BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 124

Miércoles 25 de mayo de 2022

Sec. III. Pág. 71971

contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así
como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en
estas materias.
El CSIC está constituido como agencia estatal y, en dicha condición, se rige por lo
establecido en los artículos 108 bis a 108 sexies (introducidos por la Ley de PGE
para 2021) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público, y por las disposiciones de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1730/2007,
de 21 de diciembre.
Cuarto.
Que el apartado primero del artículo 34 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, prevé la posibilidad de que los agentes públicos
del Sistema Español de la Ciencia, Tecnología e Innovación puedan suscribir convenios
de colaboración sujetos al derecho administrativo con los propios agentes públicos o con
agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica,
nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de una serie de
actividades, entre las que se encuentra la «Creación o financiación de centros, institutos,
consorcios o unidades de investigación e infraestructuras científicas».
El apartado quinto del citado artículo 34 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, establece
que la creación de centros, institutos y unidades de investigación a través de convenios
de «tendrá en consideración en cada caso las normas propias de constitución que fueran
de aplicación».
Por su parte, la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el
Conocimiento, prevé en su artículo 33, la constitución de centros e institutos de
investigación en los que participe la Administración de la Junta de Andalucía,
estableciendo que «los objetivos, funciones, recursos personales y patrimoniales,
régimen financiero, organización, funcionamiento y estructura jurídica de los centros e
institutos de investigación se determinarán en el documento de creación».
La Ley 14/2011, de 1 de junio, en el apartado 2.c) de su disposición adicional octava,
establece que los Organismos Públicos de Investigación se organizarán en institutos
como núcleo organizativo básico, pudiendo constituirse con recursos pertenecientes a un
único Organismo o mediante la asociación con otros agentes del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a través de los instrumentos previstos en
dicha Ley.
El CSIC, de conformidad con el artículo 5.1.f) de su Estatuto, tiene como una de sus
funciones «contribuir a la vertebración territorial y funcional del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación mediante Institutos, Centros Nacionales y otras
unidades de investigación, propios o en colaboración con otros agentes».
Por último, el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, prevé que las universidades podrán constituir Institutos Mixtos de
Investigación «conjuntamente con los organismos públicos de investigación, con los
centros del Sistema Nacional de Salud y con otros centros de investigación públicos o
privados sin ánimo de lucro, promovidos y participados por una administración pública».

Que la Administración de la Junta de Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con fecha 12 de marzo
de 2003, suscribieron un Convenio «para la creación del «Centro Andaluz de Biología del
Desarrollo» con la naturaleza y carácter de centro mixto», constituyendo de esa manera
un Instituto mixto de investigación de titularidad compartida cuyo precedente fue el
Laboratorio Andaluz de Biología (LAB), creado en 1993.
Con fecha 13 de abril de 2011, las instituciones cotitulares del CABD actualizaron su
compromiso con el desarrollo del Instituto suscribiendo una adenda al mismo que
modificó determinados aspectos de su funcionamiento.

cve: BOE-A-2022-8555
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.