BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 19 de enero de 2023

Sec. I. Pág. 7010

ingresos propios y los que se obtienen de los sistemas estatales de protección social– en
situación de pobreza real si no existiera la RGI. Tras su percepción, esas tasas de
pobreza se reducen en un tercio (un 33,3 % la tasa de pobreza real, en el citado año) y,
sobre todo, se reduce drásticamente la intensidad de la pobreza que padecen estas
familias, es decir, la distancia entre los ingresos reales de la población beneficiaria y los
umbrales económicos que definen la pobreza (un 76,2 % la intensidad de la pobreza real
en el mismo periodo considerado).
Por otra parte, la ausencia de efectos adversos en términos de incentivos a la
inactividad. De acuerdo con los estudios realizados, la RGI no retrasa o frena el acceso
al empleo de quienes la perciben y, de hecho, las medidas de activación específicamente
orientadas a este colectivo resultan efectivas para acelerar la transición de la prestación
al empleo.
Efectivamente, los estudios realizados en torno a la RGI indican que, si bien la tasa
mensual media de acceso a un empleo de quienes están percibiendo la RGI es del 3 %,
frente al 9 % del resto de las personas desempleadas, estas diferencias desaparecen
cuando se compara la evolución de personas perceptoras y no perceptoras de la RGI
que tienen las mismas características personales (edad, sexo, formación, duración del
desempleo, cargas familiares, etcétera). Esto es, a igual nivel educativo o duración del
desempleo, la tasa media mensual de salida al empleo es la misma para todas las
personas desempleadas, independientemente de que perciban o no la RGI. En
conclusión, la RGI, además de reducir la pobreza y por tanto favorecer la cohesión
social, no reduce la tasa de salida hacia un empleo.
Los mismos estudios ponen de manifiesto, por otra parte, que la participación en
programas de activación de las personas perceptoras de la RGI incrementa las
posibilidades de acceder a un empleo, teniendo en cuenta sus características
personales. La intervención o política activa que más aumenta la salida hacia un empleo
para el colectivo RGI es, sin duda, la formación. Un individuo que acude a cursos de
formación incrementa su probabilidad de salida en tres puntos porcentuales, lo que
supone duplicar sus posibilidades de empleabilidad.
Puede, por tanto, decirse que el modelo vasco de garantía de ingresos ha sido capaz
de prevenir y contener el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad en Euskadi, sin
comprometer la competitividad y la capacidad de generación de empleo de la economía
vasca y sin generar un efecto adicional de atracción de población en situación de
necesidad. La política de garantía de ingresos ha permitido, en este sentido, que el
proceso de movilidad descendente que ha afectado a Euskadi durante la crisis no se
tradujera en un sustancial incremento de las situaciones más graves de pobreza. Lejos
de haber comprometido el futuro de Euskadi, el sistema vasco de prestaciones es uno de
los factores que explican la mejor posición socioeconómica comparada de la comunidad
vasca y su capacidad para seguir avanzando hacia el bienestar.
En ese sentido, los datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales
(EPDS) ponen de manifiesto que, a pesar del deterioro de la situación socioeconómica
derivada del impacto diferencial de la crisis en los países del sur de Europa, la tasa de
pobreza grave de la Comunidad Autónoma de Euskadi se mantiene en 2020 por debajo
de las correspondientes a la Unión Europea y a los 18 países del euro (6,1 % frente
al 7 % en Europa).
En lo que se refiere a las situaciones de exclusión, el último informe sobre exclusión
y desarrollo social en Euskadi realizado por la fundación Foessa pone de manifiesto que,
en consonancia con su mayor gasto social y sus menores tasas de pobreza, desempleo
y desigualdad, las tasas de exclusión son en Euskadi más bajas que en el conjunto de
España. Efectivamente, Euskadi se ubica, junto a las demás comunidades del centro
norte y la cornisa cantábrica, entre las comunidades con tasas de exclusión más bajas
(56 % frente al 48,4 % de media en España). Además, el porcentaje de población en
situación de integración plena es sensiblemente mayor y, de hecho, la Comunidad
Autónoma de Euskadi es una de las comunidades autónomas que registra tasas más
elevadas de integración plena.

cve: BOE-A-2023-1405
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Núm. 16