BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 28 de diciembre de 2022

Sec. I. Pág. 185984

ley de 2011, vigentes con rango reglamentario. No obstante, la Ley 22/2011, de 28 de
julio, preveía en su disposición transitoria cuarta, que los sistemas integrados de gestión
de residuos existentes a su entrada en vigor se regirían por lo previsto en la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y en las normas reguladoras de cada flujo de
residuos en tanto no entraran en vigor las normas que adaptaran las citadas
disposiciones reguladoras al nuevo marco sobre responsabilidad ampliada del productor.
Por último, con la aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular, que deroga la Ley 22/2011, de 28 de julio, se
establecen los requisitos mínimos obligatorios que deben aplicarse en el ámbito de la
responsabilidad ampliada del productor, transponiendo la Directiva (UE) 2018/851 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Esta ley incorpora además a nuestro
ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de
plástico en el medio ambiente, la cual incluye disposiciones específicas para
determinados envases fabricados de plástico.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, prevé en su disposición transitoria segunda, que los
sistemas integrados de gestión de residuos existentes a su entrada en vigor se regirán
por lo previsto en las normas reguladoras de cada flujo de residuos. No obstante, estos
sistemas deberán adaptarse a lo establecido en esta ley en el plazo de un año desde
que entren en vigor las normas que adapten las citadas disposiciones reguladoras al
nuevo marco sobre responsabilidad ampliada del productor.
II
El modelo de gestión establecido en la Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de diciembre, se ha visto necesariamente alterado por dos de las
cuatro directivas de la Unión Europea aprobadas en el marco del primer Plan de Acción
de la Comisión Europea para la Economía Circular, destinadas a adecuar la legislación
de residuos a los retos del futuro, contribuyendo a evitar la generación de los residuos y
a intensificar su reciclado. En concreto, por la Directiva (UE) 2018/851, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE
sobre los residuos, más conocida como Directiva Marco de Residuos, y por la Directiva
(UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la
que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases,
orientada hacia la prevención como vía más eficaz para mejorar la eficiencia en la
utilización de los recursos y reducir el impacto medioambiental de los mismos.
Entre las modificaciones introducidas en la Directiva Marco de Residuos, destaca la
inclusión de un nuevo artículo sobre los requisitos mínimos que deben cumplir todos los
regímenes de responsabilidad ampliada del productor que se establezcan en la Unión
Europea. Uno de esos requisitos mínimos es la financiación por parte de los productores
de producto, de la gestión de los residuos generados por los productos que ponen en el
mercado, incluyendo los costes derivados de la recogida separada de dichos residuos,
su posterior transporte, así como su tratamiento para alcanzar los objetivos de gestión de
la Unión Europea y otros objetivos y metas que pudieran establecerse, tomando en
consideración los ingresos derivados, en su caso, de la reutilización, de las ventas de
materias primas secundarias de sus productos y las cuantías de los depósitos no
reclamadas. Hasta ahora, los sistemas integrados de gestión únicamente estaban
obligados a compensar a las entidades locales por la diferencia entre el coste del
sistema ordinario de recogida, transporte y tratamiento de los residuos en vertedero
controlado, de conformidad con la entonces vigente Ley 42/1975, de 19 de noviembre,
sobre desechos y residuos sólidos urbanos, y el sistema de gestión regulado en la
Ley 11/1997, de 24 de abril, que incluía la recogida separada, transporte hasta los
centros de separación y clasificación o, en su caso, directamente a los de reciclado o

cve: BOE-A-2022-22690
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 311