BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 7 de septiembre de 2022

Sec. I. Pág. 124204

II
España ha ratificado los principales tratados y convenios internacionales de derechos
humanos que establecen la obligación de actuar con la debida diligencia frente a todas
las formas de violencia contra las mujeres, entre ellas las violencias sexuales. Cabe
destacar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer de Naciones Unidas, el Convenio sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica del Consejo de Europa (Convenio de
Estambul) y el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de
Europa (Convenio de Varsovia).
El Convenio de Estambul establece la obligación de las administraciones públicas de
actuar desde el enfoque de género frente a la violencia contra las mujeres, que define de
manera amplia como «todos los actos de violencia basados en el género que implican o
pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual,
psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o
la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada».
Este marco internacional de promoción y protección de los derechos humanos,
incluida la lucha contra toda clase de discriminación y violencia que sufren las mujeres y
las niñas, encontró un nuevo impulso con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que, en su objetivo 5, establece
entre sus metas eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, el matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina.
Respecto a la prevención y respuesta específica a las violencias sexuales contra
niñas y niños, España asumió compromisos concretos derivados de la ratificación del
Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y
el abuso sexual (Convenio de Lanzarote) y de la aprobación de la Directiva 2011/93/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía
infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.
En cumplimiento de las obligaciones internacionales y de la Constitución,
desde 2004, en España se han desarrollado importantes avances normativos y de
políticas públicas para promover la igualdad de género y combatir la violencia contra las
mujeres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra a la Violencia de Género, supuso un gran paso adelante para garantizar una
respuesta integral y coordinada frente a la violencia contra las mujeres cometida en el
ámbito de las relaciones afectivas.
A pesar de los avances, el abordaje integral de las violencias sexuales, cometidas
contra las mujeres, las niñas y los niños, en cualquier ámbito de relaciones o por parte
de desconocidos, constituye, actualmente, un desafío pendiente al que esta ley pretende
dar respuesta.
Mecanismos de Naciones Unidas, como el Comité para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Grupo de trabajo sobre
discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, han recomendado a
España la ampliación del marco normativo para incluir un abordaje integral frente a esta
violencia, el impulso de acciones para eliminar los estereotipos de género que sustentan
la violencia sexual, la puesta en marcha de recursos asistenciales adecuados para las
víctimas y la recopilación de datos estadísticos sobre estas violencias para el desarrollo
de políticas públicas eficaces.
Por su parte, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas ha recomendado a España que adopte todas las medidas apropiadas
para combatir la violencia de género contra las mujeres con discapacidad psicosocial y
para prevenir, investigar y ofrecer reparaciones por las violaciones de sus derechos
humanos, enjuiciando a las personas responsables. Asimismo, el Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado a nuestro país que se
investiguen activamente los casos de explotación y de abusos sexuales de niños, se

cve: BOE-A-2022-14630
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Núm. 215