BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 281

Miércoles 23 de noviembre de 2022

Sec. I. Pág. 159756

especificará los extremos que deben quedar acreditados en la memoria explicativa
respecto de las circunstancias que justifican dicha modalidad de subvención.»
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa
legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia.
La adecuación de esta norma a los principios de necesidad y eficacia deriva de la
defensa del interés general, materializado en la necesidad de mejorar las posibilidades
de inserción futura de las personas desempleadas, el mantenimiento y promoción en el
empleo de las personas trabajadoras ocupadas y la contribución a la cobertura de
vacantes en diversos sectores del tejido productivo en España.
Esta norma responde al principio de proporcionalidad conteniendo la regulación
imprescindible para garantizar que se alcance el objetivo de realizar actuaciones
dirigidas a la mejora de la cualificación profesional de las personas trabajadoras
ocupadas y desempleadas, y a la mejora de la adecuación cuantitativa y cualitativa de la
oferta y demanda de empleo.
La norma se adecúa al principio de seguridad jurídica, debido a que requiere aplicar
lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, y es coherente con el resto del ordenamiento
jurídico nacional y de la Unión Europea, y en particular con la legislación presupuestaria.
De la misma manera en aplicación del principio de transparencia se han definido
claramente el alcance y objetivo; y de acuerdo con el principio de eficiencia, se
contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª
y 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las
comunidades autónomas, y la competencia exclusiva para regular las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de noviembre de 2022,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Objeto.

1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter
excepcional y por razones de interés público de las aportaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal, destinadas a la ejecución para 2022 de proyectos para la «Adquisición
de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva» que incluye
el proyecto «Financiación de formación (microcréditos)», derivados de lo dispuesto en el
Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con
la dotación presupuestaria que se asigne a tal fin.
2. Este real decreto regula la concesión directa de subvenciones de los proyectos
para la «Financiación de formación (microcréditos)», que es uno de los proyectos
incluidos en la Inversión 3, «Adquisición de nuevas competencias para la transformación
digital, verde y productiva» comprendida en el Componente 23 «Nuevas políticas
públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas subvenciones, de acuerdo con lo
recogido en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para 2022,
serán objeto de financiación mediante los recursos financieros derivados del Instrumento
Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), a través del Mecanismo de

cve: BOE-A-2022-19404
Verificable en https://www.boe.es

Artículo 1.