BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 23 de noviembre de 2022

Sec. I. Pág. 159817

particularmente a las personas del Norte de África no mediterránea, de origen magrebí y
a la población gitana. Es por ello que la política aceleradora del reto país 1 de esta
Estrategia, centrada en la transición social, recoge como prioridades de actuación, entre
otras, las políticas de vivienda con especial atención a colectivos que residen en
asentamientos, así como garantizar el acceso universal a los suministros básicos como
parte del contenido del Derecho Humano a la Vivienda.
La aspiración a lograr todas estas metas contrasta con la realidad que vive, a día de
hoy, la población trabajadora temporera en los municipios de Lepe y de Moguer, en los
que la exclusión y la ausencia de espacios de salubridad y de servicios públicos se
ciernen sobre el colectivo que reside en estos asentamientos, generando una situación
de extrema precariedad que contraviene el compromiso de España con el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las obligaciones derivadas de los distintos
tratados internacionales en materia de promoción y protección de los derechos humanos
ratificados por España.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de
Estado para la Agenda 2030, es responsable de la propuesta y ejecución de la política
del Gobierno en materia de impulso, seguimiento y cooperación para la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales. Este real decreto establece, en su artículo 6.2.b), la
función de colaboración con todas las Administraciones Públicas para el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Este mandato de colaboración con todas las administraciones públicas resulta
coherente con la importancia concedida al papel que desempeñan las autoridades
locales en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1 al
establecer que «los gobiernos y las instituciones públicas también colaborarán
estrechamente en la implementación con las autoridades regionales y locales». Una
colaboración que se enmarca en los denominados procesos de localización de la
Agenda 2030, en base a los cuales, las Entidades Locales integrarían los principios y
objetivos de dicha agenda internacional en el ciclo completo de las políticas públicas de
nivel local y atenderían, de forma prioritaria, las necesidades de aquellos colectivos y
grupos de población que se encuentran en peor situación para no dejar a nadie atrás.
En coherencia con todo lo anterior, la Secretaría de Estado para la Agenda 2030
coordinó el proceso que desembocó en la aprobación de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2030, cuya implementación invoca y requiere, por tanto, de la coordinación y
cooperación con los distintos niveles de la Administración pública a través de iniciativas
enmarcadas en el ámbito de la localización de la Agenda 2030.
A tal efecto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de su
Secretaría de Estado para la Agenda 2030, ha desplegado una línea de trabajo dirigida a
apoyar los esfuerzos de las entidades locales en materia de impulso de políticas locales
para el desarrollo sostenible y de localización de la Agenda 2030, con reflejo
presupuestario en su Programa 921Y y que, asimismo, contempla la atención directa de
aquellas situaciones que claramente alejen a España del cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible conforme a los señalamientos realizados por los órganos de las
Naciones Unidas, incluidos sus procedimientos especiales. Unas actuaciones que
continuarán siendo desplegadas en ejercicios sucesivos y que, atendiendo a estrictos
criterios de urgencia y gravedad social, requieran del concurso de la Administración
General del Estado en su solución.
En definitiva, la ejecución de programas de realojo e inclusión social para personas
trabajadoras temporeras de asentamientos irregulares en los municipios de Lepe y de
Moguer se encuentra en estrecho vínculo con las competencias que se otorgan a la
Secretaría de Estado para la Agenda 2030, pues la puesta en marcha de estos
programas permitirá, de manera inequívoca, el impulso y avance en la implementación y

cve: BOE-A-2022-19410
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Núm. 281