III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2023-440)
Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 5
Viernes 6 de enero de 2023
-
Sec. III. Pág. 2759
Las de bonificaciones en la aportación empresarial por desempleo y formación profesional de
octubre y noviembre, por 555,4 millones de euros. Se trata de gastos inherentes al proceso de
recaudación, por lo que su tratamiento contable y presupuestario debe ser homogéneo con el
que se da al registro presupuestario y patrimonial de las cotizaciones bonificadas, las cuales sí
han sido imputadas por el SEPE en su presupuesto de ingresos22.
10) Imputación temporal de organismos autónomos
3.18. Algunos Organismos Autónomos (OOAA) han dejado de aplicar al presupuesto de 2020 parte
de las obligaciones generadas en el mismo y, por el contrario, han imputado a dicho presupuesto
gastos de ejercicios anteriores, destacándose a continuación las operaciones más significativas:
- El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha aplicado al presupuesto de gastos del ejercicio
la totalidad del importe de una de las declaraciones trimestrales de gastos del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) del año anterior, por un importe de 85,6 millones de
euros procedentes de los organismos pagadores de Aragón y Castilla y León.
- En la Confederación Hidrográfica del Segura queda pendiente de aplicar al presupuesto de
gastos un importe de 32,6 millones de euros. De este importe cabe destacar que 21,6 millones
corresponden a las cantidades pendientes de liquidar a las CCAA de Castilla-La Mancha, Madrid
y Extremadura, por la recaudación correspondiente a la Tarifa del Trasvase Tajo-Segura en el
periodo 2018-2020, y 2,1 millones son gastos corrientes en bienes y servicios, que ya se
encontraban pendientes de aplicación presupuestaria a 31 de diciembre de 2018.
- La Jefatura Central de Tráfico (JCT) tiene pendiente de aplicar a presupuesto gastos corrientes
realizados en el año 2019, correspondientes a material y suministros, por un importe de 10,7
millones de euros y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CH Tajo) presenta gastos realizados
con anterioridad al año 2019, pendientes de aplicación presupuestaria al cierre del ejercicio 2020,
por un importe de 13,6 millones, por los conceptos de reparación, mantenimiento y conservación
de bienes de inmovilizado.
- Los organismos Instituto para la Transición Justa (ITJ) y Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CH Guadalquivir) no han aplicado al presupuesto gastos por un importe conjunto
de 19,1 millones de euros23.
- FOGASA no ha imputado al presupuesto de 2020 obligaciones por 38 millones de euros en
concepto de prestaciones de garantía salarial cuyos expedientes se encontraban pendientes de
aprobación al cierre del ejercicio, aunque en los mismos concurrían todos los requisitos para su
El SEPE alega que ha seguido el criterio establecido en la consulta planteada al efecto a la División de Planificación y
Dirección de la Contabilidad Pública de la ONA (IGAE). No obstante, en opinión del Tribunal los gastos por bonificaciones
son inherentes al proceso de recaudación, por lo que su tratamiento contable y presupuestario debe ser homogéneo con
el que se da al registro presupuestario y patrimonial de las cotizaciones bonificadas, las cuales sí han sido imputadas por
el SEPE en su presupuesto de ingresos.
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A la entidad ITJ, le corresponden 9,8 millones de euros, de los que 7,5 millones proceden de la deuda contraída con la
empresa Compañía Minera Astur Leonesa, S.A, y 2,1 millones de subvenciones devengadas de proyectos empresariales
y bajas indemnizadas.
