I. Disposiciones generales. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Subvenciones. (BOE-A-2022-15761)
Real Decreto 786/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención para el desarrollo de actuaciones de adaptación del riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en la cuenca baja del río Segura, en la Comunitat Valenciana, como contribución al Plan Vega RenHace en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 28 de septiembre de 2022
Sec. I. Pág. 133098
De este modo, y de acuerdo con el apartado 1 del artículo 21 del Real
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, la
Confederación Hidrográfica del Segura llevó a cabo la revisión y actualización de la
evaluación preliminar del riesgo de inundación, aprobada mediante Resolución del
Secretario de Estado de Medio Ambiente, de 12 de febrero de 2019. Igualmente se han
actualizado los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de estas zonas, que han
sido aprobados por el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación
Hidrográfica del Segura en febrero de 2020. La revisión y actualización del PGRI de la
demarcación del Hidrográfica del Segura fue sometido a consulta pública durante el
último trimestre de 2021, estando en estos momentos en las últimas fases de tramitación
administrativa para su aprobación.
IV
Tomando como base los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación ya
elaborados, se estima que unas 73.849 personas viven en las zonas inundables ya
cartografiadas en esta zona. De los 27 municipios que forman parte de la Vega Baja del
Segura, 13 de ellos incluyen áreas de riesgo potencial significativo de inundación y 24
tienen identificadas zonas inundables. Debe destacarse la elevada vulnerabilidad de 5
residencias geriátricas, 1 hospital, 14 centros de salud y consultorios médicos y 33
centros educativos ubicados en zonas inundables. Por su parte, con casi 13.000 ha
dedicada a cultivos agrícolas y 118 explotaciones ganaderas, el sector agropecuario es
el más afectado por las inundaciones. El 73 % de la superficie inundable de este tramo
está ocupado por explotaciones agrarias.
En cuanto a las actividades industriales e infraestructuras, si bien la superficie
potencialmente afectada no es especialmente notable respecto a otros usos más
ampliamente ligados a las actividades y características socioeconómicas de la zona
analizada, las indemnizaciones otorgadas en los últimos 15 años alcanzan los 22
millones de euros. De esa cantidad un 80 % se abonó en los municipios de Orihuela,
Almoradí, Redován y Cox.
Como indicador de la magnitud del riesgo de inundación existente en esta superficie
se puede utilizar la cifra total de indemnizaciones pagadas por el Consorcio de
Compensación de Seguros en bienes asegurados por sus coberturas, tales como
edificaciones, vehículos, etc., desde el año 2005 al 2020, que asciende a los 205
millones de euros en los términos municipales incluidos dentro de este tramo.
Estos indicadores reflejan la virulencia de las inundaciones en la zona y la necesidad
de incrementar la resiliencia del sistema y disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones
existentes, tanto públicas como privadas, como plan de actuación que emana de los
contenidos del Plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la
demarcación hidrográfica del Segura, y como fruto de las distintas guías técnicas
elaboradas ya al efecto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y el Consorcio de Compensación de Seguros y que se encuentran
disponibles en su página web. También se recoge en el presente real decreto el fomento
y uso de una guía técnica elaborada por la propia Administración Valenciana en
coordinación con el Instituto Valenciano de la Edificación.
Para facilitar la adopción de estas medidas ya de forma generalizada, el MITERD, en
el marco de las medidas de ámbito nacional competencia de la Dirección General del
Agua de los PGRI, está desarrollando programas específicos para el incremento de la
resiliencia y la adaptación al riesgo de inundación en los sectores o ámbitos territoriales
más severamente afectados por episodios de inundación recurrentes.
