BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 26 de mayo de 2022

Sec. I. Pág. 72053

recomendaciones dirigidas a una rápida reducción de la dependencia europea del gas
natural y petróleo de origen ruso. Además de acelerar la transición energética basada en
la eficiencia energética y el despliegue de renovables, promueve medidas de impacto
inmediato que permitan reducir de forma inminente el consumo. Entre otras medidas, la
Agencia plantea actuaciones como el ajuste de termostatos en unos pocos grados para
reducir las demandas de calefacción o refrigeración o el impulso del teletrabajo, el uso
del vehículo compartido o la reducción de la velocidad en autopistas. En definitiva, se
trata de actuar de forma rápida y proactiva en medidas de contención de la demanda allí
donde existe margen, sin alteración significativa de las condiciones de bienestar o
actividad económica, para ganar resiliencia ante posibles escaladas en la tensión de
precios y suministro que se está viendo.
En este sentido, la Administración General del Estado debe adoptar un papel
protagonista, impulsando actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia energética
en el ámbito del sector público estatal y que puedan servir, a su vez, como modelo a
otras administraciones públicas y entidades privadas que se sumen a esta iniciativa y les
permita obtener, en el corto plazo, ahorros en la factura energética, así como contribuir al
refuerzo de la seguridad energética del país. Para ello, se establecerán los mecanismos
necesarios para coordinar al conjunto de las Administraciones Públicas, de manera que
las medidas contenidas en este Acuerdo sirvan de guía al resto de Administraciones
Públicas.
Asimismo, el compromiso permanente de las empleadas y los empleados públicos
con la sociedad a la que sirven adquiere una especial relevancia en la consecución del
objetivo de fomentar el ahorro energético necesario derivado de la situación de crisis
energética en que estamos inmersos.
El sector público estatal debe jugar el papel que le corresponde en materia de
responsabilidad social, asegurando su rol como motor e impulsor de un enfoque y una
filosofía de responsabilidad social, en el convencimiento de que un compromiso con la
responsabilidad social en materia energética mejorará la confianza de la ciudadanía, lo
que a su vez podrá impulsar un desarrollo sostenible.
Por otra parte, más allá de este importante papel que el conjunto del sector público
debe jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad social en el
ámbito de las empresas y del resto de organizaciones, se debe también reflejar el propio
funcionamiento de las entidades públicas como organizaciones que prestan servicios a la
ciudadanía y, por tanto, deben ser cada vez más eficientes en su actividad. De esta
manera, ha de garantizarse, en todo caso, el objetivo fundamental de atención a la
ciudadanía y a los servicios que esta demanda al conjunto del sector público.
Al mismo tiempo, son organizaciones que interactúan en un entorno social y
ambiental que deben respetar y mejorar, al tiempo que deben velar por el desarrollo
profesional y el bienestar laboral de las empleadas y empleados públicos. En este
sentido, el sector público, en tanto que conjunto de organizaciones, deben aplicarse a sí
mismas los mismos criterios que inspiran el concepto de responsabilidad social y
hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad.
Desde el año 2021, la Administración General del Estado está abordando un ejercicio
de mejora energética sin precedentes. Está movilizando un presupuesto de más
de 1.070 millones de euros con cargo a la componente 11 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, a través de un Plan de Transición Energética (PRTR) en la
AGE, que actúa sobre sus edificios, infraestructuras consumidoras de energía y su
movilidad. En paralelo, en cumplimiento de la disposición adicional novena de la
Ley 7/2021 de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se está
elaborando el Plan de reducción de consumo energético en la Administración General
del Estado (AGE), con el objetivo de que centros consumidores de energía,
pertenecientes a la Administración General del Estado, reduzcan su consumo de energía
en el año 2030, en consonancia con la «Estrategia a largo plazo para la rehabilitación
energética en el sector de la edificación en España» y el «Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030», mediante la realización de medidas de ahorro y eficiencia

cve: BOE-A-2022-8563
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Núm. 125