los artículos 11 y 191.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea; el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2018, que ha fijado la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción
por el Clima la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las
reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las
inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814; el
Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo
de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto
invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la
acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del
Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013; el
Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril
de 2019, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones
de CO2. de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, y por el
que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º 510/2011; la Directiva (UE)
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables; así como la Directiva (UE)
2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Dentro del marco de
la regulación del mercado interior de la electricidad, la Directiva (UE) 2019/944 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el
cve: BOE-A-2023-2941
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Núm. 30
Sábado 4 de febrero de 2023
Sec. I. Pág. 16188
Autonomía del archipiélago, aprobado en virtud de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de
noviembre, refleja la preocupación por el cambio climático incluyendo entre los principios
rectores que deben dirigir la actuación de los poderes públicos, la protección efectiva de los
recursos naturales estratégicos básicos de Canarias, especialmente el agua y los recursos
energéticos, asegurando su control público por las administraciones canarias; la
preservación y mejora de la calidad medioambiental y la biodiversidad del archipiélago
como patrimonio común para mitigar los efectos del cambio climático; y el ahorro energético
y la promoción de las energías renovables, en especial en lo que se refiere a la política de
transportes y comunicaciones, como expresamente establecen los apartados 14, 15 y 16
del artículo 37. Además, desde la perspectiva de las competencias autonómicas en materia
de medio ambiente, el artículo 153.1 ñ) del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC)
señala que corresponde a la comunidad autónoma la competencia de desarrollo legislativo
y de ejecución de la legislación estatal en materia de medio ambiente, que comprende, en
todo caso, las medidas que, en el ámbito de sus competencias, puedan adoptarse para la
lucha contra el cambio climático. Además incide, para preceptos concretos, en otros títulos
competenciales, como pueden ser los de transportes (artículo 160 EAC), turismo
(artículo 129 EAC), agricultura y ganadería (artículo 130 EAC), industria (artículo 124 EAC),
comercio (artículo 126 EAC), recursos hídricos (artículo 152 EAC), ordenación del litoral
(artículo 157 EAC), urbanismo y vivienda (artículo 158 EAC), montes y gestión forestal
(artículo 130 EAC), salud (artículo 141 EAC), servicios sociales (artículo 142 EAC),
emergencias y protección civil (artículo 149 EAC), educación (artículo 133 EAC),
investigación (artículo 135 EAC), energía (artículo 163 EAC) y economía (artículo 165 y ss.),
que Canarias ha de ejercer con respecto a la competencia estatal para establecer las bases
y llevar a cabo la coordinación de la planificación general de la actividad económica
(artículo 149.1.13.ª CE), así como para determinar las bases del régimen energético
(artículo 149.1.25.ª CE) y por último la competencia exclusiva para establecer la
organización y el régimen de funcionamiento de su Administración, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 149.1.18.ª CE (artículo 104 EAC).
Esta ley recoge y se inspira en la doctrina emanada de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el Protocolo de Kioto de 1997, el
Acuerdo de París de 2015 ratificado por la Unión Europea en octubre de 2016 y por
España, publicado en el BOE n.º 28, de 2 de febrero de 2017, todo el acervo de normas y
declaraciones de la Unión Europea sobre acción por el clima y transición justa, entre las
que han de destacarse los artículos 11 y 191.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea; el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2018, que ha fijado la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción
por el Clima la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las
reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las
inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814; el
Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo
de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto
invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la
acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del
Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013; el
Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril
de 2019, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones
de CO2. de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, y por el
que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º 510/2011; la Directiva (UE)
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables; así como la Directiva (UE)
2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Dentro del marco de
la regulación del mercado interior de la electricidad, la Directiva (UE) 2019/944 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el
cve: BOE-A-2023-2941
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Núm. 30