A la CH Guadalquivir, le corresponden 9,3 millones de euros, principalmente por suministros de energía eléctrica, así
como por diversos gastos que ya se encontraban pendientes de aplicación al cierre del ejercicio 2018. Estos últimos, que
ascienden a 2,1 millones, corresponden a recibos de IBI, a facturas de energía eléctrica de los años 2016 y 2017 y a
embargos de la cuenta restringida de recaudación por impuestos locales de los años 2016 a 2018.
cve: BOE-A-2023-440
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Núm. 5
Viernes 6 de enero de 2023
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Sec. III. Pág. 2759
Las de bonificaciones en la aportación empresarial por desempleo y formación profesional de
octubre y noviembre, por 555,4 millones de euros. Se trata de gastos inherentes al proceso de
recaudación, por lo que su tratamiento contable y presupuestario debe ser homogéneo con el
que se da al registro presupuestario y patrimonial de las cotizaciones bonificadas, las cuales sí
han sido imputadas por el SEPE en su presupuesto de ingresos22.
10) Imputación temporal de organismos autónomos
3.18. Algunos Organismos Autónomos (OOAA) han dejado de aplicar al presupuesto de 2020 parte
de las obligaciones generadas en el mismo y, por el contrario, han imputado a dicho presupuesto
gastos de ejercicios anteriores, destacándose a continuación las operaciones más significativas:
- El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha aplicado al presupuesto de gastos del ejercicio
la totalidad del importe de una de las declaraciones trimestrales de gastos del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) del año anterior, por un importe de 85,6 millones de
euros procedentes de los organismos pagadores de Aragón y Castilla y León.
- En la Confederación Hidrográfica del Segura queda pendiente de aplicar al presupuesto de
gastos un importe de 32,6 millones de euros. De este importe cabe destacar que 21,6 millones
corresponden a las cantidades pendientes de liquidar a las CCAA de Castilla-La Mancha, Madrid
y Extremadura, por la recaudación correspondiente a la Tarifa del Trasvase Tajo-Segura en el
periodo 2018-2020, y 2,1 millones son gastos corrientes en bienes y servicios, que ya se
encontraban pendientes de aplicación presupuestaria a 31 de diciembre de 2018.
- La Jefatura Central de Tráfico (JCT) tiene pendiente de aplicar a presupuesto gastos corrientes
realizados en el año 2019, correspondientes a material y suministros, por un importe de 10,7
millones de euros y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CH Tajo) presenta gastos realizados
con anterioridad al año 2019, pendientes de aplicación presupuestaria al cierre del ejercicio 2020,
por un importe de 13,6 millones, por los conceptos de reparación, mantenimiento y conservación
de bienes de inmovilizado.
- Los organismos Instituto para la Transición Justa (ITJ) y Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CH Guadalquivir) no han aplicado al presupuesto gastos por un importe conjunto
de 19,1 millones de euros23.
- FOGASA no ha imputado al presupuesto de 2020 obligaciones por 38 millones de euros en
concepto de prestaciones de garantía salarial cuyos expedientes se encontraban pendientes de
aprobación al cierre del ejercicio, aunque en los mismos concurrían todos los requisitos para su
El SEPE alega que ha seguido el criterio establecido en la consulta planteada al efecto a la División de Planificación y
Dirección de la Contabilidad Pública de la ONA (IGAE). No obstante, en opinión del Tribunal los gastos por bonificaciones
son inherentes al proceso de recaudación, por lo que su tratamiento contable y presupuestario debe ser homogéneo con
el que se da al registro presupuestario y patrimonial de las cotizaciones bonificadas, las cuales sí han sido imputadas por
el SEPE en su presupuesto de ingresos.
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A la entidad ITJ, le corresponden 9,8 millones de euros, de los que 7,5 millones proceden de la deuda contraída con la
empresa Compañía Minera Astur Leonesa, S.A, y 2,1 millones de subvenciones devengadas de proyectos empresariales
y bajas indemnizadas.
A la CH Guadalquivir, le corresponden 9,3 millones de euros, principalmente por suministros de energía eléctrica, así
como por diversos gastos que ya se encontraban pendientes de aplicación al cierre del ejercicio 2018. Estos últimos, que
ascienden a 2,1 millones, corresponden a recibos de IBI, a facturas de energía eléctrica de los años 2016 y 2017 y a
embargos de la cuenta restringida de recaudación por impuestos locales de los años 2016 a 2018.
cve: BOE-A-2023-440
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