III. Otras disposiciones. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Impacto ambiental. (BOE-A-2022-23739)
Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica del "Programa del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027".
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 29 de diciembre de 2022
Sec. III. Pág. 190524
Si bien la Estrategia de Transición Justa reconoce diversos ámbitos impactados por
la transición ecológica, se estableció como objetivo prioritario a corto plazo un Plan de
Acción Urgente 2019-2021 para las comarcas de carbón y centrales en cierre que
pudiera hacer frente a los impactos que estos territorios ya estaban experimentando.
Este Plan comprende el desarrollo de acuerdos entre el gobierno, sindicatos y las
empresas (acuerdos tripartitos) involucradas en los cierres de minas y centrales; son
acuerdos sectoriales a nivel estatal y se centran en empresas y trabajadores. A estos se
unen los convenios de transición justa que se focalizan en el territorio, los cuales están
recogidos en la Estrategia de Transición Justa y la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, y se establecen como una herramienta para la co-gobernanza destinada a
garantizar el compromiso y coordinación de las administraciones públicas. Se trata de
convenios firmados entre la administración estatal, autonómica y local para cada
territorio afectado, donde se establece un marco de colaboración estable con el objeto de
fomentar la actividad económica y su modernización, así como la empleabilidad de
trabajadores vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión en la transición hacia una
economía baja en emisiones de carbono. El PrFTJ busca generar las máximas sinergias
con todo el trabajo ya iniciado, aprovechando las medidas ya en marcha, para
ampliarlas, mejorarlas y completarlas, generando el mayor beneficio para los territorios
afectados.
En cuanto al ámbito territorial, la Comisión Europea en su Informe sobre
España 2020 y, en concreto, su Anexo D, identifica 8 provincias (Asturias, A Coruña,
León, Palencia, Teruel, Almería, Cádiz y Córdoba), denominadas regiones NUTS-3 en el
territorio español, como las más afectadas por la transición a la neutralidad climática a
causa del cierre de minas de carbón y el desmantelamiento de centrales térmicas de
carbón. A ellas se ha unido la zona de transición justa de Alcudia que, al igual que las
anteriores, dispone de una central térmica de carbón en proceso de cierre. Estas
regiones son los territorios considerados elegibles para la aplicación de las acciones del
Fondo de Transición Justa en España.
En cuanto al marco temporal, el PrFTJ abarcará los siete años correspondientes al
periodo de programación 2021-2027, ampliado con el margen para la ejecución de las
actuaciones que establecen las reglas N+3 hasta 2026, y N+2 en 2027. De esta forma, el
gasto será subvencionable a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre
de 2029.
Para alcanzar el objetivo del PrFTJ, se ha definido la estructura del Programa a
través de diez prioridades, una por cada zona de actuación, más una adicional asignada
al Instituto de Transición Justa para la gestión de los fondos. Para cada una de estas
prioridades se financiarán una serie de actuaciones consideradas elegibles, según
dispone el artículo 8 del Reglamento del FTJ, al considerarse directamente vinculadas
con el objetivo específico del FTJ.
Las diferentes tipologías de actuaciones que presenta el programa para cada
prioridad se han agrupado en las siguientes necesidades de desarrollo identificadas,
comunes a todos los territorios:
1. Transformación ecológica de la industria y fomento de la movilidad sostenible, la
economía circular y la eficiencia energética.
2. Impulso a la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el
almacenamiento energético y el hidrógeno renovable.
3. Impulso a PYMES y proyectos empresariales tractores para la diversificación
económica de los territorios.
4. Fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), la integración de
las TIC y la transformación digital.
5. Rehabilitación ambiental, conservación de la naturaleza, biodiversidad y
ecosistemas, promoción del patrimonio histórico, cultural e industrial, y fomento del
turismo sostenible.
6. Impulso a infraestructuras sociales, la economía social e iniciativas de formación
y cualificación.
cve: BOE-A-2022-23739
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 312
Jueves 29 de diciembre de 2022
Sec. III. Pág. 190524
Si bien la Estrategia de Transición Justa reconoce diversos ámbitos impactados por
la transición ecológica, se estableció como objetivo prioritario a corto plazo un Plan de
Acción Urgente 2019-2021 para las comarcas de carbón y centrales en cierre que
pudiera hacer frente a los impactos que estos territorios ya estaban experimentando.
Este Plan comprende el desarrollo de acuerdos entre el gobierno, sindicatos y las
empresas (acuerdos tripartitos) involucradas en los cierres de minas y centrales; son
acuerdos sectoriales a nivel estatal y se centran en empresas y trabajadores. A estos se
unen los convenios de transición justa que se focalizan en el territorio, los cuales están
recogidos en la Estrategia de Transición Justa y la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, y se establecen como una herramienta para la co-gobernanza destinada a
garantizar el compromiso y coordinación de las administraciones públicas. Se trata de
convenios firmados entre la administración estatal, autonómica y local para cada
territorio afectado, donde se establece un marco de colaboración estable con el objeto de
fomentar la actividad económica y su modernización, así como la empleabilidad de
trabajadores vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión en la transición hacia una
economía baja en emisiones de carbono. El PrFTJ busca generar las máximas sinergias
con todo el trabajo ya iniciado, aprovechando las medidas ya en marcha, para
ampliarlas, mejorarlas y completarlas, generando el mayor beneficio para los territorios
afectados.
En cuanto al ámbito territorial, la Comisión Europea en su Informe sobre
España 2020 y, en concreto, su Anexo D, identifica 8 provincias (Asturias, A Coruña,
León, Palencia, Teruel, Almería, Cádiz y Córdoba), denominadas regiones NUTS-3 en el
territorio español, como las más afectadas por la transición a la neutralidad climática a
causa del cierre de minas de carbón y el desmantelamiento de centrales térmicas de
carbón. A ellas se ha unido la zona de transición justa de Alcudia que, al igual que las
anteriores, dispone de una central térmica de carbón en proceso de cierre. Estas
regiones son los territorios considerados elegibles para la aplicación de las acciones del
Fondo de Transición Justa en España.
En cuanto al marco temporal, el PrFTJ abarcará los siete años correspondientes al
periodo de programación 2021-2027, ampliado con el margen para la ejecución de las
actuaciones que establecen las reglas N+3 hasta 2026, y N+2 en 2027. De esta forma, el
gasto será subvencionable a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre
de 2029.
Para alcanzar el objetivo del PrFTJ, se ha definido la estructura del Programa a
través de diez prioridades, una por cada zona de actuación, más una adicional asignada
al Instituto de Transición Justa para la gestión de los fondos. Para cada una de estas
prioridades se financiarán una serie de actuaciones consideradas elegibles, según
dispone el artículo 8 del Reglamento del FTJ, al considerarse directamente vinculadas
con el objetivo específico del FTJ.
Las diferentes tipologías de actuaciones que presenta el programa para cada
prioridad se han agrupado en las siguientes necesidades de desarrollo identificadas,
comunes a todos los territorios:
1. Transformación ecológica de la industria y fomento de la movilidad sostenible, la
economía circular y la eficiencia energética.
2. Impulso a la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el
almacenamiento energético y el hidrógeno renovable.
3. Impulso a PYMES y proyectos empresariales tractores para la diversificación
económica de los territorios.
4. Fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), la integración de
las TIC y la transformación digital.
5. Rehabilitación ambiental, conservación de la naturaleza, biodiversidad y
ecosistemas, promoción del patrimonio histórico, cultural e industrial, y fomento del
turismo sostenible.
6. Impulso a infraestructuras sociales, la economía social e iniciativas de formación
y cualificación.
cve: BOE-A-2022-23739
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 312
