III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Ayudas. (BOE-A-2022-224)
Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre la programación del Fondo Social Europeo Plus, en relación con el objetivo de lucha contra la privación material.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3
Martes 4 de enero de 2022
Sec. III. Pág. 1044
En este contexto, se plantean dos opciones:
a) Opción 1: Que se destine un 3 % del tramo autonómico y otro 3 % del tramo AGE.
En este caso, cada uno de los programas FSE+ de las CC. AA. tendría que incluir,
junto con los ejes de empleo, educación e inclusión social, un eje específico de lucha
contra la privación material y dotarlo con, al menos, ese 3 %. Ese importe se haría con
cargo a su asignación en el tramo regional. La AGE, por su parte, destinaría igualmente
un 3 % de su tramo a ese eje específico.
Ventajas:
– Para las entidades encargadas de los fondos en las CC. AA. (normalmente, las
consejerías de Hacienda o de Empleo) y en la AGE (la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo, UAFSE), la gestión de ese eje específico resultaría más sencilla puesto
que formaría parte de cada uno de los programas FSE+ ya previstos.
Inconvenientes:
– Con ese 3 % de ambos tramos (regional y estatal) se cumpliría el mínimo
reglamentario, pero se estaría muy lejos de lo invertido por FEAD (316 millones en lugar
de 563 millones).
– Al estar ese porcentaje ligado a la asignación de ayuda FSE+ de los programas la
cual, a su vez, está determinada principalmente por el PIB per cápita de cada una de
las CC. AA., resulta que en Comunidad Autónoma con un considerable número de
personas en situación desfavorecida la cuantía que se destinará sería muy reducida y
solo permitiría atender a un número muy limitado de personas. Esto es así,
particularmente, en las CC. AA. más desarrolladas, que son las que tienen una dotación
más baja del FSE+.
– Si en los programas FSE+ de las CC. AA. se pretendiera aumentar el porcentaje
con el fin de alcanzar una inversión similar a la que tuvo FEAD en la respectiva
Comunidad Autónoma, ese importe se tendría que detraer de las inversiones en los
ámbitos de empleo, educación e inclusión.
– En cuanto al 3 % que tendría que gestionar la AGE, éste resultaría difícil de cubrir
teniendo en cuenta el reparto constitucional de competencias.
La dotación de ayuda europea a ese programa saldría en su totalidad del tramo AGE
de la asignación FSE+ a España y sería similar a la que ha tenido FEAD: 563 millones,
aproximadamente.
En ese programa único, intervendrían las 19 Comunidades y Ciudades Autónomas,
las cuales gestionarían directamente las actuaciones.
Cada Comunidad Autónoma tendría que aportar la cofinanciación nacional
correspondiente a su asignación (10 %).
Como ya se ha mencionado, la AGE establecería, tras trabajarlos conjuntamente y
acordarlos con las CCAA, unos criterios comunes sobre el tipo de asistencia financiable
y los métodos y actuaciones para prestarla. Estos criterios tendrían que ser observados
por todas las partes que intervengan en el programa.
Ventajas:
– No descendería el gasto en la lucha contra la privación material respecto al
realizado en FEAD y, por tanto, se podría atender a un número de personas similar,
evitando, así, dejar si asistencia a personas que venían recibiendo ayuda alimentaria
en FEAD.
cve: BOE-A-2022-224
Verificable en https://www.boe.es
b) Opción 2: Que en lugar de un eje en cada uno de los programas FSE+, se
presente a la Comisión Europea un programa único de lucha contra la privación material.
Núm. 3
Martes 4 de enero de 2022
Sec. III. Pág. 1044
En este contexto, se plantean dos opciones:
a) Opción 1: Que se destine un 3 % del tramo autonómico y otro 3 % del tramo AGE.
En este caso, cada uno de los programas FSE+ de las CC. AA. tendría que incluir,
junto con los ejes de empleo, educación e inclusión social, un eje específico de lucha
contra la privación material y dotarlo con, al menos, ese 3 %. Ese importe se haría con
cargo a su asignación en el tramo regional. La AGE, por su parte, destinaría igualmente
un 3 % de su tramo a ese eje específico.
Ventajas:
– Para las entidades encargadas de los fondos en las CC. AA. (normalmente, las
consejerías de Hacienda o de Empleo) y en la AGE (la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo, UAFSE), la gestión de ese eje específico resultaría más sencilla puesto
que formaría parte de cada uno de los programas FSE+ ya previstos.
Inconvenientes:
– Con ese 3 % de ambos tramos (regional y estatal) se cumpliría el mínimo
reglamentario, pero se estaría muy lejos de lo invertido por FEAD (316 millones en lugar
de 563 millones).
– Al estar ese porcentaje ligado a la asignación de ayuda FSE+ de los programas la
cual, a su vez, está determinada principalmente por el PIB per cápita de cada una de
las CC. AA., resulta que en Comunidad Autónoma con un considerable número de
personas en situación desfavorecida la cuantía que se destinará sería muy reducida y
solo permitiría atender a un número muy limitado de personas. Esto es así,
particularmente, en las CC. AA. más desarrolladas, que son las que tienen una dotación
más baja del FSE+.
– Si en los programas FSE+ de las CC. AA. se pretendiera aumentar el porcentaje
con el fin de alcanzar una inversión similar a la que tuvo FEAD en la respectiva
Comunidad Autónoma, ese importe se tendría que detraer de las inversiones en los
ámbitos de empleo, educación e inclusión.
– En cuanto al 3 % que tendría que gestionar la AGE, éste resultaría difícil de cubrir
teniendo en cuenta el reparto constitucional de competencias.
La dotación de ayuda europea a ese programa saldría en su totalidad del tramo AGE
de la asignación FSE+ a España y sería similar a la que ha tenido FEAD: 563 millones,
aproximadamente.
En ese programa único, intervendrían las 19 Comunidades y Ciudades Autónomas,
las cuales gestionarían directamente las actuaciones.
Cada Comunidad Autónoma tendría que aportar la cofinanciación nacional
correspondiente a su asignación (10 %).
Como ya se ha mencionado, la AGE establecería, tras trabajarlos conjuntamente y
acordarlos con las CCAA, unos criterios comunes sobre el tipo de asistencia financiable
y los métodos y actuaciones para prestarla. Estos criterios tendrían que ser observados
por todas las partes que intervengan en el programa.
Ventajas:
– No descendería el gasto en la lucha contra la privación material respecto al
realizado en FEAD y, por tanto, se podría atender a un número de personas similar,
evitando, así, dejar si asistencia a personas que venían recibiendo ayuda alimentaria
en FEAD.
cve: BOE-A-2022-224
Verificable en https://www.boe.es
b) Opción 2: Que en lugar de un eje en cada uno de los programas FSE+, se
presente a la Comisión Europea un programa único de lucha contra la privación material.
