BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 11 de agosto de 2022

Sec. III. Pág. 117586

PREÁMBULO
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia (en adelante «la LAPAD»), en su
artículo 34.2, encomienda al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (en adelante «el Consejo Territorial») la fijación de criterios
comunes sobre acreditación de centros, servicios y entidades.
La acreditación de centros, servicios y entidades que actúen en el ámbito de la
autonomía personal y de la atención a la dependencia, tiene por finalidad garantizar el
derecho de las personas en situación de dependencia a recibir unos servicios de calidad
y ello con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan
(artículo 4.1).
La competencia para acreditar centros, servicios y entidades corresponde a las
Comunidades Autónomas en su ámbito competencial, tal y como reconoce el artículo 16
de la LAPAD, si bien se encomienda al Consejo Territorial la fijación de criterios comunes
de acreditación (artículo 34.2).
En base a esta encomienda, el Consejo Territorial en su reunión del día 27 de
noviembre de 2008, acordó unos criterios comunes sobre acreditación para garantizar la
calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante SAAD),
que, entendiéndose como mínimos, han informado hasta ahora la legislación y
reglamentación autonómicas. Posteriormente dicho acuerdo ha sufrido diversas
modificaciones generalmente dirigidas a lo referido a las cualificaciones profesionales y a
los procesos de habilitación.
Con fecha 15 de enero de 2021, el pleno del Consejo Territorial aprobó el
denominado «Plan de choque», que contiene doce puntos para la mejora del sistema,
uno de los cuales iba referido a la necesidad de abordar «las modificaciones del Acuerdo
de acreditación de centros y servicios del SAAD de 2008 que sean necesarias para
reforzar la calidad de los servicios».
De esta forma, con fecha de 26 de julio de 2021, el pleno del Consejo Territorial
aprobó el Acuerdo de bases y hoja de ruta para la modificación de los criterios comunes
de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia. En el mismo se reconocía la necesidad de
revisar y reformular el acuerdo vigente desde 2008 hacia un nuevo texto que, en todo
caso debía:
– Estar enfocado a asegurar el acceso a unos servicios definidos, personalizados,
adaptables a cada persona a lo largo de su ciclo vital y que aseguren el pleno respeto a
su dignidad, autonomía y participación social.
– Respetar los principios de: dignidad y respeto; personalización y atención centrada
en la persona; participación, control y elecciones; derecho a la salud y bienestar
personal; y proximidad y conexiones comunitarias.
– Ser de aplicación a todos los servicios susceptibles de estar contenidos en el PIA
de cada persona ya sean estos de titularidad pública o privada; de provisión pública
directa o concertada, incluyéndose también los servicios cuya provisión se articule
mediante una prestación económica vinculada dirigida a la persona en situación de
dependencia.
– Establecer requisitos mínimos comunes para la acreditación de los diferentes
servicios, empezando por los de carácter residencial.
– Promover que todos los servicios (ya sean domiciliarios o residenciales) se
conciban como «de proximidad» con un enfoque comunitario.
– Determinar las figuras y perfiles profesionales para la prestación de apoyos, su
cualificación, su encuadramiento y sus funciones.
– Establecer el procedimiento de acreditación del personal de apoyos, así como los
planes de formación oportunos. Éstos incluirán un programa para la capacitación del
personal en el modelo de atención centrado en la persona en los servicios residenciales
y domiciliarios.

cve: BOE-A-2022-13580
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Núm. 192