I. Disposiciones generales. JEFATURA DEL ESTADO. Legislación penal. (BOE-A-2022-21800)
Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307
Viernes 23 de diciembre de 2022
Trece.
Sec. I. Pág. 179586
Se modifica el artículo 400, que queda redactado como sigue:
«Artículo 400.
La fabricación, recepción, obtención, tenencia, distribución, puesta a disposición
o comercialización de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas
informáticos, aparatos, elementos de seguridad o cualquier otro medio diseñado o
adaptado específicamente para la comisión de los delitos descritos en los capítulos
anteriores, se castigarán con la pena señalada en cada caso para los autores.»
Catorce.
Se modifica el artículo 432, que queda redactado como sigue:
«Artículo 432.
1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare
o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público
que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas,
será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial
para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación
absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos que se refieren en el
apartado anterior hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:
a) se hubiera causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público,
b) el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere
de 50.000 euros,
c) las cosas malversadas fueran de valor artístico, histórico, cultural o
científico; o si se tratare de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
Si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere
de 250.000 euros, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior,
pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
3. Los hechos a que se refiere el presente artículo serán castigados con una
pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y
en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de
sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el
valor del patrimonio público sea inferior a 4.000 euros.»
Quince.
Se introduce un nuevo artículo 432 bis, con la siguiente redacción:
La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a
usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones
o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres
años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años.
Si el culpable no reintegrara los mismos elementos del patrimonio público
distraídos dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le
impondrán las penas del artículo anterior.»
Dieciséis.
Se modifica el artículo 433, que queda redactado como sigue:
«Artículo 433.
La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos
anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública
diferente de aquélla a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión
cve: BOE-A-2022-21800
Verificable en https://www.boe.es
«Artículo 432 bis.
Núm. 307
Viernes 23 de diciembre de 2022
Trece.
Sec. I. Pág. 179586
Se modifica el artículo 400, que queda redactado como sigue:
«Artículo 400.
La fabricación, recepción, obtención, tenencia, distribución, puesta a disposición
o comercialización de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas
informáticos, aparatos, elementos de seguridad o cualquier otro medio diseñado o
adaptado específicamente para la comisión de los delitos descritos en los capítulos
anteriores, se castigarán con la pena señalada en cada caso para los autores.»
Catorce.
Se modifica el artículo 432, que queda redactado como sigue:
«Artículo 432.
1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare
o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público
que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas,
será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial
para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación
absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos que se refieren en el
apartado anterior hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:
a) se hubiera causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público,
b) el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere
de 50.000 euros,
c) las cosas malversadas fueran de valor artístico, histórico, cultural o
científico; o si se tratare de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
Si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere
de 250.000 euros, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior,
pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
3. Los hechos a que se refiere el presente artículo serán castigados con una
pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y
en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de
sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el
valor del patrimonio público sea inferior a 4.000 euros.»
Quince.
Se introduce un nuevo artículo 432 bis, con la siguiente redacción:
La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a
usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones
o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres
años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años.
Si el culpable no reintegrara los mismos elementos del patrimonio público
distraídos dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le
impondrán las penas del artículo anterior.»
Dieciséis.
Se modifica el artículo 433, que queda redactado como sigue:
«Artículo 433.
La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos
anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública
diferente de aquélla a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión
cve: BOE-A-2022-21800
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«Artículo 432 bis.
