III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio. (BOE-A-2022-8555)
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía y la Universidad Pablo Olavide, para la regulación del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 25 de mayo de 2022
Sec. III. Pág. 71982
extracurriculares de sus alumnos en los Institutos del CSIC, relativas a los títulos de
grado, máster y doctorado, incluyendo la realización de trabajos de fin de grado y de
máster y la dirección de tesis doctorales.
3. Los compromisos previstos en el apartado anterior se llevarán a efecto en cada
caso atendiendo a criterios de reciprocidad, pudiendo denegarse cuando existan causas
justificadas de índole técnica y/o jurídica debidamente motivadas, que deberán
informarse ante la Comisión Rectora. En cualquier caso, en relación con los servicios TIC
y sistemas de información se atenderá a los esquemas y normativa técnica de aplicación
en cada institución cotitular.
Asimismo, en la aplicación de las posibilidades anteriores, las instituciones cotitulares
garantizarán al personal adscrito un tratamiento igual al que prestan al personal propio
que resulte equiparable en sus solicitudes, siempre que se respete la normativa interna y
externa que resulte de aplicación en cada caso (uso de instalaciones y equipamientos,
horarios, prevención de riesgos laborales, trámites procedimentales, etc.).
En cualquier caso, la Comisión Rectora podrá concretar los detalles de las
posibilidades previstas en este apartado, pudiendo incorporarlos en el RRI del Instituto,
previa consulta y conformidad de los órganos competentes de cada una de las
instituciones cotitulares.
4. Al carecer de personalidad jurídica propia, el CABD no tiene capacidad para
contratar personal y serán las instituciones cotitulares las que celebrarán los oportunos
contratos de trabajo ejerciendo de manera efectiva las competencias que el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, reconoce a todo empleador.
En cualquier caso, la contratación de personal que se adscriba al Instituto por las
instituciones cotitulares se ajustará a las normas básicas aplicables en cada momento a
cada una de ellas en materia de empleo público.
Undécima. Régimen de actividad en los espacios e instalaciones del Instituto.
Distribución, responsabilidad y prevención de riesgos laborales.
1. La gestión, distribución y asignación de los espacios de los edificios,
instalaciones y terrenos aportados por las partes al Instituto de conformidad con la
cláusula quinta, serán competencia ordinaria de la Dirección del Instituto, con el apoyo
de la Gerencia, de conformidad con los criterios para el uso de espacios que, en su caso,
pueda establecer la Comisión Rectora. La Dirección informará a la Junta de Instituto en
cada una de sus reuniones de las decisiones adoptadas a este respecto.
2. Sin perjuicio de las políticas o medidas que deban o puedan adoptarse para el
Instituto o se adopten en el seno del mismo, cada Institución cotitular facilitará los medios
adecuados para la seguridad e integridad del personal propio que adscriba al Instituto.
La seguridad e integridad, así como la responsabilidad civil por daños, de todo aquel
personal que se encuentre temporalmente en el Instituto, o personal externo, será
cubierta por los seguros que se les obligue a tomar o que asuma alguna de las
instituciones cotitulares.
3. Cuando de las actividades que se lleven a cabo en el Instituto se derive
responsabilidad frente a particulares, se aplicará lo dispuesto en el artículo 33 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la
responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.
La distribución de la responsabilidad entre las instituciones cotitulares se realizará,
en primera instancia, en función de la participación acordada de cada una de ellas en el
Instituto. No obstante, esta distribución podrá modularse atendiendo al criterio del
«dominio del hecho». Para ello, se valorará conjuntamente la institución o instituciones a
la que pertenezca la persona o personas responsables del daño producido o bajo cuyo
ámbito de decisión y vigilancia se produzca, así como la institución titular del bien
causante del daño o que sea responsable de su mantenimiento y conservación.
cve: BOE-A-2022-8555
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 124
Miércoles 25 de mayo de 2022
Sec. III. Pág. 71982
extracurriculares de sus alumnos en los Institutos del CSIC, relativas a los títulos de
grado, máster y doctorado, incluyendo la realización de trabajos de fin de grado y de
máster y la dirección de tesis doctorales.
3. Los compromisos previstos en el apartado anterior se llevarán a efecto en cada
caso atendiendo a criterios de reciprocidad, pudiendo denegarse cuando existan causas
justificadas de índole técnica y/o jurídica debidamente motivadas, que deberán
informarse ante la Comisión Rectora. En cualquier caso, en relación con los servicios TIC
y sistemas de información se atenderá a los esquemas y normativa técnica de aplicación
en cada institución cotitular.
Asimismo, en la aplicación de las posibilidades anteriores, las instituciones cotitulares
garantizarán al personal adscrito un tratamiento igual al que prestan al personal propio
que resulte equiparable en sus solicitudes, siempre que se respete la normativa interna y
externa que resulte de aplicación en cada caso (uso de instalaciones y equipamientos,
horarios, prevención de riesgos laborales, trámites procedimentales, etc.).
En cualquier caso, la Comisión Rectora podrá concretar los detalles de las
posibilidades previstas en este apartado, pudiendo incorporarlos en el RRI del Instituto,
previa consulta y conformidad de los órganos competentes de cada una de las
instituciones cotitulares.
4. Al carecer de personalidad jurídica propia, el CABD no tiene capacidad para
contratar personal y serán las instituciones cotitulares las que celebrarán los oportunos
contratos de trabajo ejerciendo de manera efectiva las competencias que el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, reconoce a todo empleador.
En cualquier caso, la contratación de personal que se adscriba al Instituto por las
instituciones cotitulares se ajustará a las normas básicas aplicables en cada momento a
cada una de ellas en materia de empleo público.
Undécima. Régimen de actividad en los espacios e instalaciones del Instituto.
Distribución, responsabilidad y prevención de riesgos laborales.
1. La gestión, distribución y asignación de los espacios de los edificios,
instalaciones y terrenos aportados por las partes al Instituto de conformidad con la
cláusula quinta, serán competencia ordinaria de la Dirección del Instituto, con el apoyo
de la Gerencia, de conformidad con los criterios para el uso de espacios que, en su caso,
pueda establecer la Comisión Rectora. La Dirección informará a la Junta de Instituto en
cada una de sus reuniones de las decisiones adoptadas a este respecto.
2. Sin perjuicio de las políticas o medidas que deban o puedan adoptarse para el
Instituto o se adopten en el seno del mismo, cada Institución cotitular facilitará los medios
adecuados para la seguridad e integridad del personal propio que adscriba al Instituto.
La seguridad e integridad, así como la responsabilidad civil por daños, de todo aquel
personal que se encuentre temporalmente en el Instituto, o personal externo, será
cubierta por los seguros que se les obligue a tomar o que asuma alguna de las
instituciones cotitulares.
3. Cuando de las actividades que se lleven a cabo en el Instituto se derive
responsabilidad frente a particulares, se aplicará lo dispuesto en el artículo 33 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la
responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.
La distribución de la responsabilidad entre las instituciones cotitulares se realizará,
en primera instancia, en función de la participación acordada de cada una de ellas en el
Instituto. No obstante, esta distribución podrá modularse atendiendo al criterio del
«dominio del hecho». Para ello, se valorará conjuntamente la institución o instituciones a
la que pertenezca la persona o personas responsables del daño producido o bajo cuyo
ámbito de decisión y vigilancia se produzca, así como la institución titular del bien
causante del daño o que sea responsable de su mantenimiento y conservación.
cve: BOE-A-2022-8555
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 124
