III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2023-440)
Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 5
Viernes 6 de enero de 2023
Sec. III. Pág. 2802
presupuesto de explotación y veintinueve no lo hacen en la ejecución del presupuesto de capital, lo
que supone una mejora respecto el ejercicio anterior.
4.66. La liquidación de los presupuestos de explotación y capital de las siguientes cuatro
fundaciones no se ha incluido en la CGE, al no haberse recibido en la IGAE antes del plazo previsto
en la Orden que regula la elaboración de la CGE: Fundación Canaria Puertos de las Palmas;
Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo; Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas; y Fundación Pluralismo y Convivencia. Los
presupuestos de las siguientes dos fundaciones no fueron incluidos en los PGE de 2018,
prorrogados para 2020, y sus liquidaciones no fueron integradas dentro la información
presupuestaria de las entidades con presupuesto estimativo que figura en la Memoria de la CGE:
Fundación Museo do Mar de Galicia y Fundación Festival Internacional del Teatro Clásico de
Almagro.
IV.6.3. Avales y otras garantías
4.67. En la memoria de la CGE, siguiendo las recomendaciones del Tribunal, se cuantifican los
avales más significativos y otras garantías otorgadas en el ejercicio por la AGE y sus principales
grupos dependientes en 150.659,3 millones de euros, correspondiendo los más importantes a la
Línea Covid-liquidez (87.492,7 millones), a la Facilidad Europea de Estabilización Financiera
(45.322,9 millones), al Fondo de Titulización déficit sistema eléctrico (13.585,8 millones), al
Instrumento SURE por avales a favor de la CE (2.252,9 millones) y a la Línea Covid-Inversión por
la financiación otorgada por entidades financieras (1.407,9 millones)128. El saldo vivo de los avales
otorgados se ha incrementado un 243 % respecto del ejercicio anterior (61.970,5 millones) debido
a las medidas adoptadas para paliar el impacto económico y social de la COVID-19.
Además de los avales concedidos, se informa también de otras garantías prestadas por la AGE y
sus principales grupos dependientes por importe de 36.139 millones de euros, de los que 35.057,1
millones corresponden a garantías otorgadas por la AGE a la deuda de la SAREB129, 1.014,1
millones a comfort letters otorgadas por el Grupo SEPI por operaciones relacionadas con Navantia
y los 67,8 millones restantes a garantías prestadas por otros grupos empresariales.
El Tribunal considera conveniente que, sin perjuicio de los límites anuales establecidos en las leyes
de PGE, éstas establezcan un límite máximo acumulado para la cifra de avales en vigor. A falta de
límites legales corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la fijación
de los mecanismos para limitar el riesgo de ejecución de los avales otorgados por la AGE, tal como
señala el artículo 118 de la LGP.
128
Si bien el ICO en sus alegaciones presenta unas cifras de financiación avalada diferentes a las recogidas en este
párrafo, los importes recogidos en esta Declaración son los que figuran detallados en la Memoria de la CAGE y de la CGE
de 2020.
129
El Comité Técnico de Cuentas Nacionales, teniendo en cuenta la opinión de Eurostat y de acuerdo con la normativa
vigente, ha considerado que SAREB debe reclasificarse en las Cuentas Nacionales como una unidad perteneciente al
sector de las Administraciones Públicas, dentro del subsector de la Administración Central, con efectos desde finales del
año 2020, lo que ha supuesto computar como Deuda Pública a efectos del Procedimiento de Déficit Excesivo la
correspondiente a esta entidad.
cve: BOE-A-2023-440
Verificable en https://www.boe.es
4.68. Sin perjuicio de la información anterior recogida en la memoria, no se aporta información ni en
la CGE ni en la CAGE respecto de los avales otorgados para la cobertura por cuenta del Estado de
la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como
consecuencia de la expansión del COVID-19 al amparo de lo previsto en el Real Decreto-ley
Núm. 5
Viernes 6 de enero de 2023
Sec. III. Pág. 2802
presupuesto de explotación y veintinueve no lo hacen en la ejecución del presupuesto de capital, lo
que supone una mejora respecto el ejercicio anterior.
4.66. La liquidación de los presupuestos de explotación y capital de las siguientes cuatro
fundaciones no se ha incluido en la CGE, al no haberse recibido en la IGAE antes del plazo previsto
en la Orden que regula la elaboración de la CGE: Fundación Canaria Puertos de las Palmas;
Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo; Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas; y Fundación Pluralismo y Convivencia. Los
presupuestos de las siguientes dos fundaciones no fueron incluidos en los PGE de 2018,
prorrogados para 2020, y sus liquidaciones no fueron integradas dentro la información
presupuestaria de las entidades con presupuesto estimativo que figura en la Memoria de la CGE:
Fundación Museo do Mar de Galicia y Fundación Festival Internacional del Teatro Clásico de
Almagro.
IV.6.3. Avales y otras garantías
4.67. En la memoria de la CGE, siguiendo las recomendaciones del Tribunal, se cuantifican los
avales más significativos y otras garantías otorgadas en el ejercicio por la AGE y sus principales
grupos dependientes en 150.659,3 millones de euros, correspondiendo los más importantes a la
Línea Covid-liquidez (87.492,7 millones), a la Facilidad Europea de Estabilización Financiera
(45.322,9 millones), al Fondo de Titulización déficit sistema eléctrico (13.585,8 millones), al
Instrumento SURE por avales a favor de la CE (2.252,9 millones) y a la Línea Covid-Inversión por
la financiación otorgada por entidades financieras (1.407,9 millones)128. El saldo vivo de los avales
otorgados se ha incrementado un 243 % respecto del ejercicio anterior (61.970,5 millones) debido
a las medidas adoptadas para paliar el impacto económico y social de la COVID-19.
Además de los avales concedidos, se informa también de otras garantías prestadas por la AGE y
sus principales grupos dependientes por importe de 36.139 millones de euros, de los que 35.057,1
millones corresponden a garantías otorgadas por la AGE a la deuda de la SAREB129, 1.014,1
millones a comfort letters otorgadas por el Grupo SEPI por operaciones relacionadas con Navantia
y los 67,8 millones restantes a garantías prestadas por otros grupos empresariales.
El Tribunal considera conveniente que, sin perjuicio de los límites anuales establecidos en las leyes
de PGE, éstas establezcan un límite máximo acumulado para la cifra de avales en vigor. A falta de
límites legales corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la fijación
de los mecanismos para limitar el riesgo de ejecución de los avales otorgados por la AGE, tal como
señala el artículo 118 de la LGP.
128
Si bien el ICO en sus alegaciones presenta unas cifras de financiación avalada diferentes a las recogidas en este
párrafo, los importes recogidos en esta Declaración son los que figuran detallados en la Memoria de la CAGE y de la CGE
de 2020.
129
El Comité Técnico de Cuentas Nacionales, teniendo en cuenta la opinión de Eurostat y de acuerdo con la normativa
vigente, ha considerado que SAREB debe reclasificarse en las Cuentas Nacionales como una unidad perteneciente al
sector de las Administraciones Públicas, dentro del subsector de la Administración Central, con efectos desde finales del
año 2020, lo que ha supuesto computar como Deuda Pública a efectos del Procedimiento de Déficit Excesivo la
correspondiente a esta entidad.
cve: BOE-A-2023-440
Verificable en https://www.boe.es
4.68. Sin perjuicio de la información anterior recogida en la memoria, no se aporta información ni en
la CGE ni en la CAGE respecto de los avales otorgados para la cobertura por cuenta del Estado de
la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como
consecuencia de la expansión del COVID-19 al amparo de lo previsto en el Real Decreto-ley
