I. Disposiciones generales. JEFATURA DEL ESTADO. Memoria democrática. (BOE-A-2022-17099)
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 252
Jueves 20 de octubre de 2022
Sec. I. Pág. 142367
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17099
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley:
PREÁMBULO
Desde el fin de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron Europa en el
siglo XX, y especialmente desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria
democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para
neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El
firme compromiso con la pedagogía del «nunca más» se ha convertido en un imperativo
ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo.
Los procesos de memoria son un componente esencial de la configuración y
desarrollo de todas las sociedades humanas, y afectan desde los gestos más cotidianos
hasta las grandes políticas de Estado. El despliegue de la memoria es especialmente
importante en la constitución de identidades individuales y colectivas, porque su enorme
potencial de cohesión es equiparable a su capacidad de generación de exclusión,
diferencia y enfrentamiento. Por eso, la principal responsabilidad del Estado en el
desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora,
inclusiva y plural.
Para ello, las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar
las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión
social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia
intolerante y fanática. La memoria se convierte así en un elemento decisivo para
fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, plenamente conscientes
de su propia historia, capaces de detectar y desactivar las derivas totalitarias o
antidemocráticas que crecen en su seno.
La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico
más significativo de la sociedad española. El asentamiento de los principios y valores
democráticos que consagra la Constitución de 1978 hace nuestra sociedad más fuerte y
constituyen la más clara apuesta de convivencia en el futuro. Conocer la trayectoria de
nuestra democracia, desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de
los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia es un
deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los
valores constitucionales. En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria
con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron
sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad.
La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura
franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un
inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La
historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El
conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre
cve: BOE-A-2022-17099
Verificable en https://www.boe.es
I
Núm. 252
Jueves 20 de octubre de 2022
Sec. I. Pág. 142367
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17099
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley:
PREÁMBULO
Desde el fin de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron Europa en el
siglo XX, y especialmente desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria
democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para
neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El
firme compromiso con la pedagogía del «nunca más» se ha convertido en un imperativo
ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo.
Los procesos de memoria son un componente esencial de la configuración y
desarrollo de todas las sociedades humanas, y afectan desde los gestos más cotidianos
hasta las grandes políticas de Estado. El despliegue de la memoria es especialmente
importante en la constitución de identidades individuales y colectivas, porque su enorme
potencial de cohesión es equiparable a su capacidad de generación de exclusión,
diferencia y enfrentamiento. Por eso, la principal responsabilidad del Estado en el
desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora,
inclusiva y plural.
Para ello, las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar
las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión
social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia
intolerante y fanática. La memoria se convierte así en un elemento decisivo para
fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, plenamente conscientes
de su propia historia, capaces de detectar y desactivar las derivas totalitarias o
antidemocráticas que crecen en su seno.
La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico
más significativo de la sociedad española. El asentamiento de los principios y valores
democráticos que consagra la Constitución de 1978 hace nuestra sociedad más fuerte y
constituyen la más clara apuesta de convivencia en el futuro. Conocer la trayectoria de
nuestra democracia, desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de
los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia es un
deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los
valores constitucionales. En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria
con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron
sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad.
La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura
franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un
inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La
historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El
conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre
cve: BOE-A-2022-17099
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I