BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 11 de enero de 2023

Sec. I. Pág. 4165

Teniendo en cuenta los objetivos descritos del citado plan, la presente norma pone en
marcha las medidas necesarias para llevar a cabo la transformación que el mismo señala.
En primer lugar, respecto de los incentivos a la contratación laboral, el artículo 40.1
de la Constitución Española confiere el mandato a los poderes públicos de promover las
condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la
renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad
económica, añadiendo que, de manera especial, realizarán una política orientada al
pleno empleo. Este último objetivo ha sido objeto de tratamiento a través de un amplio e
intenso conjunto normativo e institucional que bajo la denominación de «política de
empleo» se ha referido, no solo ni exclusivamente a las denominadas políticas activas de
empleo y dentro de estas a la actividad de fomento del empleo, sino también a la propia
regulación sustantiva de la normativa laboral. Y es que en las últimas décadas se ha
atribuido a las reformas de la regulación de las condiciones de trabajo un papel
excesivamente central en la política de fomento del empleo, con efectos no siempre
positivos, como se ha puesto de manifiesto con la opción legal de promocionar la
contratación temporal como instrumento de fomento del empleo.
Asimismo, en el ámbito propio de las políticas activas, las distintas administraciones
públicas con competencias han desarrollado una importante labor de fomento del empleo
a través de un conjunto amplio, pero también disperso y complejo, de actuaciones
dirigidas a la creación del empleo y en general al perfeccionamiento y mejora del
mercado de trabajo. Dentro de ellas, deben destacarse las medidas de contenido jurídico
o económico que tienen como finalidad estimular la creación de empleo de manera
directa y evaluable, cuya formulación más habitual son las ayudas económicas bien en
forma de subvenciones directas para la realización de la acción perseguida o bien
mediante bonificaciones o reducciones en las cuotas de la seguridad social. La
producción normativa relativa a las medidas de fomento del empleo ha alcanzado en los
últimos tiempos una notable intensidad debido a la proliferación de normas reguladoras
de estímulos o ayudas a la contratación, así como de las fuentes de emisión que ha
dado lugar a la existencia de una multiplicidad de medidas de fomento del empleo,
contenidas en una regulación dispersa, asistemática, de normas de distinto rango,
vigencia y ámbito.
En la actualidad no existe un marco jurídico único para la regulación de los incentivos
a la contratación y otras medidas de empleo financiadas con reducciones o
bonificaciones en las cotizaciones sociales, sino múltiples normas que contienen,
aproximadamente, 74 medidas con esta modalidad de financiación, de las que 56 están
constituidas como bonificaciones con cargo al presupuesto del Servicio Público de
Empleo Estatal y 18 como reducciones o exenciones a cargo del presupuesto de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Esta excesiva fragmentación y dispersión de normas va en detrimento de la
transparencia, eficacia y eficiencia de tales medidas, máxime cuando en su conjunto
suponen alrededor del 25 por ciento del gasto total en políticas activas del mercado de
trabajo. Por ejemplo, en el caso de las bonificaciones de cuotas, que son soportadas con
cargo al Presupuesto de Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, el gasto en el
año 2020 ascendió a 1.821,6 millones de euros.
A lo anterior se añaden la existencia de otros problemas que han de ser igualmente
abordados, tales como la desactualización o falta de homogeneización de algunas
medidas, principalmente, en las cuantías de los incentivos dado el tiempo transcurrido
desde que se aprobaron; la ausencia de un régimen común de disposiciones generales
aplicables a todas ellas y las debilidades en los sistemas de información, coordinación y
evaluación existentes.
Por lo que se refiere al contenido de la regulación de incentivos, los objetivos
generales de la norma, en el marco de las políticas activas de empleo, son promocionar
la contratación de las personas desempleadas, especialmente de las más vulnerables,
contribuir a la creación, al mantenimiento y la mejora de la calidad del empleo y a la

cve: BOE-A-2023-625
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Núm. 9