III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2023-439)
Resolución de 27 de octubre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras con especial referencia a la gestión de la construcción de la residencia de mayores 'La Minería', ejercicios 2006 a 2017.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 6 de enero de 2023

Sec. III. Pág. 2570

organizaciones sindicales firmantes del Plan 2006-2012 y los municipios incluidos en su ámbito de
aplicación. Dicha Mesa debía proponer un conjunto de actuaciones para ser financiadas.
La Mesas Regionales de la Minería de cada comunidad autónoma no reunían los requisitos
definitorios de los órganos administrativos, sino que se trataba más bien de una suerte de foro
participativo de deliberación, al que le correspondía acordar propuestas de actuaciones a
financiar.
En lo que respecta a los miembros de este foro, resulta especialmente reseñable la ausencia de
representantes de la AGE, ya fuera por medio del IRMC o de la Secretaría de Estado de Energía,
en la medida que eran quienes aportaban la mayor parte de los recursos presupuestarios para la
financiación de los proyectos.
A su vez, destacaba el carácter no técnico de este foro, deficiencia que podía traducirse en la
propuesta de proyectos que no estuvieran soportados por estudios de necesidad u oportunidad
suficientemente rigurosos. Consecuentemente, este Tribunal de Cuentas comparte el criterio
sostenido en el informe emitido por el Servicio Jurídico del Estado en el sentido de que resultaba
razonable establecer limitaciones cualitativas y cuantitativas a las facultades de propuesta de
actuaciones de las Mesas Regionales de la Minería, especialmente en lo que se refería a
proyectos a desarrollar por entidades sin ánimo de lucro, toda vez que se trataba de un foro que
carecía de un carácter técnico y en el que, además, no estaban presentes representantes del
ámbito de la AGE, ya fueran de la Secretaría de Estado de Energía o del IRMC.
La Comisión de Cooperación
Además de las referidas Mesas, el RD 1112/2007 contemplaba la existencia de la Comisión de
Cooperación, como órgano deliberante de carácter mixto en cada comunidad autónoma, formada
por representantes del IRMC y de la comunidad autónoma, que tenía potestad para efectuar la
propuesta definitiva de las actuaciones a financiar con cargo al presupuesto del IRMC. La
composición de las comisiones de cooperación se fijaba en el propio texto del Plan del Carbón
2006-2012 y en los protocolos de colaboración, estipulándose que estaría formada por tres
representantes del IRMC (entre ellos su presidente) y dos de la Comunidad Autónoma.
El art. 18 del RD 1112/2007 también atribuía potestades a este órgano en relación con las
comprobaciones sobre las actuaciones ejecutadas, analizando las posibles incidencias que se
hubieran producido en la ejecución de los convenios e identificando, en su caso, los posibles
incumplimientos, así como la procedencia de reintegro.
A este respecto, en cierto modo, supone una anomalía que las comunidades autónomas
participen en estos órganos, particularmente cuando ellas resultan beneficiarias de subvenciones
propuestas por estos órganos, o en ellos se tratan las propuestas de reintegro sobre subvenciones
en las que las referidas comunidades tienen la condición de beneficiarias.
MARCO DE ACTUACIÓN 2013-2018
El Marco de Actuación 2013-2018, se orientó a fomentar el desarrollo alternativo de las comarcas
mineras del carbón mediante la ejecución de proyectos de infraestructuras y de restauración de
zonas degradadas a causa de la actividad minera31.
En lo que se refiere a la selección de actuaciones, el RD 675/2014, que constituye la norma
básica que rige la concesión de ayudas de infraestructuras de este Marco de Actuación, introdujo
31 A este respecto, el Real Decreto 675/2014 se caracteriza por haber incorporado referencias al tipo de actuaciones
que podrían ser subvencionadas: redes de telecomunicaciones, recuperación de espacios degradados, ampliación de
polígonos industriales y viveros de empresas.

cve: BOE-A-2023-439
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