BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 21 de diciembre de 2022

Sec. I. Pág. 178600

país acomete una serie de reformas e inversiones que tienen como finalidad la
prestación eficiente de los servicios públicos como factor de productividad, crecimiento y
bienestar. De esta forma, cualquier proceso de modernización de las administraciones
públicas ha de contar necesariamente con el refuerzo de la evaluación de políticas
públicas y la consolidación de una metodología común de evaluación de políticas
públicas.
En este sentido, no se parte de cero, dado que como antes se ha puesto de
manifiesto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, cuenta con
dilatada experiencia en la evaluación ex post de revisión del gasto público. Con esta ley
se pretende ampliar estos enfoques y dar un carácter transversal a la evaluación de
políticas públicas.
La Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas encuentra su
encaje en la Reforma 1 del Componente 11, concretamente en la Estrategia para reforzar
el sistema público de evaluación en las administraciones públicas. En ella se especifica
que se aprobará una norma con rango de ley para implantar en la Administración
General del Estado la evaluación sistemática de políticas públicas y la creación de un
organismo con alto grado de autonomía, a partir del actual Instituto para la Evaluación de
Políticas Públicas. La aprobación de la ley de evaluación de políticas públicas constituye
el hito CID 146.
La entrada en vigor de esta norma supone el primer paso de la futura Estrategia para
reforzar el sistema público de evaluación en las administraciones públicas recogida en el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el instrumento necesario
a partir del cual las demás medidas pueden materializarse. Asimismo, aun
circunscribiendo su ámbito subjetivo de aplicación a la Administración General del
Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, tiene la vocación de servir
como referente en lo relativo a los conceptos y características generales en materia de
evaluabilidad y evaluación de políticas públicas, ya sea ex ante, intermedia o ex post.
También, de acuerdo con la misma, se autoriza la creación de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas con la finalidad de asegurar una calidad homogénea en
la práctica de la evaluación, mediante metodologías rigurosas e impulsando un sistema
de indicadores comunes.
IV
La pandemia ha puesto de manifiesto el papel clave, esencial e insustituible del
Estado para dar una respuesta eficaz desde los servicios públicos en entornos de
enorme incertidumbre y ha supuesto un ejemplo paradigmático de que el fin último de las
administraciones públicas es servir a los ciudadanos y ciudadanas, garantizar sus
derechos y libertades y ofrecer servicios y prestaciones públicas acordes a una sociedad
cohesionada y justa, vertebrando el modelo de Estado autonómico y del bienestar en el
conjunto del país.
En este nuevo escenario, existen una serie de valores y retos que España comparte
con los países de nuestro entorno. Como muestra de ello, la Declaración de Estrasburgo
suscrita el 17 de marzo de 2022 reconoce la existencia de valores y retos comunes de
las administraciones públicas en la Unión Europea, entre los que se encuentra la
existencia de unos servicios públicos transparentes y resilientes que respondan a las
expectativas de la ciudadanía.
Por tanto, en el momento actual, el valor público es una de las palancas de cambio
que ha de guiar el proceso de transformación de la administración y comprende una
visión transversal con enfoque en los derechos y libertades de la ciudadanía, bajo una
mirada global, sistémica y holística.
El valor público está intrínsecamente unido a los objetivos finales que pretende esta
norma que son: optimizar el proceso de toma de decisiones públicas, impulsar la
innovación en la actuación del sector público, colaborar para que el sector público estatal

cve: BOE-A-2022-21677
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Núm. 305