BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 18 de noviembre de 2022

Sec. TC. Pág. 157731

constitucionalidad es el de la razonabilidad, proporcionalidad y adecuación. Indica que
en modo alguno se puede reprochar al legislador canario el hacer frente a una situación
real que afecta a la organización de la función pública mediante una solución coyuntural.
Señala que las normas aprobadas por el legislador pueden ser modificadas en cualquier
momento y que, en consecuencia, la mera diferencia de trato en el tiempo por sucesivas
opciones del legislador no supone una infracción de la igualdad.
b) En segundo lugar, el representante del Parlamento de Canarias se refiere a la
justificación de la disposición legal impugnada. Señala que no es asumible, y que
constituye un juicio de valor contrario a la división de poderes, la valoración contenida en
el auto de planteamiento según la cual las dificultades en el ámbito de la gestión de la
función pública canaria se derivarían de incumplimientos e ilegalidades atribuibles a la
propia administración autonómica. Igualmente considera una conjetura inaceptable la
afirmación del auto de planteamiento según la cual la finalidad de la norma sería la de
persistir en la no convocatoria de los concursos de traslados periódicos «y seguir
afrontando los problemas que de ello se deriven con sucesivas leyes medidas similares a
la cuestionada, de manera que periódicamente los opositores a la administración pública
canaria se verían sometidos a regímenes singulares y diferenciados de los funcionarios
ya ingresados, superponiéndose sucesivos estatutos jurídicos».
Recuerda que la finalidad de la norma consiste en conciliar dos intereses
contrapuestos, a saber, «las legítimas expectativas de movilidad, promoción profesional
y carrera administrativa de los funcionarios y las funcionarias de carrera existentes en la
administración autonómica» y las «no menos legítimas expectativas de acceso a los
empleos públicos por parte de los funcionarios y las funcionarias de nuevo ingreso». E
indica que tal justificación fue avalada por el dictamen del Consejo Consultivo 379/2019,
de 23 de octubre de 2019, que tenía por objeto el Decreto-ley del Gobierno de
Canarias 6/2019, de 10 de octubre, que luego ha devenido en la cuestionada
Ley 18/2019.
c) A continuación, el representante del Parlamento de Canarias se refiere a la
supuesta vulneración del derecho de los funcionarios de nuevo ingreso a ser adscritos a
un destino definitivo en su primer nombramiento.
Por una parte, niega la existencia de tal derecho individual, señalando que «la
doctrina viene afirmando que el funcionario público es titular del derecho al cargo, es
decir, del derecho a no ser privado de la condición de funcionario, pero no es en cambio
titular del derecho a obtener un destino concreto». Sostiene, con cita de la STS de 10 de
diciembre de 2007 (recurso de casación 9458-2004), que es nula la actuación
administrativa que oferta a los aspirantes de nuevo ingreso destinos que no habían sido
objeto de previo concurso de traslado entre los ya funcionarios, porque debilita
seriamente la efectividad de los principios de mérito y capacidad, al impedir que
funcionarios de mayor antigüedad y experiencia puedan acceder a tales plazas, a las
que sí pueden acceder los que acaban de ingresar. Concluye que solo mediante una
medida como la cuestionada es posible conciliar los intereses del personal funcionario de
nuevo ingreso con la carrera profesional de quienes ya lo son con anterioridad, y que
nada impide al legislador disponer que los funcionarios recién ingresados tengan una
adscripción de carácter provisional.
De otro lado, indica que la «imposibilidad de la adscripción provisional como primer
destino» que asume el auto de planteamiento está basada en el entendimiento de que
los puestos que se desempeñan en adscripción provisional no sirven a los efectos de la
consolidación del grado personal, lo cual sería incorrecto. Según el letrado del
Parlamento de Canarias, la consolidación del grado personal es aplicable no solo a los
funcionarios de carrera sino también a los interinos, como ha señalado la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y, si ello es así para los interinos, con
mayor razón habría que entender que lo será también para los funcionarios de carrera
recién ingresados y en expectativa de destino definitivo. Pero, además, el precepto
cuestionado es claro al indicar que la antigüedad de los afectados «será computada
desde la fecha de su toma de posesión, a todos los efectos, tanto retributivos como de

cve: BOE-A-2022-19084
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Núm. 277