T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2022-17972)
Pleno. Sentencia 116/2022, de 27 de septiembre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 5344-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias. Competencias sobre función pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece la adscripción temporal a su primer destino para los funcionarios de carrera de nuevo ingreso.
25 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 1 de noviembre de 2022
Sec. TC. Pág. 149353
5. Mediante sendos escritos registrados el 24 de marzo de 2022, la presidenta del
Congreso de los Diputados y el presidente del Senado comunicaron los acuerdos
adoptados por las mesas de las respectivas Cámaras de personación en el presente
proceso constitucional y ofrecimiento de colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6. El 5 de abril de 2022 tuvo entrada en el registro general de este tribunal el escrito
de alegaciones del abogado del Estado, que interesa la estimación de la cuestión de
inconstitucionalidad.
Recuerda la doctrina constitucional conforme a la cual la legislación básica (i) puede
estar recogida en normas de carácter reglamentario y (ii) en materia de función pública,
su alcance se extiende a la regulación de la provisión de puestos de trabajo en el marco
del art. 103 CE. Indica que la disposición cuestionada configura la adscripción provisional
como forma de provisión de puestos de trabajo al personal de nuevo ingreso y que,
además, lo hace limitándose a unas determinadas ofertas de empleo (ley singular o de
caso único), incurriendo en contradicción con la norma básica recogida en el art. 26 del
Reglamento general de ingreso, que prevé la asignación definitiva del puesto de trabajo
a los funcionarios de nuevo ingreso. Según el abogado del Estado, la previsión de que la
asignación inicial ha de ser definitiva se fundamenta en los principios que deben regir la
función pública según el art. 103 CE (igualdad, mérito y capacidad). Y recuerda que la
Sala que plantea la cuestión ya ha dejado constancia de ello en las distintas resoluciones
que ha dictado sobre esta materia, cuando la comunidad autónoma establecía normas
semejantes a la ahora cuestionada, pero por vía de reglamento.
7. El 18 de abril de 2022 tuvo entrada en el registro general de este tribunal escrito
del secretario primero del Parlamento de Canarias por el que se comunica el acuerdo
adoptado por la mesa de la Cámara de autorización de personación en el presente
proceso constitucional y de asignación de la representación del Parlamento de Canarias
ante el Tribunal Constitucional, así como de la dirección jurídica de la cuestión de
inconstitucionalidad, al letrado-secretario general de la Cámara.
8. Por escrito registrado con la misma fecha de 18 de abril de 2022, el letradosecretario general del Parlamento de Canarias, en representación de este, se personó
en el proceso y formuló alegaciones, mediante las que interesa la desestimación de la
cuestión de inconstitucionalidad.
a) En primer lugar, niega que la norma cuestionada sea una ley singular en el
sentido proscrito por la doctrina constitucional, y en todo caso subraya que el auto de
planteamiento no señala «la conexión que tal supuesta circunstancia tendría con la
competencia del art. 149.1.18 CE, que es el único precepto que se señala como
vulnerado». Indica que el concepto de ley singular alude a las leyes autoaplicativas
dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, mientras que la norma
cuestionada «es una ley general, abstracta y definida de manera objetiva, en cuanto sus
destinatarios son indeterminados y resulta posible aplicarla de forma reiterada mientras
esté vigente, y no se promulgue una norma en contrario», además de precisar actos de
aplicación –como, precisamente, el impugnado en el proceso de que trae causa la
cuestión de inconstitucionalidad–, lo que demostraría que la citada ley no provoca
indefensión de los directamente afectados por ella.
