BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 28 de diciembre de 2022

Sec. I. Pág. 185814

congelación del precio de la bombona de butano, la subvención de hasta un 30% de los
títulos transporte multiviaje de transporte público o previsiones orientadas a incrementar
el apoyo público al seguro agrario.
En cuarto lugar, Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, adoptó un conjunto de
medidas de cara al verano y otoño, orientadas a promover el ahorro energético y
contener la inflación, entre las que destaca la gratuidad del transporte público de media
distancia por ferrocarril y el incremento de la línea de ayudas directas para el transporte
urbano y por carretera. Mediante Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, se
acordó la bajada del IVA del gas natural.
Adicionalmente, el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, reforzó este catálogo
de medidas para reforzar el ahorro y preparar la economía española de cara al invierno.
Entre estas medidas, cabe señalar la posibilidad de que las comunidades de vecinos
puedan acogerse a la tarifa de último recurso de gas natural.
Estos cinco paquetes de medidas han supuesto un importante esfuerzo fiscal que se
ha cubierto sin menoscabo del cumplimiento de objetivos de reducción del déficit y la
deuda pública mediante una gestión eficiente del presupuesto aprobado. Durante 2022,
se han movilizado unos 30.000 millones de euros de recursos públicos para cubrir las
subvenciones al combustible y el transporte público, las bajadas de impuestos directos e
indirectos, proporcionar ayudas directas a las empresas, aumentar las prestaciones para
los colectivos más vulnerables (como el Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no
contributivas) y dar un cheque de apoyo a las familias de clase media.
La incertidumbre ligada a la duración de la guerra y a la persistencia de las presiones
al alza sobre los precios de los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios,
sigue afectando al conjunto de la economía europea y mundial.
Las medidas adoptadas hasta ahora han probado su eficacia atendiendo a la
evolución de la inflación y las principales variables económicas a lo largo del año. En
efecto, la inflación ha bajado cuatro puntos en cuatro meses desde el pico del mes de
julio, mientras que las medidas de apoyo a las familias de menor renta han permitido
compensar unos 3,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo, impidiendo un deterioro
de los indicadores de desigualdad. El descenso registrado desde el mes de agosto ha
colocado la tasa de inflación española por debajo de la media de la zona euro, mientras
que el mantenimiento hasta ahora de una senda de fuerte aumento de la actividad real y
del empleo, el sector exterior y la reducción del déficit y la deuda públicos, evidencian la
solidez de la economía española en este entorno exterior y energético tan complejo.
En los últimos meses los precios energéticos se han venido moderando, siendo
remplazados como factores de aumento del nivel general de precios por otros bienes
fundamentales como los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios. Este
aumento de precios, que se explica principalmente por el impacto de la guerra sobre
cadenas de suministro y producción globales y por los aumentos previos del precio de la
energía, es especialmente relevante en los alimentos, existiendo productos de primera
necesidad, como la harina, la mantequilla o el azúcar que han experimentado
incrementos cercanos al 40% interanual. Además, aunque recientemente se ha venido
moderando el precio del gas natural y los carburantes, persisten importantes elementos
que pueden llevar a que se revierta esta tendencia durante 2023.
En este escenario, resulta necesario seguir adoptando medidas para evitar que se
produzca un efecto rebote de la inflación a la vez que se protege a los colectivos más
afectados y vulnerables, todo ello sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos
fiscales para 2023.
Para ello, con este real decreto-ley se adopta un sexto paquete de medidas,
movilizando unos 10.000 millones de euros de recursos públicos para articular la
respuesta de política económica frente a la guerra de Ucrania a partir del 1 de enero
de 2023, adaptándola al contexto de inflación actual, concentrando su actuación en los
colectivos vulnerables del incremento en el precio de los alimentos y otros bienes de
primera necesidad y en los sectores más afectados por la subida de la energía. En

cve: BOE-A-2022-22685
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Núm. 311