BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 28 de diciembre de 2022

Sec. III. Pág. 188125

como se han definido se discrimina positivamente a las explotaciones más intensivas y
generadoras de impactos ambientales negativos y negativamente a las explotaciones
que forman parte de sistemas de alto valor natural. Las ayudas se definen por territorios
y se calculan de forma inercial.
La Dirección General de Medio Ambiente de Navarra señala que varias necesidades
medioambientales no quedan bien atendidas en el plan.
La Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de
Andalucía considera necesario matizar o redefinir las intervenciones en materia de aguas
teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas Europeo (2021) «Uso sostenible
del agua en la agricultura: probablemente, los fondos de la PAC favorecen un consumo
de agua mayor», así como la necesidad de incrementar el nivel de exigencia en relación
con la contaminación difusa por nitratos agrarios, en la línea del nuevo Real
Decreto 47/2022.
Las Direcciones Generales de Patrimonio Cultural de Murcia y del País Vasco
señalan ausencia de consideración en el Plan del patrimonio cultural, considerando
necesario incluir los regímenes de protección de los bienes culturales junto con las zonas
naturales protegidas, ya que algunos condicionan los usos agrarios.
SEO/Birlife indica que no se aprecia qué contribución va a hacer el Plan al
cumplimiento de la Directiva Marco de Agua, ni al Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima, ni al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Recalca la necesidad de
alinear mejor el plan con los objetivos del Pacto verde europeo, de asegurar la aplicación
de estos fondos públicos a objetivos públicos, de centrar los apoyos a las explotaciones
de mayor valor socioambiental (Sistemas de Alto Valor Natural - SAVN, producción
ecológica y RN2000), eliminar los subsidios perversos, aplicar mejor el principio de que
«quien contamina, paga», y mejorar la gobernanza del plan basándola en la
transparencia, la participación pública y la participación de las autoridades ambientales,
además de las agrarias. Con el apoyo previsto en el Plan a la agricultura ecológica,
planteado solo en el segundo pilar, considera imposible que España alcance el objetivo
de la Estrategia de la Granja a la Mesa de que al menos el 25% de las tierras agrícolas
de la UE se utilizarán en agricultura ecológica de aquí a 2030. También considera que
son insuficientes las intervenciones para satisfacer necesidades N6 (Mantener y mejorar
la heterogeneidad de los paisajes agrícolas y los elementos de conectividad entre
hábitats y espacios protegidos) y N9 (Compatibilizar la presencia de grandes carnívoros
que generan interacciones con impactos negativos con los aprovechamientos agrícolas y
ganaderos, de modo que disminuyan los conflictos y mejore la capacidad de
coexistencia). Y considera mejorable la relación del Plan con resto de planificación, en
particular con la ambiental. En este sentido, acusa la ausencia en este Plan de metas
medioambientales y climáticas cuantitativas, por lo que resulta imposible saber cómo las
inversiones programadas pueden contribuir a su logro. Señala que debería focalizarse el
diseño de las medidas en conseguir resultados, más que en cumplir compromisos, y que
el Plan debería estar mejor orientado a resultados. No se puede saber si su contribución
al medio ambiente superará o no a la de los planes del periodo anterior. En este sentido,
considera imprescindible marcar objetivos cuantitativos sobre superficie de agricultura
ecológica, reducción de emisiones, reducción de uso de fertilizantes y pérdida de
nutrientes, y de superficies y elementos de biodiversidad en el periodo. Algunas de estas
consideraciones son compartidas por SEO/Birdlife.
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) plantea la
necesidad de asegurar una mejor convergencia del Plan con los objetivos de la
Estrategia de la Granja a la Mesa, que son cuantitativos: asegurar que de aquí al 2030
se reduzca un 50% el uso y el riesgo de fitosanitarios, un 20% el uso de fertilizantes,
un 50% las ventas de antimicrobianos, un 50% el desperdicio de alimentos y alcanzar
un 25% de la SAU en producción ecológica.
Pacto por el Mar Menor señala la necesidad de incidir más en el objetivo de
reducción de la contaminación difusa de origen agrario (incluidos fitosanitarios) y en
lograr el buen estado en todas las masas de agua, y también aprecia una falta de

cve: BOE-A-2022-23029
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Núm. 311