BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2022

Sec. III. Pág. 87299

SÍ NO

(d) se ha establecido mediante una sentencia firme o una decisión administrativa
definitiva que el solicitante o sus gestores son culpables de una falta profesional grave
por violación de disposiciones legales o reglamentarias o de las normas deontológicas de
la profesión a la que pertenecen, o por haber incurrido en cualquier conducta punible que
pueda influir en su credibilidad profesional, cuando dicha conducta denote un propósito
doloso o negligencia grave, incluida, en particular, cualquiera de las conductas
siguientes:
(i) tergiversación de forma fraudulenta o negligente de la información exigida para
verificar la inexistencia de motivos de denegación de la licencia o para el cumplimiento de ☐ ☐
los requisitos de acceso o para la prestación del servicio;
(ii) celebración de un acuerdo con otros operadores con el fin de falsear la
competencia;

☐ ☐

(iii)

☐ ☐

violación de los derechos de propiedad intelectual;

(iv) intento de influir en el proceso de toma de decisiones de la Autoridad Portuaria
durante el procedimiento de otorgamiento;

☐ ☐

(v) intento de obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas
en el procedimiento de otorgamiento;

☐ ☐

(i)

fraude;

☐ ☐

(ii)

corrupción;

☐ ☐

(iii)

participación en una organización delictiva;

☐ ☐

(iv)

blanqueo de capitales o financiación del terrorismo;

☐ ☐

(v)

delitos relacionados con el terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas;

☐ ☐

(vi)

trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos;

☐ ☐

(f) el solicitante o sus gestores han mostrado deficiencias significativas en el
cumplimiento de las obligaciones principales constatadas en la ejecución de un contrato
o prestación de un servicio para la Autoridad Portuaria, lo que ha dado lugar a su
resolución anticipada o a la aplicación de indemnizaciones u otras sanciones
contractuales, o descubiertas a raíz de controles, auditorías o investigaciones de la
Autoridad Portuaria, el Tribunal de Cuentas o cualquier otra institución;

☐ ☐

(g) una sentencia firme o decisión administrativa firme ha establecido que el solicitante
o sus gestores han creado una entidad bajo una jurisdicción diferente a la española con
la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o de otro carácter legal de obligada
aplicación en la jurisdicción en la que está registrada su sede, administración central o
centro principal de actividad;

☐ ☐

(h) (solo para personas jurídicas) una sentencia firme o decisión administrativa firme ha
establecido que la personalidad jurídica ha sido creada con la intención prevista en el
punto (f);

☐ ☐

(i) para las situaciones referidas en los puntos (c) al (g) anteriormente descritos, el
solicitante o sus gestores están inmersos en:
i. hechos establecidos en el contexto de investigaciones o auditorías realizadas por la
Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, o de una auditoría interna, o de cualquier otro examen,
auditoría o control efectuado bajo la responsabilidad de un ordenante de una institución o ☐ ☐
de una agencia u órgano de la UE, del Estado español o del país en el que esté
establecido;

cve: BOE-A-2022-10427
Verificable en https://www.boe.es

(e) una resolución judicial firme ha dictaminado que el solicitante o sus gestores son
culpables de uno de los siguientes delitos conforme a la legislación europea, del Estado
español o del país en el que está establecido: