III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (BOE-A-2022-18308)
Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I., por la que se publica el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 2021.
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268
Martes 8 de noviembre de 2022
Sec. III. Pág. 151615
El cumplimiento global de este bloque de obligaciones se sitúa en el 47,5 %, con un
rango de variación que oscila entre el 28 %, obtenido por las entidades del Sector
Público Institucional a las que resulta de aplicación alguna o algunas de aquellas, y
el 98,6 %, alcanzado por los Órganos Supervisores, Reguladores y Autoridades
Administrativas Independientes.
Información económica, presupuestaria y estadística:
La proporción de informaciones obligatorias publicadas en este grupo supera
ligeramente el 50 % en promedio, con un rango de variación de entre el 24,8
–correspondiente a las entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas– y
el 90 % –alcanzado por el Portal de Transparencia de la Administración General del
Estado–.
La mayor parte de los incumplimientos de la obligación de publicar se localizan en el
grupo de obligaciones relativas a contratos –datos estadísticos sobre contratación,
modificaciones y desistimientos y renuncias–, información económica relativa a altos
cargos y máximos responsables y a la información sobre subvenciones concedidas o
percibidas –según la naturaleza de la entidad evaluada– e información sobre las
autorizaciones de compatibilidad a empleados públicos.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos de calidad de la información, además de
las dificultades para conocer si la información está actualizada, el principal problema es
el uso de fuentes centralizadas para publicarla por parte de las entidades públicas. En
muchos casos se deriva a la Plataforma de Contratación del Sector Público o a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones. Mientras que en otras ocasiones se redirige al
Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, lo que obliga a
efectuar una nueva búsqueda para localizar la información.
El índice medio de cumplimiento de este bloque de obligaciones es del 41,8 %, con
un rango de variación que oscila entre el 24 %, alcanzado por las entidades perceptoras
de subvenciones y ayudas públicas, y el 85,9 %, obtenido por el Portal de Transparencia
de la Administración General del Estado.
Información patrimonial:
El 57 % de las entidades a las que resulta de aplicación esta obligación publica
información sobre sus bienes patrimoniales o sobre los que ostentan algún derecho real.
De nuevo, el principal déficit que presenta este bloque de obligaciones es la falta de
referencias a la última fecha en que se revisó o actualizó la información.
El índice de cumplimiento global se sitúa en el 53,7 %, con una variabilidad entre
el 26,3 % de las entidades integrantes del Sector Público Estatal y el 92,9 % alcanzado
por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO).
El ICIO medio obtenido por el conjunto de entidades evaluadas en 2021 alcanza
el 54,8 % de cumplimiento. La falta de publicación de informaciones obligatorias –no se
publica un 41,3 % de ellas– el recurso a fuentes centralizadas o la derivación al Portal de
Transparencia de la AGE y, sobre todo, la carencia de referencias que permitan conocer
a los usuarios el grado de actualización de la información publicada, son los factores que
explican el bajo nivel de cumplimiento global alcanzado.
B.5
Transparencia voluntaria y buenas prácticas.
Además de la información sujeta a obligaciones de publicidad activa, todos los
organismos evaluados publican de manera voluntaria información complementaria,
relevante desde el punto de vista de la rendición de cuentas, práctica que merece una
valoración positiva en cuanto muestra su interés por hacer más transparente su gestión.
En algunas ocasiones se trata de informaciones adicionales nuevas, mientras que en
otros supuestos se trata de informaciones cuya publicación obligatoria está prevista para
cve: BOE-A-2022-18308
Verificable en https://www.boe.es
B.4
Núm. 268
Martes 8 de noviembre de 2022
Sec. III. Pág. 151615
El cumplimiento global de este bloque de obligaciones se sitúa en el 47,5 %, con un
rango de variación que oscila entre el 28 %, obtenido por las entidades del Sector
Público Institucional a las que resulta de aplicación alguna o algunas de aquellas, y
el 98,6 %, alcanzado por los Órganos Supervisores, Reguladores y Autoridades
Administrativas Independientes.
Información económica, presupuestaria y estadística:
La proporción de informaciones obligatorias publicadas en este grupo supera
ligeramente el 50 % en promedio, con un rango de variación de entre el 24,8
–correspondiente a las entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas– y
el 90 % –alcanzado por el Portal de Transparencia de la Administración General del
Estado–.
La mayor parte de los incumplimientos de la obligación de publicar se localizan en el
grupo de obligaciones relativas a contratos –datos estadísticos sobre contratación,
modificaciones y desistimientos y renuncias–, información económica relativa a altos
cargos y máximos responsables y a la información sobre subvenciones concedidas o
percibidas –según la naturaleza de la entidad evaluada– e información sobre las
autorizaciones de compatibilidad a empleados públicos.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos de calidad de la información, además de
las dificultades para conocer si la información está actualizada, el principal problema es
el uso de fuentes centralizadas para publicarla por parte de las entidades públicas. En
muchos casos se deriva a la Plataforma de Contratación del Sector Público o a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones. Mientras que en otras ocasiones se redirige al
Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, lo que obliga a
efectuar una nueva búsqueda para localizar la información.
El índice medio de cumplimiento de este bloque de obligaciones es del 41,8 %, con
un rango de variación que oscila entre el 24 %, alcanzado por las entidades perceptoras
de subvenciones y ayudas públicas, y el 85,9 %, obtenido por el Portal de Transparencia
de la Administración General del Estado.
Información patrimonial:
El 57 % de las entidades a las que resulta de aplicación esta obligación publica
información sobre sus bienes patrimoniales o sobre los que ostentan algún derecho real.
De nuevo, el principal déficit que presenta este bloque de obligaciones es la falta de
referencias a la última fecha en que se revisó o actualizó la información.
El índice de cumplimiento global se sitúa en el 53,7 %, con una variabilidad entre
el 26,3 % de las entidades integrantes del Sector Público Estatal y el 92,9 % alcanzado
por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO).
El ICIO medio obtenido por el conjunto de entidades evaluadas en 2021 alcanza
el 54,8 % de cumplimiento. La falta de publicación de informaciones obligatorias –no se
publica un 41,3 % de ellas– el recurso a fuentes centralizadas o la derivación al Portal de
Transparencia de la AGE y, sobre todo, la carencia de referencias que permitan conocer
a los usuarios el grado de actualización de la información publicada, son los factores que
explican el bajo nivel de cumplimiento global alcanzado.
B.5
Transparencia voluntaria y buenas prácticas.
Además de la información sujeta a obligaciones de publicidad activa, todos los
organismos evaluados publican de manera voluntaria información complementaria,
relevante desde el punto de vista de la rendición de cuentas, práctica que merece una
valoración positiva en cuanto muestra su interés por hacer más transparente su gestión.
En algunas ocasiones se trata de informaciones adicionales nuevas, mientras que en
otros supuestos se trata de informaciones cuya publicación obligatoria está prevista para
cve: BOE-A-2022-18308
Verificable en https://www.boe.es
B.4