BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 20 de octubre de 2022

Sec. I. Pág. 142368

bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. La consolidación de
nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre
nuestro pasado. El olvido no es opción para una democracia.
II
Esta ley de Memoria Democrática toma como referencia las luchas individuales y
colectivas de los hombres y las mujeres de España por la conquista de los derechos, las
libertades y la democracia. España atesora una larga tradición liberal y democrática que
surge con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. A lo largo de todo el siglo XIX y
gran parte del XX, multitud de españoles y españolas lucharon y dieron su vida por la
implantación de un sistema democrático en nuestro país, en los mismos términos que se
estaba construyendo en el resto de países de nuestro entorno. Constituciones como la
de 1812, 1869, 1931 y 1978 han sido hitos de nuestra historia democrática y han abierto
momentos esperanzadores para el conjunto de nuestra sociedad.
Hasta la Constitución de 1978, esos periodos democráticos eran abruptamente
interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos,
tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad. El último de ellos, protagonizado por la
Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue
interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra que contó con el apoyo de
unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Italia y Alemania y sus respectivos
Gobiernos, que intervinieron en territorio español y que fue identificada por la República
Española ante la Sociedad de Naciones como Guerra de España. Un conflicto, en definitiva,
que trasciende de una contienda civil por la participación de potencias extranjeras como
Italia, Alemania o la Unión Soviética y la política de no intervención de las principales
potencias occidentales. De esta manera, la Guerra de España sería prólogo de las
agresiones a otros Estados que posteriormente serían juzgadas y condenadas por el
Tribunal de Núremberg, conforme a la Resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y que ha pasado a formar parte del moderno
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de
la posguerra y la dictadura franquista fueron condenadas en el informe de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 2006. Los
hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se
cometieron gravísimos crímenes y que durante la posterior dictadura franquista se
estableció un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo atisbo de oposición
política de manera sistemática y generalizada. Como indica el referido informe del Consejo
de Europa, en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración,
trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo
una política de inspiración eugenésica. La ciudadanía tiene actualmente el derecho
inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror
impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia
democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión.
Frente a esta experiencia histórica, esta ley tiene un doble objetivo. Por un lado,
pretende fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y de
todas aquellas figuras individuales y movimientos colectivos que, con grandes sacrificios,
fueron construyendo progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron
llegar a los acuerdos de la Constitución de 1978, y al actual Estado Social y Democrático
de Derecho para defender los derechos de los españoles, sus nacionalidades y regiones.
Por otro lado, esta ley persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de
la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un
derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el
establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la
repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo.

cve: BOE-A-2022-17099
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 252