I. Disposiciones generales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. Asistencia social. (BOE-A-2023-1405)
Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 19 de enero de 2023
Sec. I. Pág. 7009
familiar del beneficiario, con el fin de ayudar a las familias con ingresos insuficientes y
permitirles que tengan un nivel de vida digno».
Las rentas garantizadas son, pues, una parte esencial del modelo de protección
social europeo y la mayor parte de los países de Europa cuentan con este tipo de
medidas. Si bien no puede decirse que las rentas garantizadas hayan sido capaces de
erradicar por completo el problema de la pobreza y la exclusión social en Europa, es
innegable el impacto positivo que tienen tanto en lo que se refiere a la reducción de la
pobreza –especialmente la severa– como a la mejora de las condiciones de vida de las
familias que las perciben. Además de actuar para muchas personas como última red de
seguridad, y también como trampolín para el empleo y la inclusión social, las rentas
garantizadas tienen un impacto macroeconómico reseñable, pues han contribuido a
paliar los efectos de la crisis, a estabilizar la economía y a generar crecimiento
económico adicional.
Así, más allá del impacto de estas prestaciones sobre la reducción de la pobreza o
de su incidencia como mecanismo anticíclico y estabilizador de la economía, es
importante señalar los efectos positivos que estas prestaciones tienen sobre muchos
otros aspectos relacionados con el bienestar y con la calidad de vida de las personas
beneficiarias. En ese sentido, diversos estudios ponen de manifiesto que existe una
relación directa entre la percepción de estas prestaciones e indicadores de calidad de
vida, relaciones sociales, estado de salud e, incluso, mortalidad.
En ese contexto, el modelo vasco de garantía de ingresos resulta plenamente
coherente con las orientaciones emanadas desde las instituciones europeas y con las
políticas desarrolladas por los principales países de la Unión Europea. Parcialmente
inspirado en las políticas contra la pobreza que se realizaban en países como Francia o
Reino Unido, el sistema vasco de rentas garantizadas surge al final de la III legislatura
con la aprobación por el Gobierno Vasco de un Plan Integral de Lucha contra la Pobreza.
Este plan establece, por primera vez en España, un sistema de garantía de recursos
mínimos basado en la implantación de lo que popularmente se conoció entonces como
«salario social». El Plan de Lucha contra la Pobreza se desarrolla inicialmente a través
del Decreto 39/1989, de 28 de febrero, relativo al Ingreso Mínimo Familiar, y del
Decreto 64/1989, de 21 de marzo, regulador de las Ayudas de Emergencia Social.
Apenas un año después, sería aprobada en el Parlamento Vasco la primera ley
autonómica en la materia, la Ley 2/1990, de 3 de mayo, de Ingreso Mínimo de Inserción.
Este recorrido culmina con la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de
Ingresos y para la Inclusión Social, en el actual sistema de prestaciones públicas,
sustentado en la renta de garantía de ingresos (RGI), la prestación complementaria de
vivienda (PCV) y las ayudas de emergencia social (AES) y en la modificación operada en
la misma por Ley 4/2011, de 24 de noviembre, que sitúa la gestión de la garantía de
ingresos en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
II
Tras más de treinta años de desarrollo, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e
Inclusión Social se ha convertido en una de las principales señas distintivas del
autogobierno vasco, un éxito colectivo y un referente fuera de nuestras fronteras. Con un
gasto público y una capacidad de protección similar a la de los sistemas de este tipo que
existen en los países de nuestro entorno, las prestaciones vascas de garantía de
ingresos protegen de la pobreza severa a la inmensa mayoría de quienes las perciben y
reducen drásticamente los niveles generales de pobreza y exclusión social en Euskadi.
En ese sentido, las evaluaciones y análisis del Sistema Vasco de Garantía de
Ingresos e Inclusión Social ponen de manifiesto dos elementos esenciales.
Por una parte, la capacidad de reducción de la pobreza que tienen las prestaciones
que conforman el sistema, con una reducción de las tasas generales de pobreza de
entre el 35 % y el 40 % en cualquiera de los años analizados: en 2020, 182.000
personas, el 8,4 % de la población vasca, estaría –si se tienen en cuenta únicamente sus
cve: BOE-A-2023-1405
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 16
Jueves 19 de enero de 2023
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familiar del beneficiario, con el fin de ayudar a las familias con ingresos insuficientes y
permitirles que tengan un nivel de vida digno».
