BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 18 de febrero de 2022

Sec. III. Pág. 20749

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias propias para la gestión de
sus intereses y se encuentra facultada para la suscripción de convenios para el
desarrollo de actuaciones de intercambio de información con la Administración estatal.
II
En el marco de la colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las
Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1.k), 140
y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en
adelante Ley de Régimen Jurídico del Sector Público), los representantes de ambas
partes establecieron, mediante la firma, en fecha 3 de febrero de 2020, del Convenio
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de
Canarias, un sistema de suministro estable y periódico de información, amparado tanto
por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, Ley General
Tributaria) como por el resto de normas que rigen el suministro de información tributaria
a las Administraciones públicas (BOE núm. 49, de 26 de febrero de 2020).
III
La crisis económica generada como consecuencia de la evolución de la COVID-19 ha
supuesto una importante perturbación de las economías mundiales en general y de la Unión
Europea en particular, obligando a las autoridades públicas de todos los países a adoptar
una serie de medidas dirigidas a mitigar las repercusiones negativas en la Economía.
Estas circunstancias excepcionales creadas por la COVID-19, están provocando que
empresas de todo tipo, así como trabajadores autónomos, se vean inmersos en
importantes problemas de liquidez, lo que a su vez podrá tener en un futuro
repercusiones en el mantenimiento de sus empleados o incluso en la supervivencia de
las empresas.
Ante esta situación, las Comunidades y Ciudades Autónomas han puesto en marcha
diversos planes de rescate y ayudas directas para paliar los efectos negativos de la
COVID-19 dirigidas principalmente a empresas y trabajadores autónomos de los
sectores más afectados.
Asimismo, con independencia de las ayudas que las Comunidades y Ciudades
Autónomas están aprobando a causa de la crisis económica generada por la COVID-19,
pueden darse a lo largo del tiempo otras circunstancias o situaciones que asimismo
hagan necesaria la adopción de medidas por parte de las Comunidades o Ciudades
Autónomas, o por parte del Estado que requieran de la intervención de aquellas,
dirigidas a prestar apoyo a determinadas empresas o sectores afectados por las mismas.
Para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiarios de las
distintas ayudas que se aprueben por la Comunidad Autónoma de Canarias puede ser
necesario que por parte de la Agencia Tributaria se ponga a disposición de la Comunidad
Autónoma determinada información con trascendencia tributaria al amparo de lo previsto
en el artículo 95.1.k) de la Ley General Tributaria. Este artículo prevé como excepción al
carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la
Administración Tributaria, la colaboración con las Administraciones públicas para el
desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se
refieran los datos suministrados.
El anexo I del Convenio suscrito entre la Agencia Tributaria y la Comunidad
Autónoma de Canarias en materia de suministro de información para finalidades no
tributarias ya contempla la cesión de determinados datos por parte de la Agencia
Tributaria, dándose así cobertura a una parte de las necesidades de suministro de
información para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario
de las diversas ayudas que se aprueben por la Comunidad Autónoma.
No obstante, dado que existe otra información no recogida en el anexo I del citado
Convenio cuya cesión por parte de la Agencia Tributaria a la Comunidad Autónoma se

cve: BOE-A-2022-2662
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Núm. 42