III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-15683)
Resolución de 28 de junio de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Mancomunidad de Los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos, ejercicios 2017 a 2019.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231
Lunes 26 de septiembre de 2022
Sec. III. Pág. 131893
Mancomunidad del Guadalquivir, ni a los municipios integrantes de la extinta Mancomunidad del
Bajo Guadalquivir, lo que supone que la administración contratante, la Mancomunidad de los
Alcores, no está haciendo uso de las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico le
atribuye con el fin de garantizar el interés público y el buen funcionamiento del servicio público
objeto de concesión administrativa.
Pese a que se ha producido modificaciones sustanciales por la prestación del servicio a municipios
no contemplados inicialmente, no se ha producido el estudio correspondiente para, en su caso,
reestablecer el equilibrio económico financiero de la concesión.
c) Prestación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos a terceros
autorizados
Como se ha señalado, el servicio de tratamiento y eliminación de residuos se presta también a los
terceros autorizados en los términos ya definidos a cambio del pago por parte de éstos a la
concesionaria de un precio público fijado en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
En 2017 la cuota de Vertido-entrega de residuos urbanos era sin IVA de 35,32 €/Tm y el vertido –
entrega de otros residuos de carácter especial 262,2 €/Tm.
La gestión del cobro del precio público se realiza directamente por la concesionaria quien abona
una cuantía fija por tonelada depositada a la Mancomunidad, por lo que la Mancomunidad está
contraviniendo lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ordenanza reguladora del precio público
que establecen que es la propia Mancomunidad quien debe formar anualmente una matrícula con
los obligados al pago, el domicilio recaudatorio, tarifas, cuotas y demás datos oportunos.
En la documentación facilitada por la Mancomunidad no figura la cantidad que tiene que abonar la
concesionaria a la Mancomunidad por las toneladas depositadas por los terceros autorizados, ni
ésta se aprueba anualmente por la Junta General al actualizar el importe de los precios públicos.
La Mancomunidad ha recaudado por la prestación a terceros autorizados 220.968,93 euros en el
ejercicio 2017 y 207.410,12 euros en el ejercicio 2018.
II.7.4 Otros servicios.
II.7.4.1. Producción y recogida de residuos de construcción y demolición
La Mancomunidad prestó durante una parte del periodo fiscalizado el servicio de gestión de los
residuos de la construcción y demolición de forma indirecta, a través de una concesión
administrativa adjudicada a una UTE. El contrato administrativo fue firmado el día 14 de julio de
2004, siendo su objeto “la construcción de la planta y explotación de la gestión de los residuos de
la construcción y demolición (RCDs) en el ámbito territorial de la Mancomunidad de los Alcores” por
un período de veinte años.
El servicio de recogida de RCDs fue prestado a los Ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Carmona,
Mairena del Alcor y Sevilla.
Para la regulación de este servicio, la Mancomunidad aprobó en 2010 la Ordenanza Marco
reguladora de los residuos de escombros y derribos de la construcción (RCDs) en el ámbito de la
cve: BOE-A-2022-15683
Verificable en https://www.boe.es
En la sesión de la Junta General de la Mancomunidad de 27 de marzo de 2009 se acordó la
ampliación del periodo concesional durante tres años y medio más, hasta el 14 de enero de 2028.
Núm. 231
Lunes 26 de septiembre de 2022
Sec. III. Pág. 131893
Mancomunidad del Guadalquivir, ni a los municipios integrantes de la extinta Mancomunidad del
Bajo Guadalquivir, lo que supone que la administración contratante, la Mancomunidad de los
Alcores, no está haciendo uso de las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico le
atribuye con el fin de garantizar el interés público y el buen funcionamiento del servicio público
objeto de concesión administrativa.
Pese a que se ha producido modificaciones sustanciales por la prestación del servicio a municipios
no contemplados inicialmente, no se ha producido el estudio correspondiente para, en su caso,
reestablecer el equilibrio económico financiero de la concesión.
c) Prestación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos a terceros
autorizados
Como se ha señalado, el servicio de tratamiento y eliminación de residuos se presta también a los
terceros autorizados en los términos ya definidos a cambio del pago por parte de éstos a la
concesionaria de un precio público fijado en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
En 2017 la cuota de Vertido-entrega de residuos urbanos era sin IVA de 35,32 €/Tm y el vertido –
entrega de otros residuos de carácter especial 262,2 €/Tm.
La gestión del cobro del precio público se realiza directamente por la concesionaria quien abona
una cuantía fija por tonelada depositada a la Mancomunidad, por lo que la Mancomunidad está
contraviniendo lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ordenanza reguladora del precio público
que establecen que es la propia Mancomunidad quien debe formar anualmente una matrícula con
los obligados al pago, el domicilio recaudatorio, tarifas, cuotas y demás datos oportunos.
En la documentación facilitada por la Mancomunidad no figura la cantidad que tiene que abonar la
concesionaria a la Mancomunidad por las toneladas depositadas por los terceros autorizados, ni
ésta se aprueba anualmente por la Junta General al actualizar el importe de los precios públicos.
La Mancomunidad ha recaudado por la prestación a terceros autorizados 220.968,93 euros en el
ejercicio 2017 y 207.410,12 euros en el ejercicio 2018.
II.7.4 Otros servicios.
II.7.4.1. Producción y recogida de residuos de construcción y demolición
La Mancomunidad prestó durante una parte del periodo fiscalizado el servicio de gestión de los
residuos de la construcción y demolición de forma indirecta, a través de una concesión
administrativa adjudicada a una UTE. El contrato administrativo fue firmado el día 14 de julio de
2004, siendo su objeto “la construcción de la planta y explotación de la gestión de los residuos de
la construcción y demolición (RCDs) en el ámbito territorial de la Mancomunidad de los Alcores” por
un período de veinte años.
El servicio de recogida de RCDs fue prestado a los Ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Carmona,
Mairena del Alcor y Sevilla.
Para la regulación de este servicio, la Mancomunidad aprobó en 2010 la Ordenanza Marco
reguladora de los residuos de escombros y derribos de la construcción (RCDs) en el ámbito de la
cve: BOE-A-2022-15683
Verificable en https://www.boe.es
En la sesión de la Junta General de la Mancomunidad de 27 de marzo de 2009 se acordó la
ampliación del periodo concesional durante tres años y medio más, hasta el 14 de enero de 2028.
