BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 29 de septiembre de 2022

Sec. I. Pág. 133604

En España las pyme y los trabajadores autónomos constituyen más del 99 % del
tejido productivo en términos de número, representan algo más del 61 % del Valor
Añadido Bruto (VAB) y el 64 % del empleo. Su relevancia implica que cualquier política
orientada a la mejora del posicionamiento económico, social o medioambiental de
nuestro país tome en consideración de forma prioritaria a las pyme. La evidencia
empírica apunta a que las empresas españolas grandes tienen un nivel de
competitividad similar al de otras economías avanzadas, de manera que el problema es
que la estructura empresarial está demasiado sesgada a empresas de pequeño tamaño.
De hecho, las microempresas, entendidas como empresas de menos de diez
trabajadores, representan en torno al 94 % del total de empresas y, del total de
microempresas, el 59 % son autónomos sin asalariados.
Un objetivo crucial de la política económica es el de eliminar las barreras a la entrada
y salida de empresas que obstaculizan la eficiente asignación de los recursos y, con ello,
el crecimiento de la productividad, que es, a largo plazo, el principal factor determinante
del crecimiento potencial de la economía. Diversos trabajos de investigación corroboran
que las mejoras regulatorias del entorno empresarial, entre las que se incluyen las que
facilitan el inicio de un negocio, tienen un impacto muy significativo en la creación de
empresas. Estos trabajos también concluyen que cuando las mejoras regulatorias del
entorno empresarial son muy sustanciales, también están asociadas a incrementos
significativos en el crecimiento de la renta per capita.
Las pyme además adolecen de una mayor debilidad estructural respecto a las
empresas de mayor tamaño (como la menor productividad, menor capacidad
exportadora, baja inversión en innovación, baja digitalización, reducida capacidad para
generar empleo estable, entre otras), por lo que adaptar la regulación para facilitar su
crecimiento es algo esencial para mejorar su competitividad general. Esta necesidad se
hace más acuciante por el impacto que ha tenido sobre el tejido empresarial la pandemia
de COVID-19. Una vez que las medidas de respuesta de política económica han
conseguido amortiguar el golpe sobre la viabilidad de muchas empresas, ahora es
urgente ampliar las posibilidades para que todas puedan incorporarse de manera plena a
la recuperación.
La Unión Europea, para hacer frente a la ingente tarea de la recuperación de las
economías europeas, en una iniciativa novedosa y de gran trascendencia, estableció los
Planes NextGenerationEU, que dotarán a los Estados miembros en los próximos siete
años de fondos de la Unión para apoyar la recuperación.
En este contexto España ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, a través del que se pretende, no solo recuperar la economía española de los
efectos de la pandemia, sino relanzarla con ambiciosos objetivos de modernización, para
ponerla en óptima situación de cara a afrontar los desafíos del futuro. El Plan prevé un
ambicioso programa de inversiones y reformas estructurales, entre las que destacan las
destinadas precisamente a mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios.
En particular, uno de los objetivos incluidos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia es precisamente el establecimiento de un marco jurídico
adecuado que impulse la creación de empresas y fomente su crecimiento a través de la
mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la
reducción de la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.
Esta ley se enmarca en el Componente 13 de este Plan, que tiene por título «Impulso
a las pyme». Responde además a las recomendaciones específicas realizadas por los
diferentes organismos internacionales en los últimos años para mejorar el clima de
negocios y aumentar el tamaño y la productividad de las empresas en España.
Mejorar el dinamismo empresarial es fundamental para aprovechar las oportunidades
que ofrecen las reformas e inversiones que se derivan del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Las medidas puestas en marcha para apoyar a las
empresas durante la pandemia (créditos avalados por el Estado, moratorias y
aplazamientos de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo con apoyo público, etcétera) han resultado eficaces

cve: BOE-A-2022-15818
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Núm. 234