Las rentas garantizadas son, pues, una parte esencial del modelo de protección
social europeo y la mayor parte de los países de Europa cuentan con este tipo de
medidas. Si bien no puede decirse que las rentas garantizadas hayan sido capaces de
erradicar por completo el problema de la pobreza y la exclusión social en Europa, es
innegable el impacto positivo que tienen tanto en lo que se refiere a la reducción de la
pobreza –especialmente la severa– como a la mejora de las condiciones de vida de las
familias que las perciben. Además de actuar para muchas personas como última red de
seguridad, y también como trampolín para el empleo y la inclusión social, las rentas
garantizadas tienen un impacto macroeconómico reseñable, pues han contribuido a
paliar los efectos de la crisis, a estabilizar la economía y a generar crecimiento
económico adicional.
Así, más allá del impacto de estas prestaciones sobre la reducción de la pobreza o
de su incidencia como mecanismo anticíclico y estabilizador de la economía, es
importante señalar los efectos positivos que estas prestaciones tienen sobre muchos
otros aspectos relacionados con el bienestar y con la calidad de vida de las personas
beneficiarias. En ese sentido, diversos estudios ponen de manifiesto que existe una
relación directa entre la percepción de estas prestaciones e indicadores de calidad de
vida, relaciones sociales, estado de salud e, incluso, mortalidad.
En ese contexto, el modelo vasco de garantía de ingresos resulta plenamente
coherente con las orientaciones emanadas desde las instituciones europeas y con las
políticas desarrolladas por los principales países de la Unión Europea. Parcialmente
inspirado en las políticas contra la pobreza que se realizaban en países como Francia o
Reino Unido, el sistema vasco de rentas garantizadas surge al final de la III legislatura
con la aprobación por el Gobierno Vasco de un Plan Integral de Lucha contra la Pobreza.
Este plan establece, por primera vez en España, un sistema de garantía de recursos
mínimos basado en la implantación de lo que popularmente se conoció entonces como
«salario social». El Plan de Lucha contra la Pobreza se desarrolla inicialmente a través
del Decreto 39/1989, de 28 de febrero, relativo al Ingreso Mínimo Familiar, y del
Decreto 64/1989, de 21 de marzo, regulador de las Ayudas de Emergencia Social.
Apenas un año después, sería aprobada en el Parlamento Vasco la primera ley
autonómica en la materia, la Ley 2/1990, de 3 de mayo, de Ingreso Mínimo de Inserción.
Este recorrido culmina con la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de
Ingresos y para la Inclusión Social, en el actual sistema de prestaciones públicas,
sustentado en la renta de garantía de ingresos (RGI), la prestación complementaria de
vivienda (PCV) y las ayudas de emergencia social (AES) y en la modificación operada en
la misma por Ley 4/2011, de 24 de noviembre, que sitúa la gestión de la garantía de
ingresos en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
II
Tras más de treinta años de desarrollo, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e
Inclusión Social se ha convertido en una de las principales señas distintivas del
autogobierno vasco, un éxito colectivo y un referente fuera de nuestras fronteras. Con un
gasto público y una capacidad de protección similar a la de los sistemas de este tipo que
existen en los países de nuestro entorno, las prestaciones vascas de garantía de
ingresos protegen de la pobreza severa a la inmensa mayoría de quienes las perciben y
reducen drásticamente los niveles generales de pobreza y exclusión social en Euskadi.
En ese sentido, las evaluaciones y análisis del Sistema Vasco de Garantía de
Ingresos e Inclusión Social ponen de manifiesto dos elementos esenciales.
Por una parte, la capacidad de reducción de la pobreza que tienen las prestaciones
que conforman el sistema, con una reducción de las tasas generales de pobreza de
entre el 35 % y el 40 % en cualquiera de los años analizados: en 2020, 182.000
personas, el 8,4 % de la población vasca, estaría –si se tienen en cuenta únicamente sus
cve: BOE-A-2023-1405
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Núm. 16