III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE IGUALDAD. Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio. (BOE-A-2022-400)
Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la prestación del servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 8
Lunes 10 de enero de 2022
Sec. III. Pág. 2337
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género (en adelante, Ley Integral), reconoce, en el artículo 18, el
derecho de las mujeres víctimas de violencia de género a recibir plena información y
asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios que pueden
disponer las Administraciones Públicas.
Dicha información comprenderá las medidas contempladas en la Ley Integral
relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así
como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo
y recuperación integral.
Asimismo, se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con
discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información y
se articularán los medios necesarios para que aquellas que por sus circunstancias
personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la
información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho.
Cuarto.
Que el 28 de septiembre de 2017, el pleno del Congreso aprobó el Informe de la
Subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género,
que incluye medidas dirigidas al Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y
Ciudades con Estatuto de Autonomía, las Entidades Locales y la Federación Española
de Municipios y Provincias, con la finalidad de seguir impulsando políticas para la
erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. El
Pacto se articula en 10 ejes y 214 medidas, que incluyen medidas para intensificar la
asistencia y protección de las víctimas, incluidos los y las menores.
Asimismo, el 13 septiembre 2017, el pleno del Senado aprobó por unanimidad del
Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia
de género. Entre las medidas recogidas en el mismo, y a los efectos de este Convenio,
la medida número 80 se refiere a «Potenciar el Servicio de Información Telefónico».
Quinto.
Sexto.
Que, de acuerdo con las competencias que tiene atribuidas, le corresponde al
Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género, la prestación del servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en
materia de violencia de género, a través del número telefónico de marcación
abreviada 016 y del correo electrónico, en funcionamiento desde septiembre de 2007,
que garantiza el derecho a la información y asesoramiento adecuados a la situación
cve: BOE-A-2022-400
Verificable en https://www.boe.es
Que el 29 de junio de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el «Plan de Acción para
la implementación de la Agenda 2030: Hacia una estrategia española de Desarrollo
Sostenible». La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por unanimidad
por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas en septiembre de 2015, y cada
Estado miembro debe impulsar su implementación a través de los instrumentos
específicos que considere: estrategias, planes o políticas nacionales. La nueva Agenda
recoge 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas, 232 indicadores,
centrados en la persona, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, los medios para
su implementación y el mecanismo de seguimiento y revisión a escala nacional, regional
y global. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, «Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas», busca conseguir la igualdad real de
mujeres y hombres, en cuyo ámbito se enmarca la consecución de una sociedad libre de
violencia contra las mujeres. En particular, la meta 5.2 se refiere a «Eliminar todas las
formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación».
Núm. 8
Lunes 10 de enero de 2022
Sec. III. Pág. 2337
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género (en adelante, Ley Integral), reconoce, en el artículo 18, el
derecho de las mujeres víctimas de violencia de género a recibir plena información y
asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios que pueden
disponer las Administraciones Públicas.
Dicha información comprenderá las medidas contempladas en la Ley Integral
relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así
como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo
y recuperación integral.
Asimismo, se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con
discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información y
se articularán los medios necesarios para que aquellas que por sus circunstancias
personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la
información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho.
Cuarto.
Que el 28 de septiembre de 2017, el pleno del Congreso aprobó el Informe de la
Subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género,
que incluye medidas dirigidas al Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y
Ciudades con Estatuto de Autonomía, las Entidades Locales y la Federación Española
de Municipios y Provincias, con la finalidad de seguir impulsando políticas para la
erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. El
Pacto se articula en 10 ejes y 214 medidas, que incluyen medidas para intensificar la
asistencia y protección de las víctimas, incluidos los y las menores.
Asimismo, el 13 septiembre 2017, el pleno del Senado aprobó por unanimidad del
Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia
de género. Entre las medidas recogidas en el mismo, y a los efectos de este Convenio,
la medida número 80 se refiere a «Potenciar el Servicio de Información Telefónico».
Quinto.
Sexto.
Que, de acuerdo con las competencias que tiene atribuidas, le corresponde al
Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género, la prestación del servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en
materia de violencia de género, a través del número telefónico de marcación
abreviada 016 y del correo electrónico, en funcionamiento desde septiembre de 2007,
que garantiza el derecho a la información y asesoramiento adecuados a la situación
cve: BOE-A-2022-400
Verificable en https://www.boe.es
Que el 29 de junio de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el «Plan de Acción para
la implementación de la Agenda 2030: Hacia una estrategia española de Desarrollo
Sostenible». La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por unanimidad
por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas en septiembre de 2015, y cada
Estado miembro debe impulsar su implementación a través de los instrumentos
específicos que considere: estrategias, planes o políticas nacionales. La nueva Agenda
recoge 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas, 232 indicadores,
centrados en la persona, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, los medios para
su implementación y el mecanismo de seguimiento y revisión a escala nacional, regional
y global. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, «Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas», busca conseguir la igualdad real de
mujeres y hombres, en cuyo ámbito se enmarca la consecución de una sociedad libre de
violencia contra las mujeres. En particular, la meta 5.2 se refiere a «Eliminar todas las
formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación».