III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Administraciones Públicas. (BOE-A-2022-18961)
Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el "Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI".
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 276
Jueves 17 de noviembre de 2022
Sec. III. Pág. 156677
Esta transformación, de impacto transversal, descansa en los cuatro elementos
previstos en el componente 11 del PRTR: la digitalización de la administración y sus
procesos, la reducción de la temporalidad en el empleo público y la mejora de la
formación y capacidades de las empleadas y empleados públicos, la transición
energética y la modernización de la gestión pública, asegurando un nuevo modelo de
gobernanza más estratégico y con un seguimiento que permita una mejor rendición de
cuentas.
Frente a este importante reto, tanto el Gobierno como las organizaciones sindicales
comparten la necesidad de poner en valor al personal al servicio de las distintas
Administraciones Públicas y de su sector público institucional y de acometer, en este
momento, las modificaciones en el ordenamiento jurídico que favorezcan e impulsen la
transformación orientada a la mejora de las condiciones de trabajo en la función pública.
Las empleadas y empleados públicos han tenido un papel esencial durante la grave
pandemia provocada por la Covid-19, no sólo garantizando la sanidad, la educación, los
servicios sociales o la seguridad de la ciudadanía, sino manteniendo en funcionamiento
la organización para asegurar la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de los
derechos y obligaciones de la ciudadanía. Todo ello, unido al escudo social aprobado por
el Gobierno, y en especial el mecanismo de ERTES, han posibilitado amortiguar el efecto
de la crisis provocada por la pandemia y proteger a los sectores más afectados por la
misma, impulsando la senda de desarrollo económico y la creación de empleo.
La situación económica generada tras la pandemia se ha visto agravada por el
estallido de la invasión de Ucrania, y la crisis derivada de la misma a nivel mundial, una
de cuyas consecuencias más graves ha sido un aumento muy significativo del coste de
la vida. En este escenario y teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por las
empleadas y empleados públicos, resulta necesario abordar acuerdos que persigan,
desde la justicia social, paliar los efectos ocasionados por la inflación.
Además, las partes firmantes consideran que es imprescindible acometer ahora la
recuperación de los derechos que fueron recortados en 2012, a la vez que se potencian
los elementos esenciales que deben conformar una Administración para el siglo XXI,
acorde con las necesidades y potencialidades de la sociedad española actual: el
compromiso con la igualdad de género, el fortalecimiento de las sinergias y del talento
existente entre las empleadas y empleados públicos, así como la apertura de la
administración a la ciudadanía y la atracción de nuevas incorporaciones al servicio
público, en especial de la juventud, para garantizar en el presente y en el futuro una
prestación de los servicios públicos de la más alta calidad.
En virtud de todo lo anterior, recogiendo, en gran medida, las propuestas que han
trasladado las organizaciones sindicales firmantes en el marco del diálogo social
permanente entre Gobierno e interlocutores sociales, las partes representadas en este
acuerdo, se comprometen a presentar a la Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas el contenido del mismo, para la negociación del conjunto del
personal al servicio de las Administraciones Públicas a la que se refiere el Real Decreto
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y
ACUERDAN
El Gobierno de España se compromete con las organizaciones sindicales firmantes a
promover los cambios legislativos y normativos oportunos para alcanzar un incremento
en las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de su
sector público institucional con un horizonte temporal a tres años.
Dicho incremento se articulará a través de una parte fija y una parte variable ligada, a
lo largo de los tres ejercicios de referencia 2022, 2023 y 2024, al crecimiento de la
economía española tomando como variables de referencia el incremento del IPCA (dato
del IPC armonizado publicado por el INE) y del PIB (Producto Interior Bruto) nominal
cve: BOE-A-2022-18961
Verificable en https://www.boe.es
Primero. Retribuciones.
Núm. 276
Jueves 17 de noviembre de 2022
Sec. III. Pág. 156677
Esta transformación, de impacto transversal, descansa en los cuatro elementos
previstos en el componente 11 del PRTR: la digitalización de la administración y sus
procesos, la reducción de la temporalidad en el empleo público y la mejora de la
formación y capacidades de las empleadas y empleados públicos, la transición
energética y la modernización de la gestión pública, asegurando un nuevo modelo de
gobernanza más estratégico y con un seguimiento que permita una mejor rendición de
cuentas.
Frente a este importante reto, tanto el Gobierno como las organizaciones sindicales
comparten la necesidad de poner en valor al personal al servicio de las distintas
Administraciones Públicas y de su sector público institucional y de acometer, en este
momento, las modificaciones en el ordenamiento jurídico que favorezcan e impulsen la
transformación orientada a la mejora de las condiciones de trabajo en la función pública.
Las empleadas y empleados públicos han tenido un papel esencial durante la grave
pandemia provocada por la Covid-19, no sólo garantizando la sanidad, la educación, los
servicios sociales o la seguridad de la ciudadanía, sino manteniendo en funcionamiento
la organización para asegurar la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de los
derechos y obligaciones de la ciudadanía. Todo ello, unido al escudo social aprobado por
el Gobierno, y en especial el mecanismo de ERTES, han posibilitado amortiguar el efecto
de la crisis provocada por la pandemia y proteger a los sectores más afectados por la
misma, impulsando la senda de desarrollo económico y la creación de empleo.
La situación económica generada tras la pandemia se ha visto agravada por el
estallido de la invasión de Ucrania, y la crisis derivada de la misma a nivel mundial, una
de cuyas consecuencias más graves ha sido un aumento muy significativo del coste de
la vida. En este escenario y teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por las
empleadas y empleados públicos, resulta necesario abordar acuerdos que persigan,
desde la justicia social, paliar los efectos ocasionados por la inflación.
Además, las partes firmantes consideran que es imprescindible acometer ahora la
recuperación de los derechos que fueron recortados en 2012, a la vez que se potencian
los elementos esenciales que deben conformar una Administración para el siglo XXI,
acorde con las necesidades y potencialidades de la sociedad española actual: el
compromiso con la igualdad de género, el fortalecimiento de las sinergias y del talento
existente entre las empleadas y empleados públicos, así como la apertura de la
administración a la ciudadanía y la atracción de nuevas incorporaciones al servicio
público, en especial de la juventud, para garantizar en el presente y en el futuro una
prestación de los servicios públicos de la más alta calidad.
En virtud de todo lo anterior, recogiendo, en gran medida, las propuestas que han
trasladado las organizaciones sindicales firmantes en el marco del diálogo social
permanente entre Gobierno e interlocutores sociales, las partes representadas en este
acuerdo, se comprometen a presentar a la Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas el contenido del mismo, para la negociación del conjunto del
personal al servicio de las Administraciones Públicas a la que se refiere el Real Decreto
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y
ACUERDAN
El Gobierno de España se compromete con las organizaciones sindicales firmantes a
promover los cambios legislativos y normativos oportunos para alcanzar un incremento
en las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de su
sector público institucional con un horizonte temporal a tres años.
Dicho incremento se articulará a través de una parte fija y una parte variable ligada, a
lo largo de los tres ejercicios de referencia 2022, 2023 y 2024, al crecimiento de la
economía española tomando como variables de referencia el incremento del IPCA (dato
del IPC armonizado publicado por el INE) y del PIB (Producto Interior Bruto) nominal
cve: BOE-A-2022-18961
Verificable en https://www.boe.es
Primero. Retribuciones.
