III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-15684)
Resolución de 28 de junio de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la promoción y gestión de la vivienda de protección pública en los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca, ejercicio 2018.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231
Lunes 26 de septiembre de 2022
Sec. III. Pág. 131955
Como hechos posteriores a la fiscalización, en mayo de 2020 la CARM y el Ayuntamiento de
Murcia han suscrito un convenio de colaboración que regula la cesión al Ayuntamiento de la
propiedad de las viviendas que adquiera la CARM en el marco del Programa. Además, se ha
informado de la cesión de siete viviendas para el realojo de las primeras familias
seleccionadas.
-
En 2016 se creó la Comisión Municipal del Plan de Fomento de Alquiler de Vivienda con el
objetivo de analizar fórmulas para promover el alquiler mediante la creación de una bolsa
municipal de viviendas privadas destinadas a cubrir la demanda de alquiler de las familias
económica y socialmente más vulnerables. Del trabajo de esta Comisión resultó un programa
para el fomento del alquiler privado y otras actuaciones que se analizan posteriormente.
-
En 2017 el Ayuntamiento de Murcia contrató un estudio para analizar la situación de la
vivienda en su municipio y, en especial, de los colectivos en situación de riesgo de exclusión
residencial. En el estudio se estimó que las familias del municipio, en las condiciones
económicas del mercado privado en ese momento, necesitaban un mínimo de ingresos
familiares en torno a los 1.100 euros mensuales para acceder a una vivienda libre del rango
de precio más económico, ya fuera mediante la compra ⎯coste de adquisición de 55.751,95
euros, y cuota mensual de la hipoteca de 322 euros mensuales⎯ o alquiler ⎯cuota mensual
de 330 euros⎯.
El estudio concluía que el 95 % de las 1.115 familias inscritas en el RDV en junio de 2017 se
encontraban en riesgo de exclusión residencial, dado que los ingresos familiares declarados
eran inferiores a los necesarios para encontrar soluciones de viviendas en el mercado privado.
El estudio también analizó la situación de las familias demandantes de vivienda en el mercado
privado a partir de la información obtenida sobre más de 5.300 solicitudes gestionadas por las
agencias de mediación inmobiliaria del municipio, concluyéndose que el 34 % de esas familias
también se encontraban en riesgo de exclusión residencial.
En conjunto, el estudio estimó un riesgo de exclusión residencial del 43 % de los solicitantes
de vivienda pública o privada, situación que afectaría en 2017 a unas 2.750 familias residentes
en el municipio que requerían de la actuación pública para poder acceder una vivienda.
Además, a la vista de las previsiones de aumento de la población en el periodo 2017-2020,
se estimaba que el número de hogares en riesgo de exclusión social iría en aumento.
-
El Pleno municipal aprobó, en sesión de 31 de octubre de 2019, una moción para instar al
equipo de Gobierno local a la dotación de más personal para el Servicio de Vivienda con la
intención de que este pueda impulsar nuevas actuaciones.
-
Posteriormente, en sesión de 28 de noviembre de 2019, el Pleno aprobó otra moción para la
puesta en marcha de viviendas municipales en relación con situaciones de emergencia social
(mujeres víctimas de violencia de género, edificios en ruina, viviendas en malas condiciones
de habitabilidad e higiene, relaciones familiares insostenibles, siniestro de vivienda,
desahucios, ejecuciones hipotecarias y expedientes expropiatorios). La moción instaba al
equipo de gobierno a constituir una Mesa de Trabajo Municipal con la participación de partidos
políticos, técnicos municipales, asociaciones de colectivos afectados y servicios sociales del
Ayuntamiento, para buscar fórmulas que consigan aumentar el número de viviendas
municipales que den respuesta a las situaciones de emergencia social. Asimismo, se instaba
cve: BOE-A-2022-15684
Verificable en https://www.boe.es
El Ayuntamiento de Murcia ha informado de las siguientes iniciativas municipales que no se han
aplicado:
Núm. 231
Lunes 26 de septiembre de 2022
Sec. III. Pág. 131955
Como hechos posteriores a la fiscalización, en mayo de 2020 la CARM y el Ayuntamiento de
Murcia han suscrito un convenio de colaboración que regula la cesión al Ayuntamiento de la
propiedad de las viviendas que adquiera la CARM en el marco del Programa. Además, se ha
informado de la cesión de siete viviendas para el realojo de las primeras familias
seleccionadas.
