BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 28 de diciembre de 2022

Sec. I. Pág. 185774

coordinación de la planificación general de la actividad económica (13.ª) y bases de
régimen minero y energético (25.ª).
Todo este acervo constitucional, como se ha anticipado, demanda una acción eficaz
de los poderes públicos a los efectos de mitigar los efectos nocivos que esta escalada de
precios está teniendo en la renta disponible de los individuos y el acceso a determinados
bienes y servicios por la ciudadanía, especialmente, aquellos colectivos que se
encuentran en una situación más vulnerable.
En este orden de cosas, el denominado «pacto de rentas» se convierte en un
instrumento fundamental para luchar contra los efectos del incremento continuado de
precios y conseguir los objetivos constitucionales señalados, suponiendo dicho pacto
una fórmula de concertación de todos los agentes económicos para el reparto equitativo
del coste de la inflación. Desde esta óptica, el referido «pacto» no es sino una
manifestación evidente de la búsqueda de la consecución del valor de la solidaridad
entre todos los españoles.
En este contexto, los poderes públicos deben ser una parte fundamental en dicho
«pacto de rentas», no solo favoreciendo como coadyuvante la concertación entre los
denominados agentes sociales, ya que, no en vano, dicho pacto se instrumenta
esencialmente a través del acuerdo de los mismos, sino también como actor esencial
mediante la adopción de determinadas medidas económicas inscritas en dicho «pacto de
rentas» entendido en sentido amplio, actuando como catalizador en su consecución. En
este sentido, hay que interpretar las medidas que se instrumentan a través de la
presente norma.
En efecto, se ha evidenciado que la inflación constituye el principal riesgo para la
economía europea y también para la española. La invasión de Ucrania, unida a los
problemas de oferta y de suministro derivados de la pandemia, ha provocado una espiral
de precios cuya persistencia ha obligado a revisar a la baja las previsiones
macroeconómicas para 2022 y 2023.
En el contexto actual, los costes que origina la inflación en la sociedad han de ser
repartidos equitativamente mediante un pacto de rentas.
Hay que considerar que los salarios están creciendo por debajo de la inflación
lastrando la capacidad de compra de los hogares, mientras que los beneficios
empresariales en los sectores cuyos márgenes se ven más favorecidos por el aumento
de los precios se están incrementando o existen claras perspectivas de que lo hagan.
El aumento de los salarios en el marco de la negociación colectiva es el principal
instrumento del pacto de rentas puesto que reduce la pérdida de poder adquisitivo de los
hogares a la par que modera los beneficios empresariales y, por tanto, la retribución del
capital.
A este respecto, en el Informe mensual de ventas, salarios y empleo del mes de
mayo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se constata un incremento del
rendimiento salarial medio bruto del 3,6 %, aunque esta tasa no refleja tan solo
incrementos retributivos por actualización anual de los salarios. Así, el Ministerio de
Trabajo y Economía Social constata una subida media pactada en los Convenios
del 2,4 %, claramente inferior al porcentaje anterior.
A efectos de dar profundidad al pacto de rentas es clave la adopción por los poderes
públicos de medidas para el sostenimiento de los ingresos reales de los más
vulnerables, como el aumento del Ingreso Mínimo Vital y de otras prestaciones
monetarias, el compromiso de revalorización de las pensiones y el establecimiento de
ayudas directas a trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas. Las
ayudas también se extienden a los sectores económicos más afectados por la escalada
de precios, ya que en estos casos sus márgenes comerciales, en lugar de mantenerse o
aumentar, se pueden estar reduciendo, como sucede en el sector agrario y pesquero, el
sector del transporte y las industrias intensivas en el uso de gas.
Estas medidas, unidas a la aprobación de medidas más generales dirigidas a reducir
la inflación como la bonificación del precio de los carburantes y la reducción de los
impuestos que gravan los consumos energéticos, articuladas mediante los Reales

cve: BOE-A-2022-22684
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Núm. 311