III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2023-440)
Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 5
Viernes 6 de enero de 2023
Sec. III. Pág. 2751
Diputados aprobó el 20 de octubre de 2020 suspender la aplicación de las reglas fiscales para este
año y para 2021, como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la COVID-19.
Estas circunstancias excepcionales han ocasionado que algunos de los hechos que se recogen en
esta Declaración estén motivados por la implantación de las citadas medidas y por la gestión
realizada en un marco excepcional de crisis, con los efectos que se detallan, principalmente, en el
subapartado IV.1.
Como consecuencia de los efectos del COVID-19, en el presupuesto de la AGE se ha producido un
aumento de las modificaciones netas de crédito del presupuesto de gastos por un total de 67.736,1
millones de euros (89 % del total de modificaciones netas de créditos y 24 % de los créditos
iniciales) financiadas fundamentalmente con deuda pública y un total de obligaciones reconocidas
de 68.090,1 millones (párrafos 4.1 y 4.2).
El impacto económico de los costes asociados a las ayudas de naturaleza socio-laboral aprobadas
para hacer frente a los efectos negativos del COVID 19 en las ESSS, el SEPE, FOGASA y en la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ha sido cifrado por el Tribunal
en 28.748,3 millones de euros. El total de la financiación estatal recibida para afrontar estos costes
y el pago de las ayudas socio laborales asociadas al COVID 19 han ascendido a 38.802,6 millones
de euros (párrafo 4.3).
10
En el conjunto del año 2020, el PIB a precios corrientes se sitúa en 1.121.948 millones de euros
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=30678&L=0
cve: BOE-A-2023-440
Verificable en https://www.boe.es
2.27. Sin que afecte a la opinión del Tribunal de Cuentas expresada en este apartado, ha de
señalarse que el balance de la Seguridad Social recoge, por cuarto año consecutivo, un patrimonio
neto negativo (a 31 de diciembre de 2020, asciende a 68.049,2 millones de euros) con origen en
las operaciones de gestión ordinaria. La solución adoptada para la cobertura de estos gastos
ordinarios (fundamentalmente, pensiones) ante la insuficiencia de los recursos de esta naturaleza
(básicamente, cotizaciones sociales), al igual que en 2017, 2018 y 2019, ha sido otorgar préstamos
por el Estado a la TGSS, que en 2020 ascienden a 30.330,1 millones, los cuales no pueden resolver
los problemas de sostenibilidad financiera de naturaleza estructural de la Seguridad Social, ni
contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tienen reflejo en su neto
patrimonial, que continúa siendo negativo, acumulando la Seguridad Social un endeudamiento
frente al Estado, a 31 de diciembre de 2020, de 85.350,9 millones (un 7,61 % del PIB de 202010).
La Seguridad Social, en 2020, también ha recibido transferencias corrientes estatales por 21.336,5
millones, debiendo añadirse que la modificación del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS),
contenida en la LPGE para 2021, contempla la realización anual de transferencias del Estado al
Presupuesto de la Seguridad Social para algunas prestaciones de la Seguridad Social, así como
para beneficios otorgados en las cotizaciones sociales, en cumplimiento del principio de separación
de fuentes de financiación. Esta circunstancia se ha materializado por vez primera en la propia
LPGE de 2021, cuyo artículo 12 cuatro prevé la concesión, para esa finalidad, de tres transferencias
a la Seguridad Social por 13.929 millones (párrafo 4.43).
Núm. 5
Viernes 6 de enero de 2023
Sec. III. Pág. 2751
Diputados aprobó el 20 de octubre de 2020 suspender la aplicación de las reglas fiscales para este
año y para 2021, como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la COVID-19.
Estas circunstancias excepcionales han ocasionado que algunos de los hechos que se recogen en
esta Declaración estén motivados por la implantación de las citadas medidas y por la gestión
realizada en un marco excepcional de crisis, con los efectos que se detallan, principalmente, en el
subapartado IV.1.
Como consecuencia de los efectos del COVID-19, en el presupuesto de la AGE se ha producido un
aumento de las modificaciones netas de crédito del presupuesto de gastos por un total de 67.736,1
millones de euros (89 % del total de modificaciones netas de créditos y 24 % de los créditos
iniciales) financiadas fundamentalmente con deuda pública y un total de obligaciones reconocidas
de 68.090,1 millones (párrafos 4.1 y 4.2).
El impacto económico de los costes asociados a las ayudas de naturaleza socio-laboral aprobadas
para hacer frente a los efectos negativos del COVID 19 en las ESSS, el SEPE, FOGASA y en la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ha sido cifrado por el Tribunal
en 28.748,3 millones de euros. El total de la financiación estatal recibida para afrontar estos costes
y el pago de las ayudas socio laborales asociadas al COVID 19 han ascendido a 38.802,6 millones
de euros (párrafo 4.3).
10
En el conjunto del año 2020, el PIB a precios corrientes se sitúa en 1.121.948 millones de euros
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=30678&L=0
cve: BOE-A-2023-440
Verificable en https://www.boe.es
2.27. Sin que afecte a la opinión del Tribunal de Cuentas expresada en este apartado, ha de
señalarse que el balance de la Seguridad Social recoge, por cuarto año consecutivo, un patrimonio
neto negativo (a 31 de diciembre de 2020, asciende a 68.049,2 millones de euros) con origen en
las operaciones de gestión ordinaria. La solución adoptada para la cobertura de estos gastos
ordinarios (fundamentalmente, pensiones) ante la insuficiencia de los recursos de esta naturaleza
(básicamente, cotizaciones sociales), al igual que en 2017, 2018 y 2019, ha sido otorgar préstamos
por el Estado a la TGSS, que en 2020 ascienden a 30.330,1 millones, los cuales no pueden resolver
los problemas de sostenibilidad financiera de naturaleza estructural de la Seguridad Social, ni
contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tienen reflejo en su neto
patrimonial, que continúa siendo negativo, acumulando la Seguridad Social un endeudamiento
frente al Estado, a 31 de diciembre de 2020, de 85.350,9 millones (un 7,61 % del PIB de 202010).
La Seguridad Social, en 2020, también ha recibido transferencias corrientes estatales por 21.336,5
millones, debiendo añadirse que la modificación del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS),
contenida en la LPGE para 2021, contempla la realización anual de transferencias del Estado al
Presupuesto de la Seguridad Social para algunas prestaciones de la Seguridad Social, así como
para beneficios otorgados en las cotizaciones sociales, en cumplimiento del principio de separación
de fuentes de financiación. Esta circunstancia se ha materializado por vez primera en la propia
LPGE de 2021, cuyo artículo 12 cuatro prevé la concesión, para esa finalidad, de tres transferencias
a la Seguridad Social por 13.929 millones (párrafo 4.43).
