BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 20 de octubre de 2022

Sec. I. Pág. 142370

entrada en vigor en España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
ratificado el 30 de abril de 1977. Esta ley tuvo por virtud amnistiar todos los delitos de
intencionalidad política e infracciones de naturaleza laboral y sindical. Sin perjuicio de la
voluntad de reconciliación y de construcción de una sociedad democrática avanzada que
presidió ese proceso político, a la luz del desarrollo del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, la práctica de los organismos de derechos humanos, y de
conformidad con el artículo 10.2 de la misma Constitución, se ha de garantizar el
derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas de graves violaciones de los derechos
humanos o del derecho internacional humanitario, así como las oportunas formas de
reconocimiento y reparación, todo ello para profundizar en el objetivo original de
fomentar la convivencia pacífica y el continuo desarrollo de nuestra democracia.
En el campo memorial, desde los primeros años de la Transición, tanto los poderes
públicos como la sociedad civil impulsaron un número muy importante de medidas
simbólicas de diversa índole, de reparación económica, de reconocimiento de víctimas
del franquismo y condena de la dictadura, dirigidas a corregir y equilibrar los perjuicios y
consecuencias aparejados al resultado del golpe de Estado y la guerra, así como la larga
represión de un régimen autoritario, aunque carecían de un marco memorial integrador
de políticas públicas de memoria como los que se consolidaron posteriormente.
Unas iniciativas que se impulsaron decididamente en los años finales del siglo XX,
cuando la llamada «generación de los nietos» quiso conocer lo que pasó con sus
antepasados y exigieron la recuperación y el reconocimiento de la dignidad de las
víctimas republicanas. De esta manera, con el siglo XXI se abre una nueva fase en las
políticas de memoria que conecta con mayor claridad, aunque de manera paulatina, la
memoria democrática en España con la memoria europea y con el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos que se plasma en los principios internacionales de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición.
En ese marco, el movimiento en pro de la recuperación de la memoria histórica cobró
nuevo impulso, multiplicándose los actos conmemorativos de dignificación y homenaje
de las víctimas del franquismo, así como el inicio de un nuevo ciclo de exhumaciones de
fosas comunes de civiles republicanos y republicanas asesinados en la retaguardia,
contribuyendo mediante un gran impacto público mediático a crear conciencia de la
necesidad de acometer las asignaturas pendientes en el ámbito memorial.
En paralelo, en el ámbito institucional, destaca la aprobación por unanimidad de la
Comisión Constitucional del Congreso el 20 de noviembre de 2002 de la Proposición no
de Ley que promulgaba el «reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que
fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la
represión de la dictadura franquista», afirmación que se reitera en el mismo sentido por
el Pleno del Congreso el 1 de junio de 2004.
De especial importancia en la profundización de la dimensión europea e internacional
de la memoria democrática en España fue la Recomendación de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006, en la que se
condenaban las «graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España
por el régimen franquista», y que constituye el impulso definitivo para la adopción de la
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
guerra civil o la dictadura.
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, supuso una respuesta de gran calado desde el
Estado a las demandas de la sociedad civil y del Consejo de Europa, y marcó un punto
de inflexión clave en el proceso de institucionalización de las políticas públicas de
memoria democrática en España. La Ley fue aprobada en el contexto de una exigencia
legítima, una deuda histórica que pesaba sobre el ordenamiento jurídico de nuestro país,
la reparación de las víctimas de la guerra y la posterior dictadura franquista.
En este sentido, el gran valor de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, reside en haber
situado la memoria personal y familiar en el ámbito de la ciudadanía democrática,
mediante el reconocimiento general de las víctimas, su derecho individual y colectivo a la

cve: BOE-A-2022-17099
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 252