BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 19 de enero de 2023

Sec. I. Pág. 7020

pago por compensación, por resultar más ajustada a la situación de vulnerabilidad
económica en que se hallan muchas de las personas deudoras que continúan siendo
titulares o beneficiarias de las prestaciones.
Se trata de dos medidas informadas por el derecho a una buena administración.
b) La previsión de responsabilidad solidaria de las personas titulares y beneficiarias
de las prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, y de
quienes, en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos, participen en la
obtención de una prestación de forma fraudulenta.
c) El artículo 66 define el régimen de prescripción de prestaciones indebidamente
percibidas reduciendo el plazo a dos años, más ajustado a la singular posición de las
personas destinatarias de las prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y
para la Inclusión. Esta previsión trata de conjugar, desde parámetros de
proporcionalidad, la protección del interés público, vinculada a la integridad de la
Hacienda General del País Vasco, con la de otros principios e intereses concurrentes,
como el de seguridad jurídica, del que se infiere la procedencia de eliminar la
incertidumbre derivada del establecimiento de plazos muy prolongados para el
reconocimiento y cobro de los derechos de la hacienda sin que los órganos competentes
desplieguen una actuación dirigida a hacerlos efectivos; un interés singularmente
protegible en los casos en que las personas se hallen en situación de vulnerabilidad.
Resulta contrario a la equidad que la falta de ejercicio de las acciones durante un
tiempo extenso termine incidiendo en la situación económica de quienes están en una
situación de exclusión o de riesgo de padecerla.
La reducción del plazo de prescripción a dos años permite el adecuado equilibro en
la protección de los intereses en conflicto, abocando a la Administración a una gestión
eficaz conforme dispone el artículo 103 de la Constitución y resulta respetuosa con el
artículo 44 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda
General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de
noviembre.
Por otra parte, el artículo establece el dies a quo del cómputo del plazo de
prescripción y la relación de los supuestos en que aquel se interrumpe, en claro beneficio
de la seguridad jurídica.
– El título III, dedicado a los procedimientos, está integrado por cuatro capítulos.
El capítulo I, dedicado a disposiciones generales, regula la competencia para la
tramitación y reconocimiento de las prestaciones y ayudas del Sistema Vasco de
Garantía de Ingresos y para la Inclusión, los principios informadores del procedimiento,
los derechos de las personas en el marco de los procedimientos vinculados a las
prestaciones y ayudas previstos en esta ley, el derecho a relacionarse por medios
electrónicos y las notificaciones y comunicaciones electrónicas.
Este capítulo ilustra la evolución y el cambio que pretende imprimirse a la gestión del
Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, agilizando la tramitación de
las prestaciones y ayudas y orientando su actuación al servicio de la ciudadanía.
La ley recoge los principios y derechos que derivan de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
proclama el derecho a la buena administración, en línea con lo dispuesto en el
artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(2010/C 83/02) y en la normativa reguladora del sector público vasco.
Aquel derecho ha venido adquiriendo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un
protagonismo notable en los últimos años, alumbrando un cuerpo doctrinal en torno a él
que obliga a reconsiderar los modos de actuación de la Administración a partir de un
nuevo paradigma que aboga por el cuidado y diligencia debidas, excluye la gestión
negligente y va más allá de la mera observancia del procedimiento y de sus trámites.
El artículo 69 concreta el significado del derecho a la buena administración que habrá
de guiar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el ejercicio de sus competencias,

cve: BOE-A-2023-1405
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Núm. 16