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En 2016 se creó la Comisión Municipal del Plan de Fomento de Alquiler de Vivienda con el
objetivo de analizar fórmulas para promover el alquiler mediante la creación de una bolsa
municipal de viviendas privadas destinadas a cubrir la demanda de alquiler de las familias
económica y socialmente más vulnerables. Del trabajo de esta Comisión resultó un programa
para el fomento del alquiler privado y otras actuaciones que se analizan posteriormente.
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En 2017 el Ayuntamiento de Murcia contrató un estudio para analizar la situación de la
vivienda en su municipio y, en especial, de los colectivos en situación de riesgo de exclusión
residencial. En el estudio se estimó que las familias del municipio, en las condiciones
económicas del mercado privado en ese momento, necesitaban un mínimo de ingresos
familiares en torno a los 1.100 euros mensuales para acceder a una vivienda libre del rango
de precio más económico, ya fuera mediante la compra ⎯coste de adquisición de 55.751,95
euros, y cuota mensual de la hipoteca de 322 euros mensuales⎯ o alquiler ⎯cuota mensual
de 330 euros⎯.
El estudio concluía que el 95 % de las 1.115 familias inscritas en el RDV en junio de 2017 se
encontraban en riesgo de exclusión residencial, dado que los ingresos familiares declarados
eran inferiores a los necesarios para encontrar soluciones de viviendas en el mercado privado.
El estudio también analizó la situación de las familias demandantes de vivienda en el mercado
privado a partir de la información obtenida sobre más de 5.300 solicitudes gestionadas por las
agencias de mediación inmobiliaria del municipio, concluyéndose que el 34 % de esas familias
también se encontraban en riesgo de exclusión residencial.
En conjunto, el estudio estimó un riesgo de exclusión residencial del 43 % de los solicitantes
de vivienda pública o privada, situación que afectaría en 2017 a unas 2.750 familias residentes
en el municipio que requerían de la actuación pública para poder acceder una vivienda.
Además, a la vista de las previsiones de aumento de la población en el periodo 2017-2020,
se estimaba que el número de hogares en riesgo de exclusión social iría en aumento.
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El Pleno municipal aprobó, en sesión de 31 de octubre de 2019, una moción para instar al
equipo de Gobierno local a la dotación de más personal para el Servicio de Vivienda con la
intención de que este pueda impulsar nuevas actuaciones.
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Posteriormente, en sesión de 28 de noviembre de 2019, el Pleno aprobó otra moción para la
puesta en marcha de viviendas municipales en relación con situaciones de emergencia social
(mujeres víctimas de violencia de género, edificios en ruina, viviendas en malas condiciones
de habitabilidad e higiene, relaciones familiares insostenibles, siniestro de vivienda,
desahucios, ejecuciones hipotecarias y expedientes expropiatorios). La moción instaba al
equipo de gobierno a constituir una Mesa de Trabajo Municipal con la participación de partidos
políticos, técnicos municipales, asociaciones de colectivos afectados y servicios sociales del
Ayuntamiento, para buscar fórmulas que consigan aumentar el número de viviendas
municipales que den respuesta a las situaciones de emergencia social. Asimismo, se instaba
cve: BOE-A-2022-15684
Verificable en https://www.boe.es
El Ayuntamiento de Murcia ha informado de las siguientes iniciativas municipales que no se han
aplicado:
