BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 20 de octubre de 2022

Sec. I. Pág. 142369

III
La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad
española. El régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de
memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las
víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente
constituida. En el marco de este relato totalitario, y al mismo tiempo que continuaba una
dura represión sobre las personas que defendían la Segunda República, se
establecieron importantes medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a
las víctimas que habían combatido o se habían posicionado a favor del golpe de Estado.
Así, se exhumó un gran número de fosas comunes con apoyo estatal y metodología
científica. Se erigieron monumentos conmemorativos y panteones por todo el país, se
inscribieron los nombres de los «caídos» en placas en las iglesias, se establecieron
fechas conmemorativas y se nombraron municipios, infraestructuras, calles y avenidas
en honor de personajes impulsores del golpe de Estado, de la dictadura o de hechos
considerados gloriosos por el régimen franquista. El proyecto memorial más importante
se plasmaría veinte años después en el Valle de los Caídos, inaugurado por el dictador
Francisco Franco en el vigésimo aniversario de la «victoria» militar (1 de abril de 1959),
monumento al que esta ley presta especial atención al estar llamado a ser un eje
fundamental de la resignificación democrática contemporánea de las políticas franquistas
de memoria.
Estas políticas de memoria totalitaria tuvieron una enorme influencia social y política
gracias a su respaldo dictatorial, pero no consiguieron borrar la continuidad de la
memoria democrática dentro y fuera de nuestras fronteras, de la mano del exilio
republicano, los combatientes antifascistas españoles, círculos políticos y artísticos
clandestinos, en las luchas sindicales y estudiantiles de oposición a la dictadura, en el
movimiento ciudadano y en las asociaciones feministas.
La muerte del dictador en 1975 y la llegada de la democracia supusieron un punto de
inflexión respecto a la política de memoria instaurada durante el franquismo. La vigente
Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la
superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española
durante la guerra y los cuarenta años de dictadura franquista. Este consenso fue el
espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor
y prosperidad que ha conocido nuestro país.
La Transición asumía el legado democrático y de dignidad que varias generaciones
de españoles y españolas habían forjado en torno a la defensa de la democracia, la
lucha antifascista en Europa y la recuperación de las libertades individuales y colectivas
en nuestro país. Así, y desde entonces, múltiples iniciativas políticas, legales, sociales y
culturales han venido a reparar y restañar esas brechas para evitar la división entre la
ciudadanía y fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de
españoles y españolas en torno a los valores superiores de nuestro ordenamiento
jurídico, los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales.
Con la llegada de la democracia, España se sumó a todos los tratados
internacionales de Derechos Humanos reconociendo a sus diferentes órganos, y con el
tiempo, convirtiéndose en un país de referencia internacional por el nivel de desarrollo,
reconocimiento y garantía de sus libertades públicas y lo avanzado y comprometido de
su sistema de derechos civiles. Antes incluso de la aprobación de la propia Constitución,
se había ratificado el 30 de abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, de Naciones Unidas, incorporando los mecanismos y garantías para su
protección. Esta trayectoria proseguiría con la ratificación, entre otros, de la Convención
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el 19 de
octubre de 1987, así como de la Convención Internacional para la Protección de todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el 14 de julio de 2009.
El primer Parlamento elegido democráticamente desde el final de la Guerra aprobó la
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, una reclamación histórica de la oposición
antifranquista, dictada antes de la Constitución de 1978, pero posteriormente a la

cve: BOE-A-2022-17099
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Núm. 252