En definitiva, las medidas de adaptación que se pretenden poner en marcha con este
real decreto no son meras medidas aisladas de ayudas a determinados sectores o
particulares, sino que forman parte de una línea de actuación y responden a una
estrategia que debe ser coordinada y dirigida por las Administraciones competentes de
forma que se habiliten y consoliden los mecanismos necesarios para incorporar la
cve: BOE-A-2022-15761
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 233
Miércoles 28 de septiembre de 2022
Sec. I. Pág. 133098
De este modo, y de acuerdo con el apartado 1 del artículo 21 del Real
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, la
Confederación Hidrográfica del Segura llevó a cabo la revisión y actualización de la
evaluación preliminar del riesgo de inundación, aprobada mediante Resolución del
Secretario de Estado de Medio Ambiente, de 12 de febrero de 2019. Igualmente se han
actualizado los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de estas zonas, que han
sido aprobados por el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación
Hidrográfica del Segura en febrero de 2020. La revisión y actualización del PGRI de la
demarcación del Hidrográfica del Segura fue sometido a consulta pública durante el
último trimestre de 2021, estando en estos momentos en las últimas fases de tramitación
administrativa para su aprobación.
IV
Tomando como base los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación ya
elaborados, se estima que unas 73.849 personas viven en las zonas inundables ya
cartografiadas en esta zona. De los 27 municipios que forman parte de la Vega Baja del
Segura, 13 de ellos incluyen áreas de riesgo potencial significativo de inundación y 24
tienen identificadas zonas inundables. Debe destacarse la elevada vulnerabilidad de 5
residencias geriátricas, 1 hospital, 14 centros de salud y consultorios médicos y 33
centros educativos ubicados en zonas inundables. Por su parte, con casi 13.000 ha
dedicada a cultivos agrícolas y 118 explotaciones ganaderas, el sector agropecuario es
el más afectado por las inundaciones. El 73 % de la superficie inundable de este tramo
está ocupado por explotaciones agrarias.
En cuanto a las actividades industriales e infraestructuras, si bien la superficie
potencialmente afectada no es especialmente notable respecto a otros usos más
ampliamente ligados a las actividades y características socioeconómicas de la zona
analizada, las indemnizaciones otorgadas en los últimos 15 años alcanzan los 22
millones de euros. De esa cantidad un 80 % se abonó en los municipios de Orihuela,
Almoradí, Redován y Cox.
Como indicador de la magnitud del riesgo de inundación existente en esta superficie
se puede utilizar la cifra total de indemnizaciones pagadas por el Consorcio de
Compensación de Seguros en bienes asegurados por sus coberturas, tales como
edificaciones, vehículos, etc., desde el año 2005 al 2020, que asciende a los 205
millones de euros en los términos municipales incluidos dentro de este tramo.
Estos indicadores reflejan la virulencia de las inundaciones en la zona y la necesidad
de incrementar la resiliencia del sistema y disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones
existentes, tanto públicas como privadas, como plan de actuación que emana de los
contenidos del Plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la
demarcación hidrográfica del Segura, y como fruto de las distintas guías técnicas
elaboradas ya al efecto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y el Consorcio de Compensación de Seguros y que se encuentran
disponibles en su página web. También se recoge en el presente real decreto el fomento
y uso de una guía técnica elaborada por la propia Administración Valenciana en
coordinación con el Instituto Valenciano de la Edificación.
Para facilitar la adopción de estas medidas ya de forma generalizada, el MITERD, en
el marco de las medidas de ámbito nacional competencia de la Dirección General del
Agua de los PGRI, está desarrollando programas específicos para el incremento de la
resiliencia y la adaptación al riesgo de inundación en los sectores o ámbitos territoriales
más severamente afectados por episodios de inundación recurrentes.
En definitiva, las medidas de adaptación que se pretenden poner en marcha con este
real decreto no son meras medidas aisladas de ayudas a determinados sectores o
particulares, sino que forman parte de una línea de actuación y responden a una
estrategia que debe ser coordinada y dirigida por las Administraciones competentes de
forma que se habiliten y consoliden los mecanismos necesarios para incorporar la
cve: BOE-A-2022-15761
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 233