Indica el representante procesal del Parlamento de Canarias que el «hecho de que la
norma atienda a una situación que se reputa como excepcional, no la transforma per se
en una ley singular que pudiera ser reputada como inconstitucional». Indica que lo que
contiene el precepto cuestionado es una «medida excepcional para intentar remediar
una situación igualmente excepcional», a saber, la «notable demora administrativa que
ha ralentizado la puesta a disposición de los medios personales que de manera
inaplazable requiere el funcionamiento de los servicios públicos». Esta situación sería
consecuencia del «solapamiento de las ofertas públicas de empleo, la no terminación de
los procesos selectivos de conformidad con las previsiones sobre su desarrollo y
cve: BOE-A-2022-17972
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 262
Martes 1 de noviembre de 2022
Sec. TC. Pág. 149353
5. Mediante sendos escritos registrados el 24 de marzo de 2022, la presidenta del
Congreso de los Diputados y el presidente del Senado comunicaron los acuerdos
adoptados por las mesas de las respectivas Cámaras de personación en el presente
proceso constitucional y ofrecimiento de colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6. El 5 de abril de 2022 tuvo entrada en el registro general de este tribunal el escrito
de alegaciones del abogado del Estado, que interesa la estimación de la cuestión de
inconstitucionalidad.
Recuerda la doctrina constitucional conforme a la cual la legislación básica (i) puede
estar recogida en normas de carácter reglamentario y (ii) en materia de función pública,
su alcance se extiende a la regulación de la provisión de puestos de trabajo en el marco
del art. 103 CE. Indica que la disposición cuestionada configura la adscripción provisional
como forma de provisión de puestos de trabajo al personal de nuevo ingreso y que,
además, lo hace limitándose a unas determinadas ofertas de empleo (ley singular o de
caso único), incurriendo en contradicción con la norma básica recogida en el art. 26 del
Reglamento general de ingreso, que prevé la asignación definitiva del puesto de trabajo
a los funcionarios de nuevo ingreso. Según el abogado del Estado, la previsión de que la
asignación inicial ha de ser definitiva se fundamenta en los principios que deben regir la
función pública según el art. 103 CE (igualdad, mérito y capacidad). Y recuerda que la
Sala que plantea la cuestión ya ha dejado constancia de ello en las distintas resoluciones
que ha dictado sobre esta materia, cuando la comunidad autónoma establecía normas
semejantes a la ahora cuestionada, pero por vía de reglamento.
7. El 18 de abril de 2022 tuvo entrada en el registro general de este tribunal escrito
del secretario primero del Parlamento de Canarias por el que se comunica el acuerdo
adoptado por la mesa de la Cámara de autorización de personación en el presente
proceso constitucional y de asignación de la representación del Parlamento de Canarias
ante el Tribunal Constitucional, así como de la dirección jurídica de la cuestión de
inconstitucionalidad, al letrado-secretario general de la Cámara.
8. Por escrito registrado con la misma fecha de 18 de abril de 2022, el letradosecretario general del Parlamento de Canarias, en representación de este, se personó
en el proceso y formuló alegaciones, mediante las que interesa la desestimación de la
cuestión de inconstitucionalidad.
a) En primer lugar, niega que la norma cuestionada sea una ley singular en el
sentido proscrito por la doctrina constitucional, y en todo caso subraya que el auto de
planteamiento no señala «la conexión que tal supuesta circunstancia tendría con la
competencia del art. 149.1.18 CE, que es el único precepto que se señala como
vulnerado». Indica que el concepto de ley singular alude a las leyes autoaplicativas
dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, mientras que la norma
cuestionada «es una ley general, abstracta y definida de manera objetiva, en cuanto sus
destinatarios son indeterminados y resulta posible aplicarla de forma reiterada mientras
esté vigente, y no se promulgue una norma en contrario», además de precisar actos de
aplicación –como, precisamente, el impugnado en el proceso de que trae causa la
cuestión de inconstitucionalidad–, lo que demostraría que la citada ley no provoca
indefensión de los directamente afectados por ella.
Indica el representante procesal del Parlamento de Canarias que el «hecho de que la
norma atienda a una situación que se reputa como excepcional, no la transforma per se
en una ley singular que pudiera ser reputada como inconstitucional». Indica que lo que
contiene el precepto cuestionado es una «medida excepcional para intentar remediar
una situación igualmente excepcional», a saber, la «notable demora administrativa que
ha ralentizado la puesta a disposición de los medios personales que de manera
inaplazable requiere el funcionamiento de los servicios públicos». Esta situación sería
consecuencia del «solapamiento de las ofertas públicas de empleo, la no terminación de
los procesos selectivos de conformidad con las previsiones sobre su desarrollo y
cve: BOE-A-2022-17972
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 262
