BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 18 de noviembre de 2022

Sec. TC. Pág. 157732

promoción profesional, y el tiempo servido en puestos a los que el citado personal
funcionario se haya adscrito provisionalmente se computará para la adquisición,
reconocimiento y consolidación del grado personal».
d) Por último, el letrado-secretario general del Parlamento de Canarias niega que el
precepto cuestionado vulnere la normativa básica estatal en materia de régimen
estatutario de los funcionarios públicos.
Sostiene que, conforme a la doctrina constitucional, la atribución de carácter básico a
normas reglamentarias debe entenderse como netamente excepcional, y que la
exigencia de que la regulación del estatuto funcionarial se realice a través de normas con
rango de ley deriva, adicionalmente, del art. 103.3 CE. Reconoce que, a tenor de la
STC 99/1987, el régimen básico de los funcionarios incluye la regulación de las
condiciones de promoción en la carrera administrativa y de las situaciones que en esta
puedan darse, pero mantiene que la normativa que el Estado apruebe al respecto habrá
de ostentar rango de ley y que tal normativa no será básica porque así lo decida el
legislador estatal, sino porque así lo constate el Tribunal Constitucional.
Señala a continuación que la legislación básica estatal, plasmada actualmente en el
texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, ha optado por un
modelo menos uniformizado de función pública, optando por remitir la regulación de la
carrera funcionarial prácticamente en su integridad a la legislación de desarrollo. Señala
que el mencionado texto refundido separa claramente los procedimientos de acceso a la
condición de funcionario de carrera (título IV, capítulo I) de los de provisión de puestos
(título V, capítulo III), como ya lo hacían los arts. 19 y 20 de la Ley 30/1984. Indica que el
destino inicial, una vez superadas las pruebas selectivas de acceso, es un primer
escalón en la progresión profesional, y que la convocatoria de acceso no se dirige a la
cobertura de concretos y singulares puestos de trabajo, sino al acceso a cuerpos y
escalas dentro de la administración. De manera que la adjudicación de destinos se
referiría a la «provisión» de puestos, y no al «ingreso» en la carrera funcionarial,
conceptos estos que no son equiparables.
Subraya la improcedencia de deducir las bases de normas meramente
reglamentarias, como lo sería el Reglamento general de ingreso aprobado por el Real
Decreto 364/1995, cuando el legislador estatal postconstitucional ha tenido la
oportunidad de establecer de manera completa e innovadora las bases sobre la materia.
Y, en este sentido, observa que el propio Reglamento, en su art. 1, acota su ámbito de
aplicación a los funcionarios de la administración general del Estado y sus organismos
autónomos, sin que en ningún pasaje de su texto se aluda a su supuesta condición de
normativa básica, sino todo lo más a su condición de normativa supletoria (art. 1.3). Cita
también doctrina constitucional acerca del concepto material de lo básico y de la
necesidad de que el Tribunal Constitucional controle «todo intento de expansión ad
libitum del propio poder estatal […] en los supuestos en que incurra en el intento de
vaciamiento de las posibilidades de desarrollo por parte de los poderes de las
comunidades autónomas».
8. El mismo día 27 de mayo de 2022 tuvo asimismo entrada en el registro general
de este tribunal escrito del secretario del Gobierno de Canarias por el que se comunica
el acuerdo, adoptado por dicho Gobierno, de personación y formulación de alegaciones
en el presente proceso constitucional y de asignación de su representación y defensa
ante el Tribunal Constitucional a la Viceconsejería de los Asuntos Jurídicos del Gobierno
de Canarias. En el mismo trámite, se registró el escrito de alegaciones del letrado del
servicio jurídico del Gobierno de Canarias interesando, también este caso, la
desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad. Las alegaciones formuladas son,
expuestas brevemente, las siguientes:
a) Señala, en primer lugar, que el precepto cuestionado se fundamenta en la
inaplazable necesidad de conciliar los intereses de quienes son ya funcionarios y los que
acceden a la función pública canaria en virtud de las ofertas de empleo público a las que
se refiere dicho precepto. La norma habilita a que, tras la conclusión del proceso

cve: BOE-A-2022-19084
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Núm. 277