BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 28 de octubre de 2022

Sec. III. Pág. 147758

artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La presentación de la
solicitud correspondiente contemplará la autorización expresa por parte del solicitante
para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación correspondiente
a través de certificados telemáticos. En caso de no otorgarse dicha autorización, los
beneficiarios deberán aportar los certificados correspondientes, justificativos del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social conforme a lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
3. Los beneficiarios deberán aceptar los términos que se establezcan en la
resolución de concesión, y realizar el proyecto de puesta en marcha y funcionamiento de
las OTCs en el plazo de ejecución o de realización de las correspondientes actuaciones
establecido por la correspondiente convocatoria y la resolución de concesión de ayuda,
conforme a los objetivos y el plan de trabajo de la solicitud de ayuda, que tiene carácter
vinculante, y a lo establecido en la resolución de concesión y sus eventuales
modificaciones.
4. Los beneficiarios estarán obligados a comunicar de inmediato al IDAE, incluso
durante la tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones
inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud. La falta
de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la pérdida del
derecho al cobro de la ayuda o la exigencia del reintegro de la misma.
5. En aplicación del artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, para poder ser beneficiarios
de las ayudas, de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de concesión, los
solicitantes deberán adoptar todas aquellas medidas que eviten un conflicto de intereses
potencial entre sus propios intereses y los de la Unión Europea, estableciendo,
asimismo, las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones
que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser
percibidas objetivamente como conflictos de intereses. Resultará de aplicación lo
dispuesto en los apartados 2 y 3 de dicho precepto al personal del órgano concedente
que intervenga en los procesos de selección de los beneficiarios, o en los procesos de
verificación del cumplimiento de las condiciones de las solicitudes de ayuda
correspondientes.
6. Adicionalmente, los beneficiarios deberán cumplir las siguientes obligaciones
relativas al funcionamiento de las OTC objeto de las ayudas reguladas por esta orden:
a) Todas las actuaciones organizadas por la OTC tendrán permiso de acceso libre.
Se deberá aceptar la solicitud de cualquier actor para la prestación de servicios de la
OTC, de manera proporcional a sus recursos, a título gratuito, dentro de su ámbito
territorial y material de actuación. Asimismo, habrán de atenderse las peticiones
derivadas desde el IDAE que apliquen a su ámbito territorial y material de actuación.
b) Realizar el proyecto de puesta en marcha y funcionamiento de las OTCs de
nueva planta o la adecuación de otras oficinas existentes en OTCs en el plazo de
ejecución o de realización de las correspondientes actuaciones establecido en la
convocatoria correspondiente así como en la resolución de concesión de ayuda,
cumpliendo el programa de actuaciones y ejecución de las mismas establecido en el plan
de trabajo que deberá acompañarse junto con su solicitud de ayuda, conforme al modelo
que se determine en la convocatoria correspondiente.
c) Asumir la responsabilidad del correcto funcionamiento de la OTC objeto de las
ayudas reguladas por esta orden, asumiendo los gastos que sean necesarios para el
desarrollo de las actuaciones de la misma, lo que se acreditará mediante declaración
responsable conforme a lo que se disponga en la convocatoria correspondiente.
d) Tener en cuenta, en los procesos de contratación correspondientes, cuando
resulten de aplicación de acuerdo con la naturaleza jurídica del beneficiario, lo siguiente:
1.º La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En el caso de

cve: BOE-A-2022-17635
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