I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Política Agrícola Común. (BOE-A-2022-23049)
Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 29 de diciembre de 2022
Sec. I. Pág. 188838
biodiversidad, y la acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos
medioambientales y climáticos de la Unión, entre ellos los compromisos contraídos en
virtud del Acuerdo de París y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Esta nueva orientación se articula sobre una mayor subsidiariedad a los Estados
miembros, que deberán ser quienes sobre la base de la situación y necesidades
específicas los que deberán diseñar sus propias intervenciones. Este conjunto de
intervenciones se incluye en el correspondiente Plan Estratégico Nacional de la Política
Agrícola Común (PAC) del Reino de España 2023-2027. Con este nuevo enfoque,
España, tras un análisis riguroso de la situación de partida, que ha permitido identificar y
priorizar las necesidades vinculadas a cada uno de estos objetivos, ha propuesto un Plan
Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) del Reino de
España 2023-2027, que tiene como objetivo el desarrollo sostenible de la agricultura, la
alimentación y las zonas rurales para garantizar la seguridad alimentaria de la sociedad
a través de un sector competitivo y un medio rural vivo.
Con el fin de poder realizar una correcta implantación y gestión del conjunto de
intervenciones que se incluyen en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola
Común (PAC) del Reino de España 2023-2027, se hace necesario disponer de las
adecuadas herramientas jurídicas que permitan una aplicación armonizada de todas las
medidas en el territorio nacional. A tal fin, durante el otoño de 2022 se han venido
aprobando diversos reales decretos en que se contienen las reglas a aplicar en las
intervenciones sectoriales de la PAC y otras disposiciones concomitantes, que se vienen
en completar ahora con la aprobación conjunta un paquete normativo que abarca los
principales aspectos relacionados con la aplicación de la PAC en nuestro país,
compuesto por diversos reales decretos que regulan de manera cohonestada los
aspectos necesarios para su aplicación: normas para la aplicación de las intervenciones
en forma de pagos directos, requisitos comunes y solicitud única; sistema de derechos
de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad; regulación de condicionalidad reforzada
y social; sistema integrado de gestión y control; y gobernanza de los fondos europeos
agrícolas. Este grupo normativo encuentra en su vértice la Ley 30/2022, de 23
de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y
otras materias conexas.
En dicho marco, este real decreto tiene por objeto establecer la normativa básica
reguladora de la condicionalidad de la PAC. Esta reforma de la PAC establece por
primera vez la condicionalidad social, que se basa en el cumplimiento de determinadas
obligaciones de las normas laborales aplicables y en las condiciones de trabajo y empleo
por parte de las personas beneficiarias de ayudas PAC. Por ello se hace necesario
establecer los procedimientos para que se puedan aplicar por parte de los organismos
pagadores las penalizaciones establecidas por los organismos responsables de control
con base en los incumplimientos detectados en los controles realizados por éstos, a
partir de su entrada en vigor en España el 1 de enero de 2024 conforme se dispone en
su normativa reguladora.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso derogar el Real Decreto 1078/2014, de 19 de
diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los
beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o
pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, y aprobar un
real decreto para aplicar la nueva legislación comunitaria al respecto.
Cabe señalar que todas las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC se han
diseñado en base a los criterios de coherencia y sinergia con los programas e iniciativas
europeas y nacionales en relación con el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad y la
mitigación y adaptación al cambio climático, lo que se ha plasmado en la evaluación
ambiental estratégica a que se ha sometido el Plan Estratégico, en el que se encuadra
esta norma.
cve: BOE-A-2022-23049
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 312
Jueves 29 de diciembre de 2022
Sec. I. Pág. 188838
biodiversidad, y la acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos
medioambientales y climáticos de la Unión, entre ellos los compromisos contraídos en
virtud del Acuerdo de París y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Esta nueva orientación se articula sobre una mayor subsidiariedad a los Estados
miembros, que deberán ser quienes sobre la base de la situación y necesidades
específicas los que deberán diseñar sus propias intervenciones. Este conjunto de
intervenciones se incluye en el correspondiente Plan Estratégico Nacional de la Política
Agrícola Común (PAC) del Reino de España 2023-2027. Con este nuevo enfoque,
España, tras un análisis riguroso de la situación de partida, que ha permitido identificar y
priorizar las necesidades vinculadas a cada uno de estos objetivos, ha propuesto un Plan
Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) del Reino de
España 2023-2027, que tiene como objetivo el desarrollo sostenible de la agricultura, la
alimentación y las zonas rurales para garantizar la seguridad alimentaria de la sociedad
a través de un sector competitivo y un medio rural vivo.
Con el fin de poder realizar una correcta implantación y gestión del conjunto de
intervenciones que se incluyen en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola
Común (PAC) del Reino de España 2023-2027, se hace necesario disponer de las
adecuadas herramientas jurídicas que permitan una aplicación armonizada de todas las
medidas en el territorio nacional. A tal fin, durante el otoño de 2022 se han venido
aprobando diversos reales decretos en que se contienen las reglas a aplicar en las
intervenciones sectoriales de la PAC y otras disposiciones concomitantes, que se vienen
en completar ahora con la aprobación conjunta un paquete normativo que abarca los
principales aspectos relacionados con la aplicación de la PAC en nuestro país,
compuesto por diversos reales decretos que regulan de manera cohonestada los
aspectos necesarios para su aplicación: normas para la aplicación de las intervenciones
en forma de pagos directos, requisitos comunes y solicitud única; sistema de derechos
de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad; regulación de condicionalidad reforzada
y social; sistema integrado de gestión y control; y gobernanza de los fondos europeos
agrícolas. Este grupo normativo encuentra en su vértice la Ley 30/2022, de 23
de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y
otras materias conexas.
En dicho marco, este real decreto tiene por objeto establecer la normativa básica
reguladora de la condicionalidad de la PAC. Esta reforma de la PAC establece por
primera vez la condicionalidad social, que se basa en el cumplimiento de determinadas
obligaciones de las normas laborales aplicables y en las condiciones de trabajo y empleo
por parte de las personas beneficiarias de ayudas PAC. Por ello se hace necesario
establecer los procedimientos para que se puedan aplicar por parte de los organismos
pagadores las penalizaciones establecidas por los organismos responsables de control
con base en los incumplimientos detectados en los controles realizados por éstos, a
partir de su entrada en vigor en España el 1 de enero de 2024 conforme se dispone en
su normativa reguladora.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso derogar el Real Decreto 1078/2014, de 19 de
diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los
beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o
pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, y aprobar un
real decreto para aplicar la nueva legislación comunitaria al respecto.
Cabe señalar que todas las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC se han
diseñado en base a los criterios de coherencia y sinergia con los programas e iniciativas
europeas y nacionales en relación con el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad y la
mitigación y adaptación al cambio climático, lo que se ha plasmado en la evaluación
ambiental estratégica a que se ha sometido el Plan Estratégico, en el que se encuadra
esta norma.
cve: BOE-A-2022-23049
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 312
