BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293

Miércoles 7 de diciembre de 2022

Sec. III. Pág. 168071

parte, el anexo VI contempla un modelo de Declaración de Ausencia de Conflicto de
Interés (DACI), con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, y proteger los intereses financieros de la Unión. Finalmente, el anexo VII
recoge un modelo de compromiso expreso de concesión, por parte del beneficiario, de
los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía
Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias
comprobación y control que les correspondan.
VII
El artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, regula los principios de buena regulación, a los
que deben sujetarse las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa
legislativa y la potestad reglamentaria. La presente norma responde a todos los
principios enunciados en el citado artículo.
De acuerdo al principio de necesidad, las ayudas, cuya convocatoria la norma regula,
responden al impulso de las inversiones privadas para avanza hacia un modelo
productivo más limpio y sostenible.
En cuanto al principio de transparencia, las presentes bases reguladoras han sido
objeto de participación pública y los criterios de evaluación de las solicitudes son
públicos y objetivos. En virtud del principio de eficiencia, se han diseñado unas bases
reguladoras que serán comunes al resto de convocatorias que se incardinen dentro del
PERTE en EC.
Por último, esta orden asegura el principio de seguridad jurídica disponiendo de
todos los informes jurídicos preceptivos para su aprobación. De acuerdo con lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha sido
objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada
de la Intervención General del Estado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.
En la elaboración de la presente orden se ha consultado a las comunidades
autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y a la Federación Española de Municipios y
Provincias.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Bases reguladoras para la concesión de ayudas al impulso de la economía circular
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Objeto y finalidad.

1. Mediante esta orden se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos y
actuaciones que contribuyan de forma sustancial a la transición hacia una economía circular.
2. La finalidad de estas ayudas es fomentar la sostenibilidad y circularidad de los
procesos industriales y empresariales para mejorar la competitividad e innovación del
tejido industrial en el marco de una economía circular, que supere el anterior modelo de
producción lineal.
3. Las ayudas que se financien con arreglo a esta orden se enmarcan en la inversión
C12.I3 «Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular
y a la normativa de residuos» del Componente 12 «Política Industrial de España 2030», del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR) del Gobierno de
España, y de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y

cve: BOE-A-2022-20700
Verificable en https://www.boe.es

Artículo 1.