BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 16 de febrero de 2022

Sec. III. Pág. 19845

5. En este mismo sentido, cabe citar la STTJUE (Sala Segunda) de 15.07.10,
resolviendo una petición de decisión prejudicial de Bundesgerichtshof-Alemania, y en
cuya fundamentación jurídica se hace el siguiente llamamiento a los tribunales
nacionales:
"99. Corresponde a los tribunales nacionales, en principio, aplicar su Derecho
nacional al mismo tiempo que velan por garantizar la plena eficacia del Derecho de la
Unión, lo que puede llevarles a no aplicar, en su caso, una norma nacional que lo
obstaculice, o a interpretar una norma nacional que haya sido elaborada teniendo en
cuenta únicamente una situación puramente interna con el fin de aplicarla a la situación
transfronteriza de que se trate..."
En definitiva, las normas internas de los Estados no pueden "...frustrar mediante
requisitos adicionales los objetivos y fines pretendidos por las normas europeas..." (en tal
sentido, SS TJU 119/1984, 388/1992 y 185/2007).
6. La posición de esta parte tiene apoyo en la jurisprudencia menor española,
siendo reflejo de ello la sentencia n.º 529/2020, de 30 de diciembre de 2020, de la
Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, dictada en el recurso de
apelación n.º 450/2020.»
IV
Mediante escrito, de fecha 9 de noviembre de 2021, la registradora de la Propiedad
emitió informe confirmando la calificación recurrida y elevó el expediente a esta Dirección
General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 14 y 149.1.8.ª de la Constitución Española; 20 y 21.1 de la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 81 y 267 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea; 1.2.k) y.l), 3.1.b), 20, 21, 22.2, 23, 25, 27, 30, 36,
38 y 83 y los considerandos 7, 23, 24, 40, 47, 48 a 53 y 80 del Reglamento (UE) n.º
650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la
aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis
causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo; los artículos 9.8, 14.1. 15.1
y 16 del Código Civil; 68 de la Ley 20/2011, de 21 de Julio, de Registro Civil; 160 y 161
del Reglamento Notarial; 4, 214 a 218, 243 y siguientes de la Ley 2/2006, de 14 de junio,
de derecho civil de Galicia; las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto C-218/16 (Kubicka), de 12 de octubre de 2017, y Asunto C-277/20, (VM v HW,
administrador de la sucesión de ZL), de 9 de septiembre de 2021; las Resoluciones de la
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña de 24
de enero y 30 de julio de 2018; las Resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 15 de junio y 4 de julio de 2016, 2 de febrero y 10 de abril
de 2017, 2 de marzo de 2018 y 4 de enero, 14 de febrero y 24 de mayo de 2019
(revocada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares
número 1/2021 de 14 de mayo –corrección de errores por Auto número 1/2021, de 1 de
junio–), y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 10
de agosto de 2020.
1. El presente recurso incide nuevamente en la relación entre el Derecho foral o
autonómico civil y los Reglamentos europeos sobre la ley aplicable. Concretamente, en
la relación del Derecho gallego con el Reglamento (EU) n.º 650/2012, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable,
el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los

cve: BOE-A-2022-2517
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Núm. 40