I. Disposiciones generales. JEFATURA DEL ESTADO. Medidas urgentes. (BOE-A-2022-22685)
Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 28 de diciembre de 2022
Sec. I. Pág. 185829
reducción de los costes en la fabricación y comercialización del vehículo eléctrico, y sin
duda será un factor de competitividad del sector. Por ello, el posicionamiento de España
en el sector de automoción en los próximos años depende significativamente de tener un
suministro de baterías garantizado, estable, y con los menores costes posibles. Y dadas
las condiciones actuales geopolíticas, económicas, y de escasez de plantas
suministradoras, urge dotar de elementos de apoyo para que España tenga asegurada la
fabricación de baterías que asegure al menos una parte sustantiva de la demanda
nacional.
La Comunitat Valenciana tiene una importante aportación al sector del automóvil. El
sector representa en torno al 6% de la población activa de dicha Comunidad, y cerca
del 5% de este empleo es de «Alta Intensidad Tecnológica». Adicionalmente, es un punto
neurálgico para el desarrollo del sector por su buena comunicación con otros centros de
producción de automóviles, uno de los cuales se ubica en la propia Comunidad. También
es de destacar la situación estratégica que facilita los intercambios comerciales con
terceros países.
Por tanto, es necesario apoyar a la Comunitat Valenciana, a través de una ayuda
de 90 millones de euros, para facilitar que se realicen las inversiones en su territorio
orientadas a la construcción de una fábrica de baterías, con un alto estándar de
protección al medioambiente y eficiencia energética, y un alto grado de innovación, de
forma que globalmente el sector avance en la senda de la doble transición verde y
digital.
Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia que la innovación dentro del sector
juega un importante rol en la competitividad del sector para mantener la competitividad
del ecosistema de producción de vehículos eléctricos, las políticas públicas deben
fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, la actividad innovadora, la generación de
alto valor añadido, considerando en cualquier caso la mejora de la eficiencia y del ahorro
de energía, control de las emisiones de CO2 y reducción de la dependencia de los
combustibles fósiles.
La necesidad de que esta importante innovación sea considerada en las inversiones
productivas que pueda realizar el sector industrial en España, motiva la aprobación de un
crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
para 2023, por importe de 40 millones de euros.
Además, se modifica la disposición transitoria cuarta.6 del texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
junio, con la finalidad de prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2023, lo establecido en la
misma, en relación con la jubilación parcial de los trabajadores de la industria
manufacturera, lo que resulta urgente, dado el plazo de aplicación de la disposición en
vigor, para dar certeza y seguridad jurídica a los incluidos dentro de su ámbito de
aplicación.
En otro orden de cosas, a través del artículo 18 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28
de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia, derogado y sustituido por el artículo 13 de la
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se acordó una
moratoria contable para excluir las pérdidas de 2020 a los efectos de la determinación de
causas de disolución de sociedades de capital.
Gracias a dicha medida se ha logrado evitar la liquidación de empresas que
resultaban viables en unas condiciones de funcionamiento de mercado normales, lo que
hubiera provocado un escenario indeseable tanto sobre la estabilidad económica como
sobre la preservación del valor económico de las empresas y los puestos de trabajo. La
medida se ha mostrado como un gran acierto que ha ayudado a limitar el impacto
económico de la crisis sanitaria al permitir ganar tiempo a las empresas, acceder a
financiación, pública o privada, e ir recuperando su actividad ordinaria.
cve: BOE-A-2022-22685
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 311
Miércoles 28 de diciembre de 2022
Sec. I. Pág. 185829
reducción de los costes en la fabricación y comercialización del vehículo eléctrico, y sin
duda será un factor de competitividad del sector. Por ello, el posicionamiento de España
en el sector de automoción en los próximos años depende significativamente de tener un
suministro de baterías garantizado, estable, y con los menores costes posibles. Y dadas
las condiciones actuales geopolíticas, económicas, y de escasez de plantas
suministradoras, urge dotar de elementos de apoyo para que España tenga asegurada la
fabricación de baterías que asegure al menos una parte sustantiva de la demanda
nacional.
La Comunitat Valenciana tiene una importante aportación al sector del automóvil. El
sector representa en torno al 6% de la población activa de dicha Comunidad, y cerca
del 5% de este empleo es de «Alta Intensidad Tecnológica». Adicionalmente, es un punto
neurálgico para el desarrollo del sector por su buena comunicación con otros centros de
producción de automóviles, uno de los cuales se ubica en la propia Comunidad. También
es de destacar la situación estratégica que facilita los intercambios comerciales con
terceros países.
Por tanto, es necesario apoyar a la Comunitat Valenciana, a través de una ayuda
de 90 millones de euros, para facilitar que se realicen las inversiones en su territorio
orientadas a la construcción de una fábrica de baterías, con un alto estándar de
protección al medioambiente y eficiencia energética, y un alto grado de innovación, de
forma que globalmente el sector avance en la senda de la doble transición verde y
digital.
Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia que la innovación dentro del sector
juega un importante rol en la competitividad del sector para mantener la competitividad
del ecosistema de producción de vehículos eléctricos, las políticas públicas deben
fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, la actividad innovadora, la generación de
alto valor añadido, considerando en cualquier caso la mejora de la eficiencia y del ahorro
de energía, control de las emisiones de CO2 y reducción de la dependencia de los
combustibles fósiles.
La necesidad de que esta importante innovación sea considerada en las inversiones
productivas que pueda realizar el sector industrial en España, motiva la aprobación de un
crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
para 2023, por importe de 40 millones de euros.
Además, se modifica la disposición transitoria cuarta.6 del texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
junio, con la finalidad de prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2023, lo establecido en la
misma, en relación con la jubilación parcial de los trabajadores de la industria
manufacturera, lo que resulta urgente, dado el plazo de aplicación de la disposición en
vigor, para dar certeza y seguridad jurídica a los incluidos dentro de su ámbito de
aplicación.
En otro orden de cosas, a través del artículo 18 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28
de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia, derogado y sustituido por el artículo 13 de la
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se acordó una
moratoria contable para excluir las pérdidas de 2020 a los efectos de la determinación de
causas de disolución de sociedades de capital.
Gracias a dicha medida se ha logrado evitar la liquidación de empresas que
resultaban viables en unas condiciones de funcionamiento de mercado normales, lo que
hubiera provocado un escenario indeseable tanto sobre la estabilidad económica como
sobre la preservación del valor económico de las empresas y los puestos de trabajo. La
medida se ha mostrado como un gran acierto que ha ayudado a limitar el impacto
económico de la crisis sanitaria al permitir ganar tiempo a las empresas, acceder a
financiación, pública o privada, e ir recuperando su actividad ordinaria.
cve: BOE-A-2022-22685
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